PLAN COLOMBIA Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ECUADOR

Información socio - económica de ambas naciones

Indicadores*	Colombia	Ecuador
Area	1,200,000 km2	283,600 km2
Población	41.5 millones	13 millones
Crecimiento poblacional	1.8%	1.9%
Promedio de vida	70 años	70 años
Población urbana	De 57% en 1951 a 74% en 1994	64.3%
Tipo de gobierno	República democrática	República democrática
Presidente	Andrés Pastrana, elegido en 1998	Gustavo Noboa, en el poder desde 2000
PIB	$88.6 mil millones*	$18.7 mil millones
Crecimiento Económico	3.2%	1.9%
PIB per capita	$2,250	$1,310
Productos de exportac.	Petróleo, café, carbón, bananas, flores	Petróleo, bananas, prod. del mar, café
Des/sub-empleo	19.7%	74.9%
Datos de pobreza	No está disponible	56% (1999), 3.5 millones de indigentes (El estimado para el 2001 es 70%.)
Inflación	8.75%	91%
División de la industria (% del PIB)	14.1% agricultura y minería, 24.4% industria, 61.5% finanzas y servicios	12% agricultura y minería, 32.7% industria, 55.2% finanzas y servicios
Valor actual de la deuda	$34.2 mil millones	$14.2 mil millones
Datos migratorios	Desde 1998, 600,000 colombianos han sido desplazados debido a conflictos internos (317,000 en 2000). En el año 2000, 15,000 salieron de Colombia.	En el año 2000, 300,000 personas dejaron Ecuador en busca de mejores situaciones económicas.

*Los datos obtenidos provienen del Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo y otras fuentes. Toda la información sin fecha específica es del año 2000. Todos los valores monetarios incluidos en este documento están indicados en dólares estadounidenses

Perspectiva histórica del conflicto en Colombia

Para poder entender el Plan Colombia y los eventos que llevaron a su formulación es importante tener un entendimiento básico de la historia colombiana-- especialmente la de los últimos 100 años. Un breve estudio de este periodo revela las razones por las cuales el país sufre de episodios extremos de violencia que han venido corroyendo las condiciones sociales, culturales y económicas.

Al final del siglo 19, la estabilidad económica y política de Colombia se encontraba perturbada debido a conflictos entre los dos principales partidos políticos (Conservadores y Liberales). En el periodo 1899 a 1902, el conflicto empeoró llegando a la "Guerra de los 1000 días". Esta fue una guerra, en la que murieron aproximadamente 100,000 personas y terminó en un periodo de paz temporal en el país, para luego, entre el final de 1940 y comienzos de los 50, empeorar con un número de víctimas tres veces mayor al conflicto anterior, durante el periodo conocido como "La Violencia".

El final de "La Violencia" llegó con la firma de la "Declaración de Sitges" (1958), en la cuál los partidos Conservador y Liberal acordaron gobernar juntos como parte del Frente Nacional y así mantener el poder político y económico en manos de ambos partidos. El gobierno del Frente Nacional, ayudado por la Alianza para el Progreso (un programa interamericano de asistencia económica que empezó en los años 1960s), implemento reformas sociales, políticas y económicas, estableció un sistema político bipartidista y elaboró una nueva constitución.

Desafortunadamente, los problemas del país no lograron solucionarse con el gobierno establecido y la injusticia social continuo afectando a las clases económicas media y baja. La insatisfacción social comenzó a manifestarse con el establecimiento y crecimiento de grupos guerrilleros formados por ideólogos liberales y comunistas y por la población en general. Entre 1964 y 1970, los grupos se consolidaron con la formación de cuatro grupos guerrilleros: "Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC), "El Ejército de Liberación Nacional" (ELN), "El Ejército Popular de Liberación" (EPL) y el "M-19" ("Movimiento 19 de Abril", el que años después se convirtió en partido político). La violencia en Colombia se incrementó con la movilización del gobierno colombiano, ayudado por los EEUU, contra estos grupos.

Durante una caída de la economía al final de 1970, los ataques guerrilleros aumentaron y el gobierno colombiano aprobó nuevas leyes que dieron mayor libertad al ejército para contrarrestarlos, dando paso a una ola generalizada de represión en el país. Desaparecidos, tortura y asesinatos políticos se hicieron comunes.

Entre 1980 y 1982, varios grupos guerrilleros participaron en secuestros y asesinatos de importantes y pudientes ciudadanos colombianos, así como en el asalto de 1980 de la Embajada de la República Dominicana. Entre 1982 y 1984, un grupo de ciudadanos, con influencia económica y política, cuyas familias habían sido victimadas por grupos guerrilleros, decidieron tomar la ley en sus propias manos y formaron grupos contra-insurgentes, que fueron conocidos como fuerzas paramilitares. Entre los grupos paramilitares originales estaban "Muerte a los Secuestradores" (MAS) y "Autodefensas Campesinas de Córdova y Urabá" (ACCU). En el presente, la organización paramilitar nacional, dirigida por Carlos Castaño, es llamada "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC).

El origen oficial de los grupos paramilitares proviene de los años sesenta cuando el gobierno colombiano legalizó el armamentismo civil como forma de contrarrestar las acciones guerrilleras. Ahora bien, en 1989, el gobierno ilegalizó a los grupos paramilitares y, ineficientemente, trató de desarmarlos. Los grupos paramilitares crecieron con el apoyo de ciudadanos potentados, la industria de la droga y la ayuda no oficial y cooperación del ejército colombiano, quienes los consideraron como colaboradores en la lucha anti- guerrillera.

Los tres grupos armados en Colombia -paramilitares, guerrillas y ejército nacional- son responsables, ya sea directa o indirectamente, de miles de violaciones a los derechos humanos cada año, y del aumento de las mismas. Hace 10 años, se reportaron 100 secuestros en Colombia; el último año, se reportaron 3706 casos, de acuerdo a "País Libre" -una organización colombiana de derechos humanos-. Se estima que los grupos guerrilleros llevan a cabo el 75% de los secuestros mientras el 10% son cometidos por grupos paramilitares. Sin embargo, el 80% de todas las violaciones a los derechos humanos en el año 2000 fueron atribuidos a grupos paramilitares (mayormente muertes y desplazados), quienes suelen trabajar en colaboración con el ejército nacional. En la última década, los paramilitares fueron responsables de un estimado de 35000 muertes, muchas de las cuales se realizaron en forma de masacres colectivas. Desafortunadamente, han fracasado varios intentos de terminar con la violencia a través de negociación y firma de acuerdos de paz con las guerrillas y con los paramilitares.

El tráfico de droga colombiana tiene 40 años de historia. Como en la mayoría de países latinoamericanos, la producción de drogas en Colombia viene de épocas pre-coloniales cuando las plantas autóctonas eran utilizadas en ceremonias tradicionales y para propósitos medicinales. Con la explosión del uso ilegal de drogas en los EEUU y Europa en los años 60 y 70, inversión local e internacional estimularon la producción de grandes cantidades de estupefacientes para el consumo en Norte América y Europa. Frente al crecimiento de esta industria, el gobierno colombiano, con el apoyo de otros países, empezó la estrategia de lucha anti-drogas, a lo cual, los traficantes respondieron con la estrategia de "carteles", lo que les ayudó a consolidar su poder.

Durante los años 80 y principios de los 90, los carteles fueron responsables de innumerables asesinatos y violentos ataques contra el gobierno, ciudadanos colombianos y de múltiples arremetidas contra carteles rivales.Mientras la influencia de la droga se infiltraba en esferas políticas, sociales, culturales y económicas de la sociedad, los carteles de la droga empezaron a financiar a grupos paramilitares y guerrilleros, a apoyar a políticos y a importantes grupos de liderazgo en Colombia.

A través de los años, el conflicto y la violencia se ha expandido en la región. La lucha de la guerrilla, los paramilitares y el ejército nacional se ha vuelto parte de la realidad de países como Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia mientras su influencia se ha expandido en la región. Desafortunadamente, son los ciudadanos colombianos, y los de los países vecinos, los que más sufren por el conflicto: extrema pobreza, desplazados, destrucción de cultivos, abusos de poder e, incluso, la muerte son solo algunas de las consecuencias que les toca enfrentar.

Plan Colombia – Definición y presupuesto

A través de los años, han habido innumerables intentos para terminar con la violencia y el tráfico de drogas en Colombia. El último intento es una propuesta diseñada por la administración del Presidente Pastrana en 1999 llamada Plan Colombia. Oficialmente, un plan comprensivo de paz, prosperidad y consolidación del estado.

En 1999, el Presidente Pastrana visitó los EEUU tratando de obtener apoyo para su propuesta. En julio del 2000, el Presidente estadounidense Bill Clinton convirtió en ley una contribución de $1.3 mil millones para el Plan y, en marzo del 2001, el reciente elegido presidente Bush y otros miembros del Congreso estadounidense anunciaron su intención de regionalizar el Plan e incrementar su presupuesto.

El Plan incluye 10 estrategias (económica, fiscal y financiera, militar, judicial y derechos humanos, contra narcóticos, desarrollo alternativo, participación social, desarrollo humano, proceso de paz y asuntos internacionales) destinadas a cubrir con todos los aspectos del problema que Colombia enfrenta. Estas estrategias incluyen acciones para estabilizar la economía, promover el comercio y la inversión, parar la industria de estupefacientes al nivel de producción y de tráfico, reformas del sistema judicial, promoción de la democracia y desarrollo social y, el expandir el proceso de paz en general.

El presupuesto total del Plan es de $7.5 miles de millones, de los cuales el gobierno colombiano se comprometió a cubrir con $4 mil millones, los EEUU con $1.3 miles de millones, y la Unión Europea y otros países con $2.2 mil millones. Hasta la presente fecha, no se ha podido conseguir todo el financiamiento. En octubre del 2000, la Unión Europea aprobó una contribución de solamente $250 millones y otras naciones como Japón solamente aprobaron apoyos en forma de prestamos. Adicionalmente, Colombia no ha podido financiar los $4 mil millones que habían presupuestado para el Plan.

Del dinero comprometido por los EEUU $860.3 millones están destinados para Colombia, $180 millones para apoyar a otros países y $223.5 millones para aumentar el presupuesto de agencias estadounidenses en la región. De los $860.3 millones asignados a Colombia, $687.3 millones están destinados a la asistencia militar y policial, $68.5 millones para desarrollo alternativo, $51 millones para derechos humanos, $37.5 millones para apoyo a los desplazados, $13 millones para reformas judiciales y, $3 millones para el proceso de paz.

Hasta el momento, la mayor parte del dinero comprometido por los EEUU para el Plan Colombia ha sido destinado a la ofensiva militar de la región sur del país. El dinero comprometido para los países limítrofes con Colombia haciende a los $180 millones de los cuales $32 millones ha sido destinado a Perú, $110 millones a Bolivia, $20 millones a Ecuador y, $18 millones a los otros países de la región; y, de estos $180 millones, $87 millones han sido destinados para actividades militares anti-narcóticos. Sumándose a esto, el gobierno estadounidense ha obtenido permiso para instalar una base militar de avanzada en el puerto de Manta. La base, aún cuando oficialmente no es parte del Plan Colombia, tiene como propósito el llevar a cabo actividades de vigilancia del cultivo y tráfico de drogas especialmente en Colombia, Perú, Bolivia y el Caribe.

Plan Colombia - Consecuencias en el Ecuador

El Plan Colombia está destinado a erradicar el cultivo de estupefacientes, paralizar la violencia y mejorar los niveles socioeconómicos de Colombia pero, las consecuencias del Plan Colombia no están limitados a los límites nacionales. Cuatro de las naciones que limitan con Colombia ya tienen repercusiones en sus propios territorios y han reaccionado de varias maneras al Plan. Las dos naciones que han apoyado abiertamente a la propuesta son Perú, luego de la salida del Presidente Fujimori y la designación de un Primer Ministro interino, y Ecuador. Venezuela y Brasil han aclarado que su intención es no apoyar a la iniciativa.

El Ecuador es el país que enfrenta el mayor peligro con el aumento de las fumigaciones a las plantaciones de coca y de la violencia en la región sur del Putumayo Colombiano. Las principales consecuencias para el Ecuador debido al avance de las fuerzas militares en el sur de Colombia son el arribo de cientos de refugiados, la expansión de la violencia y la posibilidad del cultivo y procesamiento de coca en territorio ecuatoriano. Estos son problemas que podrían destruir cualquier nación, pero Ecuador en su débil y vulnerable condición social, económica y política es especialmente susceptible a las consecuencias negativas del Plan.

Los efectos de las crisis y el deterioro social han sido profundos. Los niveles de sub y desempleo llegaron a un 74.9% en 2000, el nivel de inflación subió hasta un 91% en el mismo año y la deuda externa alcanzó los $14.2 miles de millones. Medidas económicas en Ecuador son impuestas periódicamente a la población para mantener las regulaciones de las agencias económicas internacionales (FMI y Banco Mundial). Estas medidas generalmente terminan en protestas populares y levantamientos indígenas. En medio de todo esto, la "denuncia" pública periódica de casos de corrupción de miembros del gobierno, la banca y el comercio, desilusionan aún más a la población. Con poca esperanza para el futuro, cientos de miles de ecuatorianos han emigrado en busca de mejores posibilidades de empleo en el extranjero.

Así pues, no es de extrañarse que el país, aún apoyando al Plan Colombia, tema sus consecuencias. Se sienten los efectos a nivel nacional pero son las provincias del norte del país las más e inmediatamente afectadas. La provincia de Sucumbios se encuentra ubicada directamente en la zona amazónica al sur de la región de Putumayo en Colombia. Aún cuando es una de los centros principales de producción petrolera, Sucumbios carece de un sistema de agua potable, un sistema de alcantarillado, calles pavimentadas y un servicio constante de electricidad. Adicionalmente, sus sistemas de educación y de servicio médico son subdesarrollados e inadecuados y, las tasas de sub y desempleo en la provincia compiten con las tasas nacionales.

Esta realidad es compartida con las provincias amazónicas de Orellana, sur de Sucumbios. En las demás provincias fronterizas de Carchi, en la región sierra, y Esmeraldas, en la costa, la infraestructura es algo más desarrollada. Aún así, si los efectos del Plan Colombia recrudecieran en el territorio ecuatoriano, estas provincias se verían también forzadas a enfrentarse a consecuencias para las cuales no están preparadas.

Sucumbios empezó a trabajar en su respuesta al Plan Colombia cuando este fue anunciado. El Plan de Contingencia, desarrollado y ejecutado por el Estado, la Iglesia de San Miguel en Sucumbios (ISAMIS) y la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los DDHH (ACNUR), es la respuesta ecuatoriana para el problema de los refugiados en Sucumbios. Desde el mes de agosto, las personas encargadas del registro conjunto de refugiados, han venido operando dos centros de refugio y han tratado con otras formas de apoyo incluyendo el cuidado de salud básica y la provisión de cupones de comida. En anticipación de la llegada de aún más colombianos, estas organizaciones han construido un centro en el área para el hospedaje de 5000 personas. Aún cuando, el Plan de Contingencia ha tratado de enfrentar a las necesidades más inmediatas de los refugiados, todavía queda el problema de empleo de aquellos en condiciones de trabajar. Desempleados, los refugiados permanecen en casas de familiares, amigos o en los centros de refugiados. Sin embargo, de continuar con la misma velocidad el desplazamiento de colombiano, y otras fuentes de financiamiento --aparte de la actual proveniente de ACNUR-- no son obtenidas, el Plan de Contingencia terminará.

Sucumbios no solamente se enfrenta al problema de desplazamientos colombianos a Ecuador sino también, al desplazamiento de sus propios ciudadanos. En enero y febrero de este año, debido a la escalada de los combates entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército en el área de Putumayo, los pobladores de cuatro comunidades indígenas fronterizas se vieron forzados a dejar sus casas bajo amenaza de muerte. Sobre los 300 ciudadanos ecuatorianos han buscado refugio en Sucumbios, Quito y otras partes del país. Ultimamente, ellos han demostrado la voluntad de regresar a sus hogares pero no es claro si esto podrá convertirse en realidad mientras duren las operaciones del Plan Colombia.

A nivel nacional, Ecuador tiene otros problemas que enfrentar. Para diversos grupos, la Base en Manta ha sido considerada como un impedimento a la neutralidad del Ecuador en el conflicto. Ciertos grupos anti-estadounidenses han manifestado que la base es una prueba de la voluntad de colaboración con el "enemigo" por parte del gobierno ecuatoriano. Adicionalmente, si el conflicto llegara a regionalizarse, se teme que el gobierno tenga que utilizar partes del presupuesto nacional en defensa y en el ejército. Esta situación podría llevar al Estado a una mayor militarización, un resultado casi garantizado desde la recepción en marzo, de parte del Dr. Moeller, de $150 millones de los EEUU que incluye un porcentaje para reforzar las patrullas militares en la frontera colombo-ecuatoriana.

Existen también preocupación por los efectos médicos y ecológicos de las fumigaciones y el crecimiento de la industria de la droga en el Ecuador. Aún cuando las fumigaciones están siendo realizadas únicamente en Colombia, el químico utilizado, Glisofato, puede ser transportado por el aire y el agua hasta territorio ecuatoriano. Oficialmente no dañino para la ecología o los seres humanos, el químico ha sido relacionado con la aparición de enfermedades desde el último verano. Se ha comprobado también, que el químico no solamente destruye las plantas de la droga, sino además toda la vegetación a su alrededor. "Acción Ecológica", una organización ecológica en el Ecuador, ha reportado que cultivos en la provincia de Sucumbios están sufriendo de las consecuencias de los efectos de la llegada del químico en el Ecuador.

Una de las críticas de los intentos de erradicación como el Plan Colombia es que si el cultivo es destruido en una región, este tiende a incrementarse en otros, comúnmente conocido como "efecto globo". Este efecto se está ya viendo en el Ecuador. Entre enero y marzo de este año, tres laboratorios de procesamiento de droga han sido descubiertos y destruidos en Sucumbios. Además de esto, los ecuatorianos temen que parte de los desplazamientos y de los refugiados colombianos terminen realizando la única actividad que conocen para ganarse la vida – el cultivo de coca.

Tal vez el temor más inmediato de la población ecuatoriana, especialmente en las provincias del norte del país, es el incremento de la violencia como resultado del conflicto colombiano. Existen casos de muerte documentados entre grupos paramilitares, guerrilleros y el ejército de Colombia y Ecuador, actos de violencia cometidos por colombianos contra ecuatorianos y viceversa y desapariciones de ciudadanos por fuerzas militares de ambos países. Las provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Carchi están entre las cuatro provincias con más homicidios en el país.

Documento preparado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Quito, Ecuador, marzo 16, 2001

PLAN COLOMBIA BASE DE MANTA

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