Actualidad nacional - Septiembre, 2002

SUCESOS RELIEVANTES OCURRIDOS EN EL ECUADOR

FMI dilata la firma del Acuerdo

Después de casi nueve meses de negociaciones y a escasos tres meses de terminarse la gestión del actual Gobierno, aumenta la duda de alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita acceder al crédito y obtener el aval de este organismo internacional antes del 20 de octubre, fecha de la primera vuelta electoral en Ecuador. Para Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal, "si el país no consigue el aval del FMI no tendrá los desembolsos del BID y el BM para hacer frente a las amortizaciones de la deuda pública, por ende, el ajuste será más fuerte".

El Gobierno del presidente Gustavo Noboa ha acumulado graves faltas en el manejo de la economía, una de éstas de orden ético: el despilfarro de los recursos presupuestarios por parte del ex ministro C.J. Emanuel, lo cual determinó que los egresos se disparen. La caída del ministro detuvo, además, las negociaciones con el Fondo.

El portavoz del FMI, Thomas Dawson, advirtió que el Ecuador aún debe finiquitar varios temas antes de acceder a un crédito stand by de US$ 240 millones. Dawson dijo que el Ecuador ha realizado progresos en los objetivos fiscales del 2002 y 2003, pero el Gobierno debe controlar la Ley de Salarios y definir futuras reformas en provincias.

A fines de septiembre, en una carta pública dirigida al presidente Noboa, cuatro expertos económicos expresaron su preocupación por el momento económico que vive el país. Los expertos estiman prioritario concretar un acuerdo con el FMI para "dar una clara señal de seguridad económica a los mercados nacionales e internacionales". Quienes suscriben la carta creen que sustentar la economía y el presupuesto del 2003 en un precio del barril de crudo de USD 22 es peligroso, debido a que la situación petrolera y económica mundial es volátil; sería un grave riesgo apuntalar las finanzas públicas sobre este elevado precio del petróleo. Una eventual caída del precio del crudo afectaría a las cuentas externas y a la balanza de pagos, advierten los expertos.

El actual Gobierno, aunque ha tenido ventajas como la dolarización, los precios altos del petróleo y las remesas de los emigrantes, deja una economía en condiciones de precariedad, con el índice de "riesgo país" en niveles muy altos, y con enormes dudas respecto de la sostenibilidad de la dolarización. Existe inquietud respecto del ejercicio 2003, por el nuevo gobierno. La economía está seriamente limitada por el endeudamiento público y el elevado servicio de la deuda, y condicionada por un nivel de competitividad muy bajo. Al próximo mandatario le resultará ineludible enfrentar escollos como deterioro del aparato productivo, desequilibrio en el comercio exterior, déficit fiscal, desconfianza en el sistema financiero y caída de la inversión extranjera.

A fines de septiembre, si las negociaciones no registran avances positivos en el corto lapso que le queda al actual Gobierno, los analistas económicos advierten, con temor, que conforme pasa el tiempo, la condicionalidad del ajuste será mayor; igualmente ponen en duda la conveniencia del acuerdo, puesto que la condicionalidad incluiría la devolución de una parte del IVA a empresas petroleras norteamericanas. De los $240 millones que recibirá el Ecuador, más de la mitad, seguramente, saldrá como pagos. Para generar los ingresos que el Presupuesto del 2003 incluye, por estar siendo estructurado bajo la condicionalidad del FMI, el nuevo Presidente tendrá que imponer un paquete de medidas económicas duras e impopulares: ajuste de tarifas de los servicios a precios reales, la reducción de subsidios para el gas y aumento de precios de los otros combustibles, lo cual agravará aún más la precaria situación económica de la mayoría de la población ecuatoriana.

Pobreza e inequidad en cifras

Según las estimaciones de UNICEF, el empobrecimiento de los ecuatorianos se hace más evidente en los sectores más deprimidos de la sociedad como los urbano marginales y los rurales, donde los niveles de pobreza llegan al 77 y 45 %, respectivamente:

- Cuatro de cada 10 ecuatorianos tienen ingresos diarios inferiores a dos dólares, y dos de cada diez tienen ingresos inferiores a un dólar. Además sólo un 25% de la población puede acceder a la canasta familiar, el 33% ha limitado su acceso a servicios de salud y un promedio del 30% no satisface la mayoría de sus necesidades básicas, dice UNICEF.

- La concentración de la riqueza llega a extremos hirientes: el 10% más rico de la población recibe el 42,5% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo cuenta con un 0,6%.

- El país no cumple con el mejoramiento de los índices de educación, salud y nutrición, aspectos que Naciones Unidas considera indispensables para reducir las tasas de pobreza en cualquier Estado.

- El Ecuador, al momento tampoco cuenta con un mecanismo efectivo de protección social. Los programas existentes, así como los sistemas de educación y salud tienen una limitada capacidad de respuesta.

Gobierno de EEUU excluye a Ecuador de beneficios comerciales

El Gobierno de los Estados Unidos negó al Ecuador la elegibilidad para acceder a los nuevos beneficios que otorga el Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, ATPDEA, que entrará en vigencia desde el 1 de octubre. Con ello, Ecuador quedó excluido de las ventajas arancelarias que otorga el ATPDEA. La decisión del Gobierno de Estados Unidos es un duro golpe para el sector productivo del país. Centenares de productos ecuatorianos no serán beneficiados con la exoneración del pago de aranceles y no se podrán colocar en el mercado norteamericano, en las mismas condiciones que lo harán Colombia, Perú y Bolivia, países que sí fueron "calificados".

El ATPDEA se sustenta en la lucha contra la droga y el narcotráfico. Ecuador es el único país que mermó su soberanía, al conceder la base militar de Manta a Washington para el exclusivo fin del control al tráfico internacional de droga y en consecuencia se involucró en el Plan Colombia y la guerra de contrainsurgencia contra la guerrilla colombiana. Resulta paradójico que haya sido excluido de los beneficios comerciales del ATPDEA.

Fórmulas planteadas por petroleras norteamericanas perjudican al Estado ecuatoriano

Un tema ajeno al fundamento del ATPDEA ha sido usado como el principal argumento para explicar la exclusión de Ecuador de las preferencias arancelarias ampliadas: el conflicto surgido en materia tributaria con las empresas norteamericanas que explotan petróleo nacional.

El Servicio de Rentas Internas (SRI), ha ratificado su posición de no devolver dos veces el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a las petroleras privadas por su actividad de exportación del crudo. La directora del SRI, Elsa de Mena, sostiene que las empresas petroleras ya incluyeron el costo del IVA que gastan en sus adquisiciones de bienes y servicios para su actividad en los volúmenes de crudo que negociaron con Petroecuador en los contratos de participación ahora vigentes. Por ello no cabe restituir el impuesto dos veces, ya que está cubierto en la cantidad de crudo que obtienen del subsuelo nacional. Según las petroleras norteamericanas, están en juego $180 millones, mientras que Elsa de Mena asevera que solo significarían $60 millones. Además, el problema ha servido de pretexto para que las petroleras escondan los verdaderos motivos de no haber invertido lo que estaban obligadas por sus contratos. Los juicios de las petroleras por la devolución del IVA se sustancian en los tribunales fiscales y todos están en la etapa de prueba; la primera sentencia se espera para inicios del próximo año. Las presiones del Gobierno de los Estados Unidos sobre la urgente devolución del IVA a las petroleras a cambio de no perder los beneficios del ATPADEA no doblegaron la firme posición de la autoridad tributaria, quien respondió que ella no es juez y que la resolución definitiva del caso dará los tribunales. Para debilitar la posición del SRI, compañías petroleras proponen un arbitraje de rápida ejecución que dé resultados antes de fin de año, sin esperar el fallo de los tribunales fiscales que sustancian el litigio en contra del SRI.

"El tiburón y las sardinas en la pecera del ALCA"

La cercanía a la próxima reunión de ministros y el VII Foro Empresarial del ALCA que se realizarán a fines de octubre y principios de noviembre en Quito, para una nueva ronda de negociaciones, intensifica las actividades a favor y en contra del proceso de mayor liberación comercial emprendido en el continente. A pesar de que el Gobierno mantiene la posición de que el Ecuador formará parte del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), varias organizaciones sociales, indígenas, ecologistas, de derechos humanos cuestionan al proyecto estratégico de los Estados Unidos por las desventajas comerciales y las repercusiones que se derivarán para la economía nacional. Además, por el peso de la motivación político-militar que pone en alto riesgo la paz de la región. "Estamos en contra del ALCA y mantendremos esa posición porque creemos que el Acuerdo no es beneficioso para nuestros pueblos y el país. Resulta ilógico pensar que EE.UU pide apertura de mercados al tiempo que impone trabas al acceso de nuestros productos con preferencias arancelarias", señaló el dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras (FENOCIN).

Durante 18 meses, Ecuador presidió el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC.). Su canciller Heinz Moeller, dada la estrecha relación con la política del Gobierno norteamericano, será imposible que defienda adecuadamente los intereses del país y latinoamericanos. Para la reunión ministerial de octubre, se deberá cumplir con la presentación de un nuevo borrador del acuerdo. Según el calendario fijado en la "Declaración de Principios de Miami" (1994), las negociaciones concluirán en enero de 2005, año en el que tal acuerdo entrará en vigencia en el continente. Participarán los 34 países miembros de la OEA.

El ALCA entraña imponer el libre flujo de capitales entre la poderosa economía de EE.UU y las economías subdesarrolladas, dispersas y endeudadas de América Latina y El Caribe. El proceso de creación del ALCA suscita fuertes críticas en contra del propósito de continentalización económica basado en un "mercado libre" que no solucionará las inequidades existentes en América Latina. "Cada vez está más clara la idea de que el ALCA se parece a una gran pecera donde convivirán algunos tiburones con decenas de sardinas", opinan Marisol Yépez y Leisa Sánchez de la revista Gestión (septiembre de 2002.)

Uno de los temas por discutir en este proceso de negociación del ALCA es la consecución de tratamiento especial y diferenciado (TED.) El Gobierno ecuatoriano busca que el TED, que se estableció en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sea por lo menos mejorado y perfeccionado dentro del futuro acuerdo del ALCA, pues se deben incluir las adaptaciones propias de la realidad de cada país americano. La Cancillería menciona que Ecuador debe velar porque los derechos de las economías más pequeñas sean tomados en consideración, a fin de que todas las naciones participantes en el ALCA puedan aprovechar las ventajas que el proceso ofrece. Sin embargo, el tema de Economías más Pequeñas no está en el ámbito de los nueve Grupos de Negociación (GN), sino únicamente como un Grupo Consultivo (GC.) Aún no se han establecido los parámetros que permitan definir qué es una pequeña economía, tampoco la clasificación de los diversos países. En igual forma, no existen medidas específicas que se podrían acordar para cumplir con esta aspiración que cruza todos los capítulos de la negociación del ALCA, señala la revista Gestión.

Entender qué es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, cuáles son las implicaciones que tiene y cómo nos veremos afectados por el mismo, qué alternativas se están proponiendo; son algunas de las inquietudes que se discuten en diferentes foros, encuentros y actividades programadas por diferentes organizaciones sociales del país, en el marco de la Campaña Continental contra el ALCA que, a partir de la primera semana de septiembre inició una nueva fase de intensificación de sus actividades. A mediados de septiembre, en la ciudad de Cuenca, se realizó la II Convención Nacional contra el ALCA.

Octubre será un mes de movilización, con dos momentos importantes: el uno, en torno al 12 de octubre, con ocasión del Grito de los Excluidos/as Continental que tendrá como tema central la lucha contra el ALCA. El otro, del 27 de octubre al 1 de noviembre, con las Jornadas de Resistencia Continental, cuyo centro será en Quito, en paralelo a la reunión del Encuentro Ministerial del ALCA.

Encuentro Continental: "OTRA AMÉRICA ES POSIBLE"

El encuentro "Otra América es Posible" a realizarse en Quito, entre el 28 y 30 de octubre, será un "espacio de ampliación del conocimiento, desarrollo de enfoques críticos, intercambio sobre propuestas y estrategias alternativas y visibilización de las resistencias al ALCA". Su objetivo es discutir temas que tendrán como ejes transversales: género, derechos humanos, diversidad y pluralidad. El Encuentro tendrá espacios de conferencias sobre el marco más general en que está inserta la negociación del ALCA y el debate de alternativas. Sus contenidos abordan temas como la militarización del continente americano; deuda externa, crisis económicas y financieras en las Américas; y ALCA versus alternativa para las Américas. Los paneles programados en el Encuentro sobre los ejes temáticos tienen el propósito de discutir el tratado en sí y sus impactos, así como las estrategias de los movimientos sociales.

Reanudación de las fumigaciones aéreas en la frontera Colombo-ecuatoriana afecta a campesinos de la región

A inicios de septiembre, el régimen del Presidente colombiano Alvaro Uribe reinició las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca en la zona de selva del sur de Colombia, suspendidas en los últimos meses de gobierno de Andrés Pastrana. La aspersión del glifosato que se realiza junto al río San Miguel (Departamento de Putumayo), cerca de la frontera con Ecuador, emprendida por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos a nombre de la lucha antidroga, está causando una grave situación social "próxima a un desastre humanitario", según afirma una maestra de escuela de la zona fronteriza. Los pocos médicos que se acercan a la zona afectada por las fumigaciones aéreas informan que los niños padecen de males respiratorios y cutáneos; que los animales se están muriendo por falta de pastos y la contaminación del agua; que los cultivos de yuca, maíz, plátano y cítricos fueron arrasados por las fumigaciones y que el hambre se cierne sobre cientos de campesinos, cocaleros y no cocaleros.

Los campesinos ecuatorianos de la provincia de Sucumbíos afectados por las fumigaciones, denuncian que han sufrido cuantiosas pérdidas como consecuencia de la caída del glifosato sobre sus fincas. El acuerdo de no fumigar a menos de 10 kilómetros de la frontera del Ecuador no se cumple. Víctor Mestanza afirmó que las fumigaciones colombianas a los cultivos de coca y amapola se efectúan a una distancia de solo 200 metros del Río San Miguel y por tanto las corrientes de viento hacen que estas fumigaciones también lleguen a fincas ecuatorianas. Decenas de campesinos que habitan en las parroquias General Farfán, Pacayacu y Putumayo lamentan la pérdida de sus cultivos; además las fumigaciones acabaron con proyectos de cría de peces en piscinas cercanas al río y cría de pollos. Los finqueros ecuatorianos agrupados en el Comité de Defensa del Cordón Fronterizo presentarán su denuncia ante la Cancillería ecuatoriana y ante la Defensoría del Pueblo nacional, para que estos a su vez presenten un reclamo diplomático y legal al Gobierno colombiano.

"La justicia internacional es universal"

La noticia de que el subsecretario de Estado para América Latina Otto Reich planteó al Ecuador la petición de eximir a los ciudadanos norteamericanos de la Corte Penal Internacional, otorgándoles inmunidad por posibles crímenes de guerra, causó reacciones en contra de la propuesta del personero de los Estados Unidos. El Ecuador se adhirió a la CPI, la primera instancia jurídica permanente para juzgar crímenes contra la humanidad, sin reservas. El jurista internacional Julio Prado Vallejo, opina: "Un país respetuoso de los derechos humanos no puede de ninguna manera aceptar el que, en razón de la nacionalidad de quienes hayan cometido esos delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional no tenga competencia para sancionarlos. Si esto fuera aceptado por razones de tipo político el avance que se ha conseguido en el mundo después de tantos años de discusiones y esfuerzos para crear la Corte Penal Internacional sufriría un grave menoscabo. No es ésta la forma de resolver los problemas internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. No parece justificarse el que se elimine la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para ningún Estado porque la norma internacional es general y no puede haber excepciones. En consecuencia, considero que el Ecuador y los demás países no deberían restringir la competencia de la Corte Penal Internacional en ningún caso porque implicaría un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos."

Observadores internacionales vigilarán proceso electoral

Siete organismos internacionales han comprometido su presencia para vigilar y prestar asesoramiento en el proceso electoral que se realizará el 20 de octubre próximo, en el que se elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, diputados, parlamentarios andinos, concejales y consejeros. En el país ya se encuentra una delegación de la Unión Europea (UE) y está prevista la presencia de: La Federación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través del Centro de asesoramiento y promoción electoral (IIDH-CAPEL) de Costa Rica, el Instituto Republicano Internacional USAID-IRI, de los EE.UU., la Asociación Internacional Democrática (AID), también de EE.UU., la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Andino.

Baja votación de candidatos y debilitamiento de los partidos, según resultados de encuestas electorales

La cercanía de las elecciones plantea algunos interrogantes a los analistas políticos que siguen con mayor atención el proceso electoral. Simón Pachano de la FLACSO señala que en dos aspectos coinciden las encuestas electorales ya silenciadas por absurda disposición que impide a la mayor parte de los ciudadanos conocer sus resultados, veinte días antes de la elección. En primer lugar, en la baja votación que obtendría cada uno de los candidatos, incluso los dos que hasta el momento ocupan los primeros lugares. Lo usual en contiendas anteriores (excepto en 1988) ha sido que el paso a la segunda vuelta se logre con votaciones muy superiores al 25%, mientras que ahora cada uno de los dos finalistas apenas bordearía el 20%. En segundo lugar, en la debilidad de los candidatos de los partidos políticos que, con excepción de Izquierda Democrática, apenas obtendrían la mitad o la tercera parte de la votación que han venido recibiendo en elecciones anteriores. Si estas tendencias se confirman, estaríamos frente a un proceso muy particular, del que derivarían problemas de difícil solución. La baja votación que obtendrían los candidatos para pasar a la segunda vuelta podría traducirse en escasa legitimidad y en serias dificultades a la hora de gobernar. Simón Pachano recuerda que la única votación propia y de carácter positivo de un candidato es la que obtiene en la primera vuelta, la de la segunda produce un espejismo de mayoría gracias al voto en contra del otro. De ahí que la fuerza del futuro gobernante dependerá básicamente de lo que obtenga el 20 de octubre. Por eso es que las bajas votaciones que muestran las encuestas aun después de su prohibición no auguran nada bueno. Tan preocupante como eso es el efecto que se puede desprender de la debilidad de los partidos políticos. Si la votación de los candidatos partidistas alcanza los niveles que señalan las encuestas, estas elecciones podrían constituirse en el inicio del fin del frágil sistema de partidos. Perú y Venezuela son espejos cercanos que sirven para mirar y comprender los problemas que se derivan de situaciones de esta naturaleza, con toda la secuela de autoritarismo, mesianismo, corrupción, inestabilidad e ingobernabilidad.

Parlamentarios andinos se eligirán en los próximos sufragios electorales

El próximo 20 de octubre, los ecuatorianos elegirán por primera vez a cinco parlamentarios andinos que representarán al Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada además por Colombia, Perú Venezuela y Bolivia. El Parlamento Andino, instituido en 1979, es considerado como el órgano representante de los países de la CAN y debe estar constituido por parlamentarios de los cinco países, elegidos por sufragio directo. Ecuador es el segundo país que elige a sus representantes; el primero que lo hizo fue Venezuela en 1988 y se espera que Perú, Bolivia y Colombia lo hagan el próximo año. Desde que el Ecuador se adhirió al Parlamento Andino en 1984, a los representantes nacionales los han designado los presidentes del Legislativo.



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