Xavier Caño Tamayo, Agencia de Información Solidaria (AIS).España, enero del 2003.
En EEUU, la victoria republicana ha permitido a Bush crear el Departamento de Seguridad Interior, un superministerio de proporciones colosales, atribuciones difusas y objetivos poco claros, con presupuesto anual de 40.000 millones de dólares y 170.000 empleados. El objetivo confesado del nuevo superministerio es analizar las amenazas, proteger las fronteras y aeropuertos y coordinar la respuesta de la nación a emergencias futuras. El propio Bush lo justifica diciendo que "el frente de esta nueva guerra está aquí, en América". Nueve senadores demócratas votaron en contra de la ley que creaba el superministerio por "erosionar seriamente derechos humanos" y los senadores demócratas que lo aprobaron, dijeron que tuvieron que "taparse la nariz".
En la Rusia de Putin, amparada bajo el confuso paraguas de "lucha contra el terrorismo internacional", han sido expulsados de Chechenia los inspectores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entidad a la que el Gobierno ruso acusa de "falta de comprensión". La OSCE intentaba mediar en el conflicto, proponía buscar una solución política y había criticado el excesivo uso de fuerza militar y denunciado graves abusos del Ejército ruso contra civiles chechenos.
En Colombia, Amnistía Internacional ha confirmado sus temores sobre los planes del presidente Álvaro Uribe tras una visita de varios días de una delegación de la ONG: hay impunidad para las violaciones de derechos cometidas por fuerzas armadas y sus aliados paramilitares. También denuncia el desatino de atribuir facultades de policía judicial al ejército, mientras continúan los ataques a sedes y miembros de organizaciones colombianas de derechos humanos, y brilla por su ausencia la investigación y actuaciones para esclarecer las numerosas violaciones de derechos por parte de fuerzas de seguridad.
En Europa, Aznar, presidente del Gobierno español, necesitado de un lavado político de cara tras la evidente incompetencia en la catástrofe ecológica del petrolero Prestige, se propone llenar las cárceles de presos preventivos acusados de delitos menores (robos con tirón, robos de móviles, carteristas), sabedor de que satisfará los miedos irreflexivos de una parte considerable del electorado. Lo que menos importa es tener en cuenta los derechos humanos, no ya de los presuntos delincuentes sino de los ciudadanos que pueden sufrir tarde o temprano las consecuencias de una legislación represiva.
Estas tres actuaciones se inscriben en la nefasta actuación de la derecha más rancia e irracional de la historia: la que acentúa el papel represor del Estado. En tiempos en que los neoliberales rampantes vocean que cuanto menos Estado, mejor, los dirigentes políticos que proclaman y avalan el dogma neoliberal, hacen la amplia excepción y aumentan el Estado, pero sólo para el castigo.
Bush, Uribe, Putin, Aznar y tantos otros olvidan que, como recuerda Amnistía Internacional, la auténtica política de seguridad es la que defiende y garantiza los derechos humanos. Es más difícil, quizás más costoso, y exige mucho trabajo y dedicación, pero es la única. Y no deja de ser una trampa grosera pretender que la seguridad de los ciudadanos pase por reducir sus derechos en nombre de la eficacia. Sobre todo cuando no se ha hecho lo que se debiera para atacar a los grupos terroristas más allá de las inveteradas actuaciones de garrotazo y tente tieso. Carlos Castresana, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales de España, nos recuerda que "los atentados de Nueva York, Bali o Nairobi demuestran que la seguridad colectiva depende decisivamente del establecimiento de mayores controles que los actuales sobre la circulación de capitales, sobre todo los procedentes de los paraísos fiscales o destinados a ellos, así como sobre las transacciones de armas".
He aquí dos territorios de actuación prácticamente vírgenes en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional: el conocimiento y control de los flujos de capitales (sin los que no hay terrorismo que valga) y el del tráfico ilícito de armas. De cara a la galería, se suele rebuznar que se ha hecho tanto y cuanto en ese terreno financiero antiterrorista, pero la realidad no es esa: dieciséis meses después del atentado de Nueva York, a pesar de las estentóreas declaraciones de Bush y de sus colaboradores, apenas se han embargado 120 millones de dólares de cuentas que pueden estar realmente relacionadas con grupos terroristas. Calderilla.
A finales de 1999, 132 Estados firmaron un Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Un texto insuficiente; un conjunto de propósitos de enmienda y buenas intenciones: sólo recomienda, no obliga. Y muestra de qué pie cojea al manifestar su preocupación por que las medidas que se adopten para luchar contra las finanzas del terrorismo "de ningún modo obstaculicen la libre circulación de capitales". Con ese ánimo, el Convenio no puede ir muy lejos. No, si deja intocables dos bases esenciales de la financiación oculta del terrorismo: el secreto bancario y los paraísos fiscales.
En cuanto al tráfico ilícito de armas (que ni siquiera es delito en muchos Estados), para qué hablar. El tráfico ilícito de armas es, según nos recuerda el fiscal Castresana, generador directo de miles de muertes, a manos de terroristas o en conflictos que nunca acaban, entre otras razones, porque las naciones fabricantes de armas no quieren prescindir del beneficio económico que supone la industria de la muerte. Al final, uno tiene la sospecha de que los rancios, obsoletos e ineficaces recursos al estado represor y punitivo son también maniobras de cara a la galería porque los que los impulsan saben que no pueden ganar sin atacar las raíces: dinero y armas. Pero probablemente no les interesa. Y, desde luego, los derechos humanos les son indiferentes, aunque griten que limitan derechos en nombre de la libertad.
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