Informe de Amnistía Internaciona: Ecuador, 2003

Informe de Amnistía Internacional: Ecuador, 2003

AMNISTIA INTERNACIONAL - AMNESTY INTERNATIONAL

Mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos fueron hostigados, intimidados y detenidos arbitrariamente. El presidente Noboa criticó públicamente el trabajo de los defensores de los derechos humanos en varias ocasiones.

República de Ecuador

Jefe del Estado y del gobierno:
Gustavo Noboa Bejarano

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos fueron amenazados, hostigados e intimidados. Aunque algunas autoridades se pronunciaron en contra de la persecución de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, éstos continuaron sufriendo detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos seguían siendo investigados y juzgados por tribunales de la policía que no eran independientes ni imparciales. La tortura y los malos tratos siguieron practicándose de forma generalizada.

Información general

A lo largo de todo el año, sindicatos y organizaciones populares —incluidas comunidades indígenas— organizaron manifestaciones para protestar por la pobreza de la gran mayoría de la población y contra la política económica del gobierno.

La construcción de un oleoducto para transportar petróleo desde la región oriental de selva tropical lluviosa hasta las refinerías de la costa pacífica alarmó a los defensores del medio ambiente y los grupos indígenas, ya que el trazado atravesaba varias zonas protegidas, entre ellas la Reserva de Bosques Nublados de Mindo Nambillo.

Existían motivos de gran preocupación sobre las repercusiones del Plan Colombia en Ecuador, especialmente en las zonas fronterizas (véase el apartado sobre Colombia). Por ejemplo, en la provincia fronteriza de Sucumbíos hubo un notable incremento de la delincuencia. El ejército respondió desplazando efectivos desde el interior hasta los puestos militares construidos recientemente a lo largo de toda la frontera del norte. Un número creciente de colombianos cruzó la frontera para escapar del recrudecimiento de la violencia en Colombia. Según estadísticas oficiales, en septiembre ya se habían presentado 3.774 solicitudes de asilo. De las 8.482 solicitudes presentadas en Ecuador entre enero de 2000 y septiembre de 2002, más del 95 por ciento eran de ciudadanos colombianos.

En septiembre, una persona resultó herida al estallar tres bombas en la ciudad de Guayaquil. Las autoridades atribuyeron el atentado a pequeños grupos armados que actuaban en el país.

Se celebraron elecciones en octubre y noviembre. El coronel retirado Lucio Gutiérrez Borbúa, candidato de la Alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik, salió triunfante y estaba previsto que tomara posesión del cargo en enero de 2003. Amnistía Internacional instó a los candidatos a situar en primera línea de su programa político la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, ninguno de los candidatos, entre ellos el presidente electo, se comprometió a respetar y proteger los derechos humanos durante su mandato.

Defensores de los derechos humanos

Mujeres y hombres dedicados a la defensa de los derechos humanos fueron hostigados, intimidados y detenidos arbitrariamente. El presidente Noboa criticó públicamente el trabajo de los defensores de los derechos humanos en varias ocasiones.

La sede de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización regional de derechos humanos, fue asaltada, y los intrusos, que ignoraron objetos valiosos a su alcance, accedieron a información confidencial y la manipularon.
En julio se detuvo sin cargos a ocho activistas del medio ambiente cuando se manifestaban ante las oficinas centrales de la empresa petrolera estadounidense Occidental en Quito. Posteriormente quedaron todos en libertad.

Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales

Aunque algunas autoridades abogaron por el fin de la discriminación contra la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, en particular de aquellas prácticas que daban lugar a graves abusos contra los derechos humanos, las autoridades continuaron ignorando muchas de las denuncias que recibían. La tortura y los malos tratos —incluido el acoso sexual— seguían utilizándose para humillar y castigar a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales detenidos.

En abril, dos adolescentes transexuales fueron presuntamente «vendidos para uso sexual» a otros reclusos por guardias del Centro de Detención Provisional de Guayaquil. En mayo, representantes del Estado para asuntos de derechos humanos y representantes de la organización no gubernamental Fundación Amigos por la Vida visitaron el centro y posteriormente solicitaron una mejora de las condiciones y la apertura de investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos sufridas por gays, lesbianas, bisexuales y transexuales detenidos.

Impunidad

Los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos seguían siendo investigados y juzgados por tribunales de la policía que no eran imparciales ni independientes. En las pocas ocasiones en que se detuvo a miembros de las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones de derechos humanos, las actuaciones avanzaron tan despacio que en muchos casos el acusado quedó en libertad provisional al cabo de un año, como establece la ley, y huyó a continuación.

Fueron habituales las intimidaciones y amenazas a las víctimas, sus familiares y los testigos de violaciones de derechos humanos tras la presentación de una denuncia, en la fase preliminar del proceso y durante el juicio.

Tortura y malos tratos

La tortura y los malos tratos a detenidos y presos siguieron practicándose de forma generalizada. Estas violaciones de derechos humanos se cometían en el momento de la detención, durante el traslado a una comisaría y en comisarías de policía, centros de detención y prisiones.

Nicolás Agustín Tiluaño Cedeño fue detenido por la policía en abril cuando viajaba a Guayaquil. Lo llevaron a la comisaría por sospecharse su pertenencia a una banda armada. Al día siguiente ingresó en un hospital, donde murió dos días después. Sus familiares informaron de que durante su detención estuvo recluido en régimen de incomunicación y, cuando fueron a verlo al hospital, tenía un brazo roto y presentaba señales de haber sido golpeado. Según informes, un tribunal de la policía de Guayaquil había emprendido una investigación.

En algunos centros de detención las condiciones constituían trato cruel, inhumano y degradante. Hubo ocasiones en que detenidos muy pobres permanecieron recluidos durante meses soportando esas condiciones al no disponer de recursos para acelerar las actuaciones judiciales para su puesta en libertad o su traslado a una prisión.

El Centro de Detención Provisional de Guayaquil albergaba a más de 350 detenidos repartidos en unas pocas celdas —cada una de las cuales contenía el triple de reclusos de su capacidad máxima— cuando fue visitado por representantes oficiales y delegados de organizaciones no gubernamentales en mayo.
Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

Orgullo y prejuicio: Es hora de romper el círculo vicioso de la impunidad por los abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (Índice AI: AMR 28/001/2002/s)