Coyuntura nacional, enero febrero 2003

Hechos políticos relevantes en el Ecuador, enero-febrero 2003

El ex coronel del Ejército Lucio Gutiérrez, elegido Presidente de la República en noviembre pasado, asumió la primera magistratura del país el 15 de enero, para los próximos cuatro años. Un contexto económico, político y social de complejas características requiere de profundidad, convicción y solidez en el equipo de Gobierno para lograr una visión de conjunto y construir una concertación social, a fin de cumplir las metas de su política de “refundar el Ecuador” y “romper esquemas”. En las primeras semanas de ejercicio del poder, son frecuentes las contradicciones, incoherencias y consiguientes rectificaciones del Presidente; éstas reflejan su inexperiencia política. Sería lamentable que, en vez de buscar el amplio consenso entre las principales fuerzas políticas en el poder y otros sectores de la sociedad para un acuerdo de gobernabilidad, se neutralice las protestas del movimiento indígena o de otras fuerzas sociales a cambio de algunos cargos burocráticos o de la aplicación de métodos clientelares. Aunque “a momentos parecería que en una sociedad en crisis e inequitativa el conflicto es el rostro real del movimiento social, su identidad”, como acertadamente escribe el analista político Javier Ponce.

El nuevo Gobierno considera que cinco temas son claves para el futuro del país: corrupción, competitividad y reactivación productiva, lucha contra la pobreza, política internacional y seguridad ciudadana. Sobre estos cinco ejes planteados por el Gobierno, más de 800 representantes de la sociedad civil (entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, entidades internacionales, sindicatos, indígenas, iglesias, cámaras y otros) analizaron estas problemáticas durante el Diálogo Nacional del 21 al 24 de enero y llegaron a unos 45 acuerdos.

Política económica del régimen no prioriza la agenda social

El nombramiento de los ministros de Economía y Gobierno, Mauricio Pozo y Mario Canessa respectivamente, y de su Embajador itinerante Guillermo Lasso, estrechamente vinculados a los sectores financieros del país, refleja el cerco y las presiones del Fondo Monetario Internacional y de las cámaras empresariales para controlar la política económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez. En la práctica, el Gobierno ha fijado un rumbo ordodoxo que profundiza el modelo neoliberal y que resulta incompatible con la política de equidad social que marcaría un cambio de lo que ha sido el manejo de los gobiernos en las últimas dos décadas.

Para enfrentar el problema de falta de liquidez de la caja fiscal subió los precios de la gasolina, a escasos cuatro días de haber asumido el mando, y las tarifas de electricidad. La estrategia para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé reducir los ingresos de los servidores públicos y las pensiones de los jubilados, mermar las inversiones de la empresa estatal de petróleo, privatizar las empresas públicas, eliminar el subsidio al gas, abaratar y “flexibilizar” la mano de obra, entre otras recetas propias de un ajuste recesivo que ponen más peso sobre la deteriorada calidad de vida de los ecuatorianos. Las estadísticas que maneja el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indican que, de los 4 millones 800 mil niños y niñas del país, más de 3 millones viven en la pobreza; esto es, que de cada 10 niños 7 son pobres; el 26% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. En los primeros meses de Gobierno el drama de la salud se ha agudizado por la carencia de recursos básicos en los hospitales públicos y la subida de los precios de las medicinas.

La negociación con el Fondo Monetario Internacional, fue llevada en un tiempo récord y se difundió como el logro inmediato del Gobierno. Según Bob Traa, jefe de la misión del FMI, en el Credit Suisse, “ el motivo del rápido acuerdo del Ecuador con el Fondo no se debió a un cambio de posición del FMI, sino a que el nuevo Gobierno adoptó medidas de ajuste aun antes de discutir el acuerdo y ha estado dispuesto a tomar medidas de reforma estructural a las que el Gobierno anterior fue renuente”. La firma de la Carta de Intención Suplementaria con el FMI posibilita el acceso a los organismos multilaterales y la aprobación de un Acuerdo “stand by” para enfrentar el grave problema de iliquidez y el desfinanciamiento. Sin embargo, cuando hay tan importantes obligaciones sociales que cumplir, ¿cómo aceptar lo pedido por el FMI de que lo que exceda a los 18 dólares por barril -precio del petróleo establecido en la proforma- sea destinado a alimentar el pago de la deuda externa? A un costo social tan alto que afecta la salud, la educación y las condiciones de vida del pueblo, el país seguirá exportando millones de dólares, pues el precio del petróleo en el mercado ya supera los 30 dólares. La carga del servicio de la deuda pública interna, debido principalmente al salvataje bancario, que en 2003 significaría una transferencia neta negativa de 397 millones de dólares, es el asunto más crítico de la proforma presupuestaria. La ejecución presupuestaria es incierta y está en abierta contradicción con los compromisos de carácter social y los adquiridos en la Carta de Intención.

El Gobierno de Gutiérrez ha enfrentado los problemas financieros, pero ha dejado de lado los profundos problemas sociales del país. Su estrategia pospone la agenda social que el país requiere y aumenta las fisuras en la alianza política con el cogobernante movimiento indígena Pachacutek, brazo político de la CONAIE, el cual optó por dar un plazo de 30 días al Gobierno para que retome los planteamientos de la campaña electoral, mientras otros movimientos indígenas y sociales exigen la derogatoria de las medidas de ajuste y rechazan las que están por venir en el marco del Acuerdo con el FMI. Los jubilados del IESS han realizado movilizaciones contra la decisión del mandatario de suspender un alza del monto de sus exiguas pensiones, que debía efectuarse en junio próximo. Los docentes de enseñanza estatal agrupados en la UNE anuncian medidas de paralización si no se pagan los salarios atrasados de sus miembros. Similares medidas han tomado los servidores públicos. Este escenario, en corto plazo, podría exacerbar la conflictividad política y social latente en el país. La agenda política –que pretende cambiar la Constitución- se muestra oscura y tampoco da confianza a los agentes económicos.

Gobierno constitucional con militares en puestos claves: el ejercicio de la democracia se debilita

La preferencia del Presidente Lucio Gutiérrez dada a sus parientes para los empleos públicos y a militares en servicio pasivo y activo ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad, aunque las autoridades competentes declaren que no existe nepotismo. El elevado número de coroneles que presiden instituciones públicas y las largas filas de gente que busca un puesto de trabajo son expresiones de la forma de asumir el Estado de este Gobierno. Hemos presenciado en estas primeras semanas de Gobierno una suerte de ocupación militar del Estado. Las designaciones apresuradas revelan desacuerdos en torno al control de fragmentos del poder. En algunos casos el nombramiento de personajes cuestionados no garantizaría una gestión transparente y podría acarrear graves problemas al régimen. Hasta ahora la “refundación” del Ecuador prometida por el Presidente Gutiérrez se ha expresado solamente por la ocupación del aparato estatal con sus hombres de confianza. Nunca ha habido un gobierno constitucional con tantos militares en puestos clave de control económico y social; aunque algunos estén en servicio pasivo ello está dando una imagen militar al Gobierno y refleja la politización de las Fuerzas Armadas. Se estima que por lo menos 30 oficiales en retiro y 2 en servicio activo han sido nombrados en cargos de importancia en el Poder Ejecutivo: ministerios, subsecretarías, presidencias de Petroecuador y del Fondo de Solidaridad (cargo importante ocupado por un ex oficial de la Policía, cuñado del mandatario) o del Consejo Nacional de Modernización y las empresas públicas de telefonía; además de varias gobernaciones, delegaciones y otros puestos. Se habla de que un ex coronel sería nombrado Embajador en Bogotá. “Poco a poco –estamos apenas en el comienzo- la administración del Estado asumirá el modelo jerárquico propio de la institución militar”, advierte un articulista de Diario Hoy. Hay el temor de que las FF.AA pasen a ser las que definan la política. La analista Berta García señala que esto “ratifica la tendencia de los militares ecuatorianos a asumir el poder político y la intención del Presidente de tener control total del Estado”. Hay que cambiar la idea de que los militares sean árbitros y garantes de la democracia; la democracia es básicamente civil y debe protegerse por sí misma; no puede ser una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. El peligro es que ellos no sólo pasen a ser árbitros sino que sean quienes definen políticas y eso elimina todos los principios de democracia, señala Simón Pachano de la FLACSO.

Dada la excesiva presencia de militares en el poder, los civiles corren el riesgo de ser relegados del manejo del estado. El conflicto surgido en el Ministerio de Educación cuando simpatizantes de Lucio Gutiérrez asaltaron el Ministerio para obligar a la Ministra a posesionar un subsecretario de las filas de la Sociedad Patriótica. En los primeros meses de Gobierno, el reparto de cargos ha producido discrepancias entre los partidos de la alianza del Gobierno, Pachacutek y la Sociedad Patriótica, que no han logrado formular una propuesta política coherente.

En el plano simbólico de ostentación de fuerza, el 23 de enero el Presidente Gutiérrez modificó las reglas y unió a militares y policías en una sola ceremonia castrense; ésta se realizó en un recinto militar, para entregar el bastón de mando al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Oswaldo Jarrín (ex subsecretario de Defensa, master en inteligencia estratégica, entre otros cargos y títulos) y a los comandantes del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea; y al de la Policía Nacional, general Edgar Vaca, conocido por ejercer una política de represión contraria al respeto de los derechos humanos y ser el mejor aliado de los gobiernos de turno que han encubierto casos graves de corrupción. El nombramiento del general Paco Urrutia, en el cargo de Inspector General de la Policía, puesto que anteriormente ocupó Edgar Vaca, cierra el círculo de la impunidad que carcome a la institución policial, pues Urrutia es otro de los oficiales cuestionados por los organismos de derechos humanos y por familiares de víctimas de la represión de los años 1984-1988. Paradójicamente el oficial Urrutia es el encargado de investigar las denuncias que se remiten a la Policía Nacional cuando sus agentes cometen atropellos a los derechos humanos o realizan actos de corrupción. Tales ascensos en la Institución son un mecanismo de impunidad claramente identificable con el que se paga la participación de estos oficiales en políticas represivas de Estado. Su presencia en la cúpula policial plantea un preocupante interrogante: ¿cuál será la política del nuevo régimen en materia de derechos humanos?, tema sobre el cual el Presidente Gutiérrez tampoco se ha pronunciado de manera clara. A estas designaciones, se sumó el nombramiento como subsecretario de Bienestar Social del Austro del mayor del Ejército, en servicio pasivo, Jorge Segovia, quien está sindicado en el proceso penal que investiga la muerte del subteniente Julio Robles (agosto 2001) durante un “bautizo militar”, proceso que se tramita en un juzgado militar. La acción pública de rechazo a la impunidad hizo que, a los pocos días, este militar en servicio pasivo renuncie a su cargo.

La seguridad ciudadana regida por militares

La mencionada ceremonia castrense de posesión de mandos de la fuerza pública sirvió de preámbulo al anuncio hecho por el Presidente Gutiérrez, pocos días después, de unificar a las Fuerzas Armadas y a la Policía para la lucha contra la delincuencia, “ante el clamor de la ciudadanía por el alto índice de inseguridad”. El Jefe del Comando Conjunto Oswaldo Jarrín y el Comandante de la Policía Edgar Vaca coordinarán acciones combinadas. El anuncio de patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ciudades y carreteras para “reforzar la seguridad ciudadana” originó el pronunciamiento del jurista Ernesto López, quien recordó al Presidente que la Constitución Política del Estado, en su artículo 183, define las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La norma señala que las FF.AA tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico; en tanto que la Policía tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos. Ernesto López señala que el Presidente tendrá que ajustarse a lo que dispone la Constitución y si su intención es sacar a las calles a los militares para que éstos patrullen conjuntamente con la Policía, está equivocado, a no ser que se haya decretado un estado de emergencia por las causales que la misma Carta Magna establece. A pesar de los cuestionamientos de inconstitucionalidad de la medida, los patrullajes conjuntos en las calles empezaron en la primera quincena de febrero.

El involucramiento de los militares en el control de la delincuencia ha sido reforzado con la reciente conformación de la Brigada de Infantería Nº 4 Cañaris, integrada por militares de reserva, ex-conscriptos y ex-soldados. Entre los cuatro ex - oficiales que integran el Estado Mayor de esta brigada de movilización contra la delincuencia está el coronel Patricio Acosta, secretario de Administración del actual Gobierno, quien fue nombrado oficial de logística y finanzas de la Brigada.

En este marco, el Gobernador del Guayas, Carlos Pólit, pidió al Ministro de Gobierno que se active el Plan Antipandilla. El término “pandilla”, en el contexto en que se lo usa, tiene una connotación política cual es la de estigmatizar a sectores juveniles de estratos populares, exagerando las conexiones entre los pandilleros y la delincuencia organizada, con el fin de desarrollar operativos de control represivo que tienden a fomentar una mayor exclusión social. Anteriores planes contra las “pandillas juveniles” han derivado en redadas de jóvenes y de violaciones a los derechos de los menores. Estas medidas son contrarias a la aplicación de una política pública integral sobre seguridad ciudadana.

Polémicas declaraciones del Presidente Gutiérrez en el ámbito internacional

“Ecuador quiere convertirse en uno de los mejores aliados de Estados Unidos”. Este es el mensaje con el cual el presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez inició su visita de cinco días a Washington y Nueva York, del del 11 al 15 de febrero. Otra declaración se refirió a la política del presidente colombiano en el sentido de que se la debe “respaldar más protagónicamente”, causando malestar en el país por las consecuencias no deseadas en un futuro inmediato. Siendo la guerra contra el “terrorismo” la línea maestra de la política exterior estadounidense, y al haber pedido el presidente Uribe de Colombia que las FARC sean asimiladas al grupo fundamentalista Al-Qaida, y que haya un “despliegue militar parecido al que se prepara contra Irak”, las polémicas declaraciones del Presidente Gutiérrez en el contexto de la firma de la Carta de Intención con el FMI y la reacción positiva de los otros organismos multilaterales de crédito, podrían ser entendidas como un “pago” a la inserción de nuestro país en la estrategia guerrerista para la región. Si se considera el sensible contexto internacional, previo a la invasión británico-estadounidense al pueblo de Irak y el inminente peligro del Plan Colombia que pende sobre Ecuador, lo expresado por el Presidente Gutiérrez contradice la vocación de paz del pueblo ecuatoriano.

En el contexto de la visita, el mandatario ecuatoriano también mencionó que las Fuerzas Armadas del Ecuador recibirán recursos militares estadounidenses. Gutiérrez se reunió con los comités y subcomités de la Cámara y el Senado de Estados Unidos, que asignan los fondos para los programas federales, entre ellos la iniciativa Regional Andina. El presidente se refirió a la aprobación necesaria que su administración dará para el inicio de “las interdicciones”. También se reunió con el Comité Antidroga de la Cámara de Representantes que promueve dentro de este organismo el aumento de recursos para los países que combaten al narcotráfico.

Una fuente del Gobierno reconoció que el deseo de Gutiérrez –convertir al país en el mejor aliado y amigo de EEUU.- “satisfizo a Condolezza Rice (asesora presidencial de Seguridad Nacional de EE.UU.) y a Colin Powell, el Canciller, quien incluso otorgó al Presidente más minutos de lo establecido en la agenda y ordenó “ponerle más atención a un país que está con nosotros.”

Una semana después de la visita del Presidente Gutiérrez a Estados Unidos, se anunciaron varias decisiones militares. El jefe del comando conjunto de las FF.AA Oswaldo Jarrín, ratificó que la Base Aérea de Manta es estratégica para la seguridad interna del país. Por ello se trasladarán los aviones desde las bases de Guayas hasta Manabí. Argumentó que desde Esmeraldas sale el patrullaje aéreo; desde Manta los aviones ganarían entre 30 y 40 minutos de vuelo para llegar a la frontera y realizar el patrullaje aéreo destinado a impedir el ingreso de irregulares colombianos y de narcotraficantes. También se dijo que se aplicará un plan operativo conjunto entre las fuerzas naval y aérea para dar seguridad interna ante la posible incursión de grupos armados.

La presión del jefe del Comando sur del ejército de Estados Unidos para que Ecuador suscriba un convenio de interdicción marítima que le permita ejecutar un programa de interceptación de embarcaciones en aguas soberanas de Ecuador (que en más de una ocasión ha sido hecha en forma ilegal) y las veladas alusiones a negociaciones militares con nuestro país para permitir a los buques de guerra estadounidenses permanecer en aguas ecuatorianas en forma permanente y realizar las acciones de interdicción marítima, significarían una ampliación del convenio que cedió la Base y parte del puerto de Manta a las fuerzas armadas estadounidenses, lo cual pone en peligro la neutralidad ecuatoriana frente al conflicto de Colombia. Sobre tan delicado tema se mantiene un preocupante hermetismo, similar al que precedió a la entrega de la Base de Manta en 1999.

Pero el mandatario ecuatoriano también fue a Estados Unidos a promover inversiones y a buscar apoyo para desarrollar la industria petrolera del país. En un contexto de inminente guerra en Irak y ante la crisis en Venezuela, el petróleo se convierte en una carta esencial para el mandatario ecuatoriano. “Ecuador quiere ofrecer a Estados Unidos un permanente flujo petrolero si las dificultades internacionales se acentúan”, dijo en una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Señaló además que su país está listo para recibir más inversiones petroleras de empresas estadounidenses. “Les invitamos a pasar por Ecuador a los inversionistas norteamericanos en el sector petrolero porque nosotros no podemos explotar esos recursos por nuestra propia cuenta”, explicó el mandatario. (“Ecuador, el aliado de EE.UU.” Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Washington).

Atropello a derechos colectivos

La presencia de empresas petroleras en territorios de la comunidad kichwa Sarayacu, provincia de Pastaza, en enero, derivó en el agudizamiento de conflictos: retención de trabajadores de las petroleras, disputas entre comuneros, detención de cuatro dirigentes indígenas opuestos a las actividades de transnacionales petroleras en la zona y a la apertura de nuevos campos. En octubre de 2002 el pueblo de Sarayacu declaró su territorio en emergencia debido a la presencia, sin haber consultado a las comunidades, de la Compañía General de Combustibles, CGC y Chevron Texaco en el Bloque 23, lo cual ha trastocado la vida de las comunidades. Los pueblos achuar y shuar agrupados en sus federaciones, también se oponen a la exploración petrolera en los bloques 23 y 24 en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. “Se deberá garantizar y respetar la decisión de las comunidades que no quieren por ningún motivo que ingresen las petroleras, afirman sus dirigentes. En las zonas petroleras el desplazamiento y patrullaje de militares aumentan.

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.
Estela Garzón.
Abril de 2003