PLAN COLOMBIA

SURGIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
COLOMBIA: UNA PAZ ESQUIVA

El conflicto colombiano es causado por una creciente injusticia social, inequitativa distribución de la riqueza, corrupción generalizada y una alta impunidad. Tales condiciones han dado paso al descrédito y desligitimación del estado colombiano, generando la actual confrontación.

Esta guerra interna se remonta al 9 de abril de 1948, día en que fue asesinado el candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien propugnaba la transformación del modelo económico colombiano en función del bienestar de los trabajadores y campesinos. Este hecho dio inicio a la violencia que, en cincuenta años, ha cobrado la vida de más de un millón de personas. Hoy, uno de cada tres colombianos tiene entre sus familiares a un muerto, un secuestrado, un herido o un desplazado.

La violencia se ha transformado en una forma de vida. Jaime Garzón, periodista colombiano asesinado, afirmaba que: "El conflicto de Colombia no es la guerrilla.

La guerrilla son unos títeres. Los paramilitares son unos títeres. El ejército es un títere. Hay que busca a los titiriteros... La guerra de Colombia ya no es un conflicto, es un negocio, un negocio de los norteamericanos (estadounidenses) y de todos los que venden armas"

Los traficantes de armas comercian, a la vez, con la guerrilla, el ejército, los paramilitares y los narcotraficantes

Las FARC y el ELN son los grupos guerrilleros más antiguos y que han puesto en serios aprietos al gobierno colombiano con su estructura político - militar; estos no podrán ser derrotados por el ejército regular de Colombia, pero tampoco tiene la capacidad operativa para vencer al ejército e imponer un nuevo Estado.

Esta situación indefinida llevó al Gobierno y a la guerrilla a intentar procesos de paz y establecimiento de una zona de "distensión" (42.000 Km2). Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y tampoco se logró frenar una escalada bélica, argumentando que la única solución factible es la "militar".

La solución militar es apoyada por las denominadas Autodefensas Unidias de Colombia (paramilitares). Este grupo armado nació bajo el amparo de terratenientes, carteles de la droga y ciertos mandos militares colombianos. Los paramilitares atentan contra la población civil, sin atacar directamente a la guerrilla, pues consideran que "un amplio sector de la militancia paraguerrillera está dentro de las comunidades". Cientos de campesinos inocentes son víctimas de los paramilitares, quienes muchas veces realizan sus operaciones conjuntamente con el ejército colombiano o con su aval.

En este escenario de violencia también intervienen grupos organizados alrededor del narcotráfico, que han logrado infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad colombiana y que constituyen en le mejor pretexto para la intervención estadounidense en Colombia.

Como el gobierno y los grupos de poder consideran que la única solución al conflicto militar, diseñaron el llamado "Plan Colombia", financiado en gran medida por los Estados Unidos, y que constituye una propuesta de carácter eminentemente belicista, basado en la intervención militar con el apoyo de ejércitos extranjeros.

DEFINICION DEL PLAN COLOMBIA
PLAN COLOMBIA: UN PLAN PARA LA GUERRA

El Plan Colombia surgió como una iniciativa de desarrollo para el país, a través del financiamiento de proyectos sociales, y principalmente, la rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o conflictos ambientales, articulando el trabajo estatal con las necesidades comunitarias.

Sin embargo la propuesta inicial sufrió varias modificaciones. El documento final se elaboró de acuerdo con las políticas de ayuda de los países industrializados. En ese sentido se establecieron negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

Con Estados Unidos se negoció el Plan en septiembre de 1999. Para este país el Plan Colombia es parte de una estrategia de control regional, cuyo pretexto es la lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas; pero la motivación real de Estados Unidos es la intervención militar directa, que en el futuro facilitará tener Estados policiales que, a cambio de mantener sus privilegios, abrirán las puertas al manejo y explotación de los recursos de la cuenca amazónica (petróleo, agua, minerales).

Los puntos negociados con el gobierno estadounidense son:

  1. Entrenar y equipar a las fuerzas de Seguridad Colombianas
  2. Apoyar los arreglos pacíficos entre el gobierno y los grupos armados
  3. Apoyar el desarrollo alternativo, fortalecer gobiernos locales y reasentar a los desplazados
  4. Intercepción de drogas ilícitas
  5. Protección de los Derechos Humanos y una reforma legal

El Plan en su totalidad tiene un costo de 7.500 millones de dólares, los cuales Colombia aportaría 4.000 millones. Los 3.500 restantes serán financiados a través de aportes de la comunidad internacional.

Estados Unidos dará 1.600 millones; el 70 % será destinado al punto "a" (entrenar y equipar a las fuerzas de Seguridad Colombianas); es decir, se invertirá en la compra de material bélico y la preparación del ejército para intentar una solución militar al problema de Colombia.

Con respecto al punto "b", la ejecución del Plan Colombia ha disuelto la posibilidad de arreglos pacíficos, en tanto que la intercepción del tráfico de drogas, mencionado en el punto " d" es imposible, dado que Estados Unidos es el país con mayor consumo de drogas y no ha diseñado una solución sobre este problema de salud. Además, los beneficios y el capital invertido en el narcotráfico son controlados desde los propios Estados Unidos

Los literales "c" y "e" tienen el más bajo presupuesto ya que no alcanzan ni el 1% del costo total previsto para el Plan Colombia.

Por esto, diversas organizaciones sociales colombianas han denunciado que esta ayuda es exclusivamente militar y la solución que plantean los gobiernos colombiano y estadounidense es la eliminación de grupos insurgentes mediante una guerra total, sin respeto a los derechos de las personas. Estas organizaciones consideran que con el Plan Colombia no se solucionará el problema estructural de este país, marcado por la inequidad de un sistema político y económico excluyente.

Tales razones motivaron a muchas organizaciones internacionales a rechazar el Plan Colombia y a hacer un llamado a todos los seres humanos que aman la paz para que se pronuncien en contra de este plan, que transformará a la Región Amazónica en una zona de destrucción.

LAS MOTIVACIONES REALES DE ESTE PLAN
PLAN COLOMBIA: GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO O CONTROL MILITAR DE LA REGIÓN?

A pretexto de salvaguardar la democracia, Estados Unidos con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha invadido países como: Vietnam, Irak, Panamá. Ha hecho gala de un sofisticado armamento en cruzadas donde el abuso a los derechos humanos pasa inadvertido por las multinacionales de información y por los organismos judiciales internacionales.

Según análisis y proyecciones de la situación colombiana, sería inminente el triunfo de la guerrilla en los primeros años del siglo XXI. Este presagio afectaría intereses estadounidenses dado que las fuerzas guerrilleras se consideran a sí mismas, como las únicas capaces de frenar al sistema neoliberal que se implementa en América Latina. Su objetivo es proteger los recursos nacionales y evitar su explotación por parte de los países más poderosos.

Pero, no solo Colombia asiste a un proceso de reorganización política y social, con claros indicios nacionalistas. Chile, actualmente se encuentra representado por un gobierno matriz socialista; Brasil ha insistido en la posibilidad de conformar un frente económico eminentemente latinoamericano, cuya fortaleza determinaría la incorporación al mercado mundial; de igual manera, en este país han cobrado gran impulso grupos como los "sin tierra" y más organizaciones socialistas, que apuntan a un claro proceso de reconstitución política.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo y su gobierno ha iniciado un plan de restructuración con clara tendencia nacionalista; en Ecuador, los movimientos sociales y especial, el movimiento indígena, han protagonizado una lucha política que ha detenido los procesos de privatización (temporalmente), legitimándose en las elecciones locales como fuerzas representativas.

Bajo el pretexto de "lucha antinarcótica" se pretende desarticular la amenaza que pende sobre los intereses económicos de las multinacionales estadounidenses y, a la vez, Estados Unidos desea fortalecer su posición como el país productor y vendedor de armas más importante en el mundo. Es por ello que intervendrán la región sin tomar en cuenta el derecho de los pueblos sobre su autodeterminación.

Como afirma James Petras "el Plan Colombia de Washington y Pastrana no cuenta más que con el apoyo del pentágono, el ejército colombiano (y los paramilitares) y los narcocapitalistas que florecen en Bogotá y Miami al calor de la mafia cubana del exilio". El pretexto de la lucha al narcotráfico es una farsa pues, como enuncia este periodista, Estados Unidos no intervendrá en "las conexiones de importantes banqueros y traficantes de drogas con la financiación de campañas electorales al Senado Norteamericano (estodounidense) o al Colombiano".

El Plan Colombia va a ser ejecutado para el control de América Latina, mediante la regionalización del conflicto. Sus primeros avances son las instalaciones de bases militares como la de Manta, en Ecuador, y "Tres Esquinas", en Colombia, que tienen la asistencia directa de militares estadounidenses y operarán como centros de confrontación y administración de conflictos bélicos; a ellas se suman las bases y campos de prueba en de Vieques, Curazao, Aruba ya Guantánamo.

El gobierno del Ecuador es el más entusiasta en apoyar las operaciones militares del Plan Colombia, en cambio Perú y Brasil, han hecho saber sus observaciones a la naturaleza de este plan; sin embargo, han movilizado tropas a sus respectivas fronteras con Colombia. La intención estadounidense para que los países vecinos a Colombia movilicen sus tropas es poder cercar a las fuerzas guerrilleras y garantizar de esta forma su aniquilamiento.

CONSECUENCIAS EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC)
EL DESARRAIGO DE LOS AFECTOS

La aplicación del Plan Colombia acarreará graves consecuencias para la Región Andina, tanto en lo económico, como en lo social y ambiental; Ecuador y la región enfrentarán problemas como movilización de grandes grupos humanos desplazados de la zona de conflicto; afectación económica y psicológica de las víctimas de la guerra, en especial niños, niñas y mujeres; abandonado y posterior disputa de los territorios de conflicto; en suma, pérdidas incalculables para nuestros pueblos y familias que jamás podrán ser separadas.

La consecuencia más viable será el desplazamiento de poblaciones enteras, y la articulación de familias y las comunidades. Con el desarraigo de territorios en conflicto se expropiarán estos suelos en función de intereses ajenos a los pueblos fronterizos y a las naciones involucradas. Se observa, además, que el ejército colombiano considera factible el cambio inmediato de las actividades económicas de los de los campesinos del sector, aunque para ello no se presenten alternativas o programas de desarrollo rural.

Todo desplazado por la guerra es automáticamente un refugiado y puede acogerse a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Se especifica que los Estados están obligados a atenderlos; esa asistencia depende también de la Comunidad Internacional en los ámbitos médicos, sanitarios y alimenticios.

Pero esto no puede compensar todas las pérdidas de los desplazados sufren, ya que se rompen sus conexiones económicas y familiares, se trastocan sus valores culturales, pierden sus tierras y todo su entorno se ve abruptamente transformado.

Los grupos afectados serán l@s niñ@s, mujeres y ancianos, quienes deben sobrevivir en la soledad y el dolor, pues los jóvenes y los hombres adultos, que generalmente son reclutados para la guerra, caen víctimas de los combates o en ejecuciones de represión que organizan los grupos armados.

Y en este escenario la mujer pasa a ser invisibilizada nuevamente, pues la definición del Plan Colombia conserva un sentido patriarcal, instituido desde la lógica del poder y la desvalorización de los espacios familiares y comunitarios que van a ser destruidos; la participación del Ecuador en este Plan y su elaboración misma no contempló la participación de diversos actores sociales, entre ellos la mujer. Esto se confirma en Colombia, cuando las mujeres han expresado: "no queremos parir hijos para la guerra"

Así también, la movilización de tropas será un esfuerzo muy costoso para los gobiernos y distraen fondos fiscales de los proyectos de asistencia social, pues se necesita aumentar el cupo de reclutamiento de jóvenes para la creación de cuerpos especiales destinados al control fronterizo.

Esto nos deja ver que la pobreza e injusticia crecerán con la guerra; además, significa que los derechos humanos, desde su comprensión económica, social y cultural, serán violentados con mayor recurrencia. Lo más grave es que estas formas de sufrimiento de por sí ya son vistas como inevitables y tolerables, ¿Qué puede esperarse si tienen como justificación la lucha contra el narcotráfico, calificado como un crimen contra la humanidad, y la insurgencia estigmatizada como atentatoria contra el concepto de democracia que impone Estados Unidos?

Los derechos económicos, sociales y culturales cubren áreas como alimentación, vivienda, educación, salud física y mental, medio ambiente sano, entre otras. Todos estos ámbitos van a ser afectados con la aplicación del Plan Colombia. La zona de conflicto será escenario de transformación de las comunidades pobres en miserables y de los indigentes en despojos humanos.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES
LIBERAR UNA PLAGA EN LA AMAZONÍA

La naturaleza del Plan Colombia provocará serios daños ambientales, pues la utilización de herbicidas para erradicar los llamados "cultivos ilegales" destruirá la naturaleza, contaminará los ríos y dejará la tierra inhabilitada para cualquier cultivo posterior.

Uno de los más usados ha sido el glifosato con nombre comercial Roundup. Este se viene utilizando desde antes de 1986 en Colombia. Entre 1992 y 1999 se fumigaron el equivalente a 90.000 hectáreas de cultivos y se utilizaron dos millones y medio de litros de glifosato contra las plantaciones de marihuana. Este herbicida frena la fotosíntesis de las plantas y por eso les quema (seca).

Cuando se lo dispersó en la costa colombiana también afectó a la población ecuatoriana de Mataje. Su alto contenido tóxico se reveló en síntomas como irritación de ojos, piel, mucosas nasales y daños al hígado y riñón. El roundup es un producto que asocia varios componentes, por lo cual puede producir también daño gastrointestinal y daños al sistema nervioso central, a más de elevar los índices de cáncer.

Este tipo de químicos son altamente contaminantes, tanto en su manipulación y transporte como en su dispersión. Por ello, los estadounidenses han patrocinado investigaciones de compuestos que menoren el riesgo de manipulación para sus soldados. Una de estas posibilidades es el hongo fusariym oxysporum. Trasladar y dispersar las esporas de este hongo no representa riesgos para los estadounidenses. Pero una vez depositadas en suelos con vegetación se desarrollan y producen "micelios", hongos sin cuerpo que generan sustancias tóxicos (micotoxinas) y enferman a las plantas y a los seres humanos. "Una vez liberada esta plaga no es factible su control", afirma el micólogo norteamericano Jeremy Bigwood.

Las fumigaciones con el Roundup han presentado las primeras víctimas en la selva amazónica. Una familia del Municipio de Cuartas (Colombia), cuarenta y ocho horas después de la fumigación de sus plantíos con glifosato, experimentó el siguiente cuadro: "dificultades respiratorias, pérdida de control muscular, convulsiones y pérdida de la conciencia". Así mismos, en la costa ecuatoriana, varios pobladores fronterizos han denunciado la contaminación de los ríos y daños de la piel y los ojos de los niños.

Así también, lo hacen muy soluble y resistente en los ríos, llevando su efecto a poblaciones muy alejadas del radio de acción. Se calcula que en aplicaciones terrestres de Roundup, entre el 14 y 78% no se queda en el sitio de fumigación; en caso de dispersión con helicópteros, del 41 al 82% no se queda en el sitio y en caso de avionetas, la acción se da entre 800 metros y un kilómetro fuera del objetivo.

Como puede observarse, estos herbicidas tienen efectos nocivos tanto sobre los suelos, como en suelos y el aire. Según reportes de organizaciones ambientales, su perdurabilidad puede inutilizar a los suelos alrededores de medio siglo. Ello nos lleva a interrogarnos ¿qué nos espera con la ejecución del Plan Colombia a los ecuatorianos, si los suelos fértiles van a ser afectados, las aguas contaminadas y el aire viciado?

MUJERES, NIÑ@S ,JOVENES Y TERCERA EDAD
LOS SECTORES VULNERADOS EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

En Ecuador ya está involucrado en el conflicto colombiano gracias a la decisión del ex - presidente Jamil Mahuad, del presidente actual Gustavo Noboa y del canciller Heinz Moeller. Estos funcionarios jamás consideraron del daño que el Ecuador sufrirá con su participación en este conflicto; menos aún la vulnerabilidad de los grupos de mujeres, niñ@s, jóvenes y tercera edad.

Para hacer frente a las consecuencias que traerá la entrega de la Base de Manta y la ejecución del Plan Colombia, se ha elaborado un Plan de Contingencia que no es conocido por la población ecuatoriana y que, a más de adolecer de graves vacíos, no analiza la situación particular de la población vulnerable que constituyen las mujeres, niñ@s, jóvenes y tercera edad.

ACNUR, Cruz Roja, la Conferencia Episcopal y las Fuerzas Armadas están al frente del Plan de Contingencia. Según su Coordinador, señor Edgar Pinos, 591 personas han solicitado formalmente refugio al Ecuador. La Mayoría están hospedados en casas de los habitantes de la zona y 37 personas en albergues de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos. De ellos, 282 son hombres y 309 son mujeres. El 20% del total de niñ@s,. En Imbabura y Carchi hay un total de 122 personas y en Quito, 188, que suman un total de 901 personas refugiadas en el año 2000. Adicionalmente existe un promedio de 300 personas intinerantes entre la frontera de Ecuador y Colombia, y un flujo de 200 desplazad@s diarias.

El Ecuador ha firmando diversos acuerdos internacionales que le obligan a proteger a estas personas, entre los acuerdos más importantes están el Derechos Internacional Humanitario; convenciones internacionales contra la tortura, tratos crueles e inhumanos; contra la desaparición forzada; protección de personas desplazadas; dotación de asilo y refugio a personas que huyen de sus países por razones políticas o conflictos bélicos; protección especial a las mujeres y niñ@s en situación de conflicto, entre otros.

Nosotros también debemos definir varias actividades para apoyar y proteger a las mujeres, niñ@s, jóvenes y personas de la tercera edad que llegan al Ecuador para proteger sus vidas; acciones concretas y urgentes como las siguientes.

  1. Exigir la más completa información sobre el Plan de Contingencia y los cálculos de la población de refugiados que se prevé, así como levantar censos de población vulnerable en las zonas de conflicto y de sus necesidades más concretas.
  2. Conformar un Comité de Vigilancia de las poblaciones fronterizas que supervisen el cumplimiento de los pactos humanitarios y la situación de la población vulnerable, manteniendo contacto permanente con los grupos de refugiad@s, para que puedan conocer y difundir sus propias necesidades y su problemática más urgente.
  3. Impulsar redes de información y solidaridad a nivel del país y a nivel internacional para la consecución de los recursos necesarios para atender a la población vulnerable y para que la información sobre el conflicto circule por todas las organizaciones y países.
  4. Exhortar a los organismos de derechos humanos a que participen activamente en la difusión del conflicto y de las normativas internacionales y nacionales que deben ser respetadas por todas las fuerzas presentes de la región.
  5. Debemos exigir que se consideren todas las fases de desplazamiento en un conflicto armado, desde el momento en que la población empieza a desplazarse, el refugio, y que posteriormente se garanticen los recursos económicos y humanos para la repatriación e reincersión de l@s refugiad@s
  6. Es necesario garantizar la atención médica adecuada para l@s refugiad@s en especial para el caso de partos y atención prenatal; igualmente se debe implementar programas de apoyo psicológico para las mujeres, niñ@s y jóvenes, para disminuir los efectos traumáticos de la guerra y el desplazamiento.
  7. Finalmente, es necesario informarse sobre los pactos y convenios que han sido firmados por Ecuador para proteger a las personas refugiadas y desplazadas.

UNA BASE MILITRA EXTRANJERA EN ECUADOR
LUEGO DE 52 AÑOS ESTADOS UNIDOS VUELVE A INSTALARSE EN EL PAÍS

Entre 1942 y 1948, Estados Unidos implementó bases militares en Galápagos y Salinas con el fin de defender el territorio y las instalaciones estadounidenses durante la segunda guerra mundial; primero fue un hecho consumado y luego legalizado, tardíamente por el Congreso Nacional. Estas dos bases fueron cerradas en 1948 cuando el Congreso se rehusó a continuar con el acuerdo.

Ahora, cuando Estados Unidos se vio obligado a abandonar el Canal de Panamá, en cumplimiento al acuerdo Torrijos - Carter, que determinaba la salida de las fuerzas estadounidenses en el año 2000, las cuatro bases instaladas en este país, con 1300 efectivos, tenían que desplazarse a otro lugar y así continuar el control de la región, para ello debían continuar el control de la región; para ello debían encontrar un gobierno sumiso como el ecuatoriano que, el 31 de marzo de 1999, firmó el convenio de Concesión de Facilidades Logísticas con Estados Unidos (para ejercicios de entrenamiento y aprovisionamiento de combustible de su flota militar aérea). Este convenio duró seis meses.

Luego se elaboró el acuerdo definitivo con un informe favorable de la comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y, al igual que en 1942, sin haberse discutido en el pleno del Congreso. La Comisión fue presidida por el entonces diputado social cristiano (hoy Canciller de la República) Heinz Moeller; fue aprobado en la sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 1999 con la firma de los diputados Heinz Moeller, Sixto Durán Ballén, Partido Conservador (PCE), Elba González Democracia Popular (DP), Clemente Vásquez Partido Social Cristiano (PSC), Lorenza Saá (DP) y el respaldo del bloque de la Izquierda Democrática representado por René Mauge.

La Secretaría del Congreso Nacional certificó que en ningún momento el Congreso Nacional discutió ni aprobó el acuerdo firmado entre el Ecuador y los Estados Unidos, por lo que tampoco se cumplió el artículo XXIII del propio acuerdo político militar que establece que los gobiernos deberán intercambiar notas diplomáticas que "indiquen que todos los procedimientos internos para la vigencia de este Acuerdo se han cumplido"

El 12 de noviembre (dos días después) se dio la firma oficial del Acuerdo entre el Embajador Especial para el Hemisferio Occidental (EEUU) y el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Benjamín Ortíz. El Acuerdo, según los voceros oficiales, es únicamente para operaciones aéreas de detención, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales y tráfico de narcóticos. Su duración será de 10 años, renovables según la intención de las partes.

La Embajada de Estados Unidos, aseveró que la base no forma parte del Plan Colombia y que "es un teatro de operaciones, ya que de ahí van a salir los vuelos para detectar el movimiento de droga, pero ahí no habrá explosiones con armas"; sin embargo el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos cuando compareció ante el Congreso de su país afirmó que "Manta se trata del único sitio que nos dará (a Estados Unidos) el alcance operacional que necesitamos para cubrir a toda Colombia, todo Perú y las áreas cultivadas de coca en Bolivia". Es decir, la base es estratégica y funcional para el combate a libarse con la guerrilla Colombiana.

Se justifica el convenio argumentando el desarrollo local de Manta porque se generarían recursos para obras públicas de salud, educación y crecimiento urbano, las cuales según voceros oficiales, serán patrocinadas con fondo que aportarán este acuerdo. Pero, las primeras contrataciones hechas para la adecuación de las instalaciones desdicen este argumento, pues se diseñaron requisitos de contratación que solo empresas transnacionales pueden cumplir. Ecuador queda fuera. Ninguna empresa nacional está en capacidad para cumplir con los requerimientos. A lo mucho, podrá aportar con mano de obra barata.

La base Manta se entregó como punto estratégico para el Plan Colombia, para una guerra absurda y que no nos pertenece, con lo que el gobierno ecuatoriano ha demostrado que necesita de la tutela de los Estados Unidos y que son los funcionarios estadounidense los que defienden los acuerdos que el Ecuador debe aceptar.

PRINCIPALES PUNTOS DEL ACUERDO
RESPONSABLES DEL ACUERDO

El propósito del Acuerdo, Según Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano, es intensificar la cooperación internacional y compartir responsabilidades para la detección, monitoreo y control aéreo del tráfico de narcóticos y las actividades guerrilleras; es decir, este acuerdo nos involucra en el conflicto colombiano.

Ecuador asume las responsabilidades mayores y cede sus derechos de soberanía. Por otra parte, cuando Estados Unidos abandona una base en cualquier lugar del mundo, no deja existencia en pie; así lo hizo en 1948 cuando salió de Ecuador; en ese entonces los equipos que no pudieron llevarse, los hundieron en el mar para que Ecuador no pueda beneficiarse.

El acuerdo se compone de 24 artículos, de los que podemos resumir lo sigueitne:

  1. En la base operarán personal civil y militar de los Estados Unidos; entidades del Centro Operativo de Avanzada (COA), que son personas naturales o jurídicas contratadas por el gobierno estadounidense; los dependientes, familiares del personal de Estados Unidos y los tripulantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE o personal de terceros Estados.
  2. Los navíos y vehículos estadounidenses tienen libre acceso a la Base y el Puerto. Las aeronaves están autorizadas a sobrevolar territorio ecuatoriano y a despegar y aterrizar en la base de Manta las veces que crean necesarias.
  3. Tanto Estados Unidos como Ecuador se comprometen a intercambiar información
  4. El Uso de las instalaciones de la Base no tendrá costo para Estados Unidos. A través de las COA, y de acuerdo con su legislación, el gobierno de Estados Unidos podrá adjudicar y celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de construcción en la Base, pudiendo contratar personal propio (Estados Unidos) y, en lo posible, a personal ecuatoriano.
  5. Estados Unidos podrá hacer modificaciones en la Base, exentas de permisos de construcción y tasas que prevé la legislación ecuatoriana. Al término del acuerdo, Estados Unidos transferirá a Ecuador las instalaciones.
  6. Se conviene que los gobiernos de Estados Unidos y del Ecuador renuncian a toda reclamación entre sí, por concepto de daño, pérdida o destrucción de bienes gubernamentales, o por concepto de lesiones sufridas por el personal de cualquiera de los gobiernos en el desempeño de sus obligaciones

Beneficios para los militares estadounidenses

El gobierno del Ecuador ha involucrado a los ecuatorianos en una guerra, exonerando a los estadounidenses de toda responsabilidad económica y legal; ha proporcionado privilegios que no tienen los ecuatorianos, incluso el uso de frecuencias de radio que no han sido concedidas a radios comunitarias ni a la Universidad de Manta, argumentando que existe saturación en la zona. Los militares estadounidenses serán "intocables" en nuestro país, estarán exonerados de todas las tasas fiscales, no responderán ante las autoridades nacionales y podrán reclamar la prestación de servicios básicos de las autoridades locales con los mismos privilegios que tienen las bases militares ecuatorianas. Así se establece en los siguientes puntos:

  1. El personal de Estados Unidos podrá salir y entrar del país solo con la identificación estadounidense adecuada, no necesita visa; quienes operan en la base están exentos de pago de tarifas de entrada y salida del país. Su permanencia en el país no se considerará el período de residencia con fines fiscales; tampoco tendrán que pagar impuestos ecuatorianos sobre propiedad y posesión.
  2. Las autoridades del Ecuador los exonerarán de todos los procedimientos de importación y exportación, aranceles, impuestos directos o indirectos y otros cargos que contempla la ley ecuatoriana.
  3. La seguridad de la Base de Manta es responsabilidad de la FAE y el personal de Estados Unidos podrá portar armas y vestir uniforme en tanto lo autoricen las autoridades estadounidenses.
  4. Todas las aeronaves de los Estados Unidos están exentas del pago del derecho de aterrizaje, estacionamiento, navegación aérea o sobrevuelo cuando operen desde la base de Manta.
  5. Los documentos de identificación profesional o licencias de conducir estadounidenses serán válidas para las autoridades ecuatorianas. Los vehículos, propiedad del gobierno de Estados Unidos o sus empleados, estarán exentos de inspección, licencia o matrícula del gobierno del Ecuador.
  6. Se autoriza a que los Estados Unidos establezcan las instalaciones necesarias para receptar señal satelital. Contarán con el servicio postal de la FAE y se permitirá el uso de radio y telecomunicaciones a Estados Unidos. Todo ello, exento de inspección, licencia, regulación, derechos e impuestos.

CONSECUENCIAS DE LA INSTALACION DE LA BASE DE MANTA
MANTA ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

Según los reporteros de un periodista Filipino, en la Micropolinesia, y en toda el Asia, donde se han instalado bases militares estadounidenses, las condiciones de pobreza de las localidades, han permitido "que las ciudades se tornen en inmensos prostíbulos; las mafias locales proveen de droga a los estadounidenses y buscan niñas para complacerlos sexualmente (...). luego vienen los turistas en busca de los placeres que encontraron los soldados; llaman paraísos a las ciudades que van muriendo conforme crecen instalaciones militares."

Ahora, en el Puerto Ecuatoriano de Manta (Manabí) se ha instalado una base militar estadounidense. Esta ciudad costera es un lugar turístico. Por ello, siempre ha mantenido un ritmo de mayor crecimiento inflacionario frente a las otras ciudades de provincia. La relación que mantenía Portoviejo, capital de la provincia, dejaba ver que los costos eran 50% más elevados. Desde la llegada de los soldados estadounidenses y sus familias, el índice de precios se ha elevado, por tanto, el costo de vida.

Así también, la militarización de la ciudad puede ser un referente peligroso para garantizar la seguridad y el orden, naturalizándose a tal punto de reemplazar el ejercicio ciudadano de los derechos por la intervención de uniformados extranjeros.

Si bien, alrededor de las bases militares se generan formas de ingreso para los pobladores más cercanos, la figura creada con este tipo de intervención es la dependencia, no la cooperación. Durante el tiempo de permanencia estadounidense se da, como sucedió en las cuatro localidades de Panamá donde funcionaban bases militares, una imagen de estabilidad por los ingresos que generan las necesidades estadounidenses. Sin embargo, en un balance final, el gobierno panameño comprobó que ha habido índices reales de crecimiento y desarrollo local, dado que el capital estadounidense invertido en negocios y servicios se retiró cuando los soldados abandonaron las bases.

Actualmente Panamá enfrenta consecuencias graves por la contaminación de los territorios ocupados y la inutilización de bastas zonas del país.

Al respecto se informa que las cuatro bases que funcionaban en Panamá, como campos de tiro y áreas de bombardeo, según un informe de los propios Estados Unidos, se encuentran contaminadas, pues tienen terrenos minados e incluso sirvieron para pruebas de armas con uranio reducido, un desecho nuclear tóxico. Si bien en el Tratado Torrijos – Carter, Estados Unidos se comprometió a remover toda amenaza a la vida, salud y seguridad humanas, la limpieza realizada antes de dejar Panamá fu insuficiente: existen unas 3.175 municiones no detonadas que amenazan la seguridad de unas 100.000 personas, en 80 poblaciones aledañas a las bases.

Antes el reclamo del gobierno de Panamá, Estados Unidos sostiene que ya realizó la limpieza, que no la volverá hacer y que la única solución es cerrar el acceso a estos campos para siempre. Un funcionario norteamericano ha explicado esta negativa diciendo: "el que más se opone es el Pentágono, por el temor de crear un precedente aplicable a otros países."

De igual forma, en Puerto Rico, Vieques es un lugar de pruebas para bombardeo. Estados Unidos mantiene el control de las ¾ partes de la isla, incluyendo 3 millas del mar, con lo que los pescadores no pueden realizar sus faenas. Antes del inicio de las prácticas Vieques tenía 30.000 habitantes, ahora cuenta con 9.300. la isla se ha dividido entre un campo de tiro y un depósito de municiones. Como consecuencias de las pruebas de armamento se cita un índice más alto de cáncer que en todo Puerto rico (27% más); irritaciones a la piel y destrucción de los bancos de coral y peces.

Pese a la resistencia de la sociedad civil, Estados Unidos no deja Vieques como sitio de práctica y aduce que "es el único lugar para bombardeos, desembarcos anfibios u operaciones submarinas y ejercicios de ataque entre buques de guerra".

Según el Pentágono "Estados Unidos no puede abandonar la isla ya que los ejercicios militares son indispensables para mantener correctamente entrenadas a las Fuerzas Armadas estadounidenses".

Manta es el nuevo territorio de intervención estadounidense. Al ser lugar estratégico para la ejecución del Plan Colombia se convierte en un objeto militar para los grupos implicados en el conflicto colombiano. El apoyo y promesa norteamericana de ayuda para el desarrollo de la ciudad es un discurso que se confronta con la realidad de otros lugares donde ha habido bases militares estadounidenses. Solo resta interrogarnos ¡qué la espera a Manta y a Ecuador en los próximos años al haberse comprometido el gobierno de Mahuad y Noboa a ser parte de la guerra?

RESISTENCIA ACCIONES LEGALES PARA EXPULSAR A LAS TROPAS EXTRANJERAS
LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE DERECHOS: UNA FORMA DE RESISTENCIA

Los ecuatorianos, según establece la Constitución, tenemos el derecho de expresar nuestros desacuerdos a través de recursos legales como: el derecho de petición, de demandar una ley o acto por inconstitucionalidad y de proponer consultas populares en temas que nos afectan directamente.

El derecho de petición se fundamenta en nuestro derecho como ciudadanos de conocer las acciones del Estado. Este recurso consiste en una petición respetuosa a cualquier autoridad pública para solicitar información de interés general. Es una forma de interpelar al poder, de pedir se rindan cuentas.

En el caso del convenio de uso de la Base de Manta, las organizaciones sociales del país presentaron este recursos con el fin de exigir cuentas a las autoridades involucradas. Al no haberse pronunciado en 15 días sobre esta petición (los organismos y personas interrogadas), según la ley de modernización, se considera aprobada. Ello sucedió con el derecho de petición presentado por las organizaciones sociales. De tal manera que al no haber pronunciamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, los militares estadounidenses deberían estar fuera de Manta y del Ecuador

Una demanda de inconstitucionalidad puede ser presentada cuando se considera que un acuerdo, norma, decreto o resolución contradice la Constitución. Si los ecuatorianos identificados esto es nuestro derecho y obligación demandar por el reparo de una violación a la Constitución.

Más de mil firmas respaldaron la demanda de inconstitucionalidad presentada por las organizaciones sociales sobre el convenio de uso de la Base de Manta. La normativa constitucional ecuatoriana establece que el Congreso Nacional tiene la atribución de "aprobar o improbar todos los tratados internacionales", en especial "los que establezcan alianzas políticas y militares". Sin embargo, la Secretaría del Congreso Nacional certificó que no se discutió ni aprobó el acuerdo firmado entre el Ecuador y los Estados Unidos.

El gobierno ecuatoriano al ratificar el Acuerdo, sin respetar la Constitución, se ha tomado atribuciones que no le competen. Pese a ello, el Tribunal Constitucional ha devuelto la demanda argumentando que debe ser explicada y ampliada. Como puede verse, no se procede con transparencia porque la entrega de la base de Manta al ejército estadounidense esconde intereses y participación de grupos de poder político y económico, con una fuerte tendencia a la subordinación.

La demanda presentada determina inconstitucionalidad en la esencia jurídica y el fondo; se realiza observaciones sobre las consecuencias de este acuerdo; evidencia la violación a la Constitución por parte del Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Congreso Nacional, puntualizando lo siguiente:

  1. El Congreso Nacional aprobó el acuerdo
  2. El Tribunal Constitucional no dictaminó la conveniencia o no de esta alianza político – militar
  3. El Acuerdo viola el artículo 4 de la Constitución, numeral 16, que dice "El Ecuador rechaza toda forma de colonialismo y de neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la autoderterminación y a liberarse de los sistemas opresivos"
  4. La Constitución contiene normas que garantizan los derechos humanos, pero en el Acuerdo el gobierno ecuatoriano renuncia a reclamar "todo daño, pérdida o destrucción de bienes gubernamentales a consecuencia de las actividades relacionadas con este Acuerdo; o por concepto de lesiones o muertes sufridas por el personal del gobierno ecuatoriano en desempeño de sus obligaciones". Este es uno de los artículos que más debe conmover a la opinión pública y generar mayores espacios de respaldo a esta demanda, pues es incompresible (por no decir vergonzoso) que el Estado ecuatoriano no proteja a sus ciudadanos.
  5. Los artículos de exoneraciones y exenciones de ley ratifican la disponibilidad del gobierno ecuatoriano para discriminar a los ciudadanos ecuatorianos
  6. A cambio de tales concesiones, el gobierno estadounidense desembolsará prestamos al Ecuador, que abultarán su demanda externa.
La consulta popular es otro recurso legal que contempla la Constitución. Es una posibilidad que tiene cualquier organización o ciudadano ecuatoriano para pronunciarse en temas que incidan en la transformación política, económica o cultural del país. La Consulta popular es n derecho soberano de los pueblos, es una manera de ejercer nuestros derechos y participar en las decisiones que afectarán nuestra seguridad y bienestar.

Plantear una consulta popular sobre la permanencia o no de las tropas estadounidenses en la base de Manta nos permitirá defender nuestra soberanía, proteger a nuestras familias y cuidar que ecuatorian@s, de las más diversas culturas y regiones, no se vean afectad@s por una intervención, fruto del abuso de poder y la ambición por los recursos naturales de nuestros pueblos.

OTRAS FORMAS DE LUCHA NO VIOLENTA
AL NUEVO COLONIALISMO SE LO PUEDE DERROTAR

Frente al militarismo, frente al colonialismo, que se traduce en la edificación de sistemas violentos y autoritarios, muchos pueblos han optado por resistir, por hacerlo de manera no violenta, hasta desenmascarar la injusticia de sus opresores o de las instituciones que los representan.

Una de las luchas más trascendentes frente a la dominación extranjera constituyó la liberación de la India, luego de un largo proceso de resistencia no violenta, desobediencia civil y no colaboración con las autoridades que representaban al imperio invasor. La corona inglesa, como todo Estado colonialista, desplegó un gobierno que lesionaba la dignidad de los indios. Ante esto Gandhi entendió que no era posible soportar pasivamente la injusticia y que la dignidad humana exigía combatirla.

Esta resistencia pacifica, especialmente ante la segregación racial, conmovió al mundo y consiguió el respaldo internacional necesario para lograr la autodeterminación de la India; por eso, ante la intervención extranjera en América Latina y la entrega de la soberanía nacional representada en la entrega de la Base de Manta, debemos acoger como nuestra la más grande expresión de la no violencia asumida por Gandhi: "desobediencia civil", es decir, no colaborar, no participar, no aceptar la guerra y la intervención en nuestro territorio.

De igual manera, la guerra de Vietnam también fruto de una incursión de otro imperio sobre un pueblo soberano, en este caso de los Estados Unidos a Vietnam, dio lugar a la conformación de grupos que optaron por la no violencia en el propio territorio del agresor, cuyos principios fueron el renunciamiento a la violencia, a la militarización y a la destrucción de pueblos, territorios y culturas. El gran movimiento de los 70s dejó ver en los Estados Unidos una gran convicción de la juventud por la solidaridad. Grandes marchas, grandes encuentros, conciertos interminables, caravanas extensas, símbolos, vestimenta y más manifestaciones comunicaron el desacuerdo de esta sociedad frente al militarismo

Hoy, Vieques se levanta, y al igual que en Vietnam, lo hacen frente a la intervención de las tropas estadounidenses. Aquí Estados Unidos mantiene una base militar y un campo de entretenimiento y pruebas de nuevos materiales bélicos. Los portorriqueños, que han decidido luchar por la autonomía de su país han puesto en la opinión pública internacional el tema de la ocupación de Vieques y bajo el lema de la "obediencia evangélica a favor de la paz y la vida" han logrado en muchas ocasiones que cesen las prácticas militares.

Vieques cuenta con el apoyo de movimientos pacifistas internacionales y la intervención decidida de grupos cívicos, religiosos, políticos, de base, siendo su columna vertebral los pescadores del lugar. Cuando un bombardeo terminó con la vida de un vigilante portoriqueño, la respuesta de sus ciudadanos fue la toma de las instalaciones de la base y la conformación de 14 campamentos en territorio ocupado para las prácticas militares. Así demostraron que están dispuestos a ofrendar su vida a favor de la paz de una nación que se mira independiente y soberana.

De igual forma, el "Movimiento de los sin Tierra", de los campesinos brasileños, lleva adelante una serie de acciones para reivindicar su derecho a una vida digna. Instalaron una carpa frente a la hacienda del Presidente de la República y luego tomaron posesión no violenta, obligando a Cardoso a acoger sus pedidos y visibilizándose en los medios de comunicación internacional

Así también, no podemos dejar de mencionar a otro de los grandes ejemplos de lucha no violenta, la de Martin Luther King, quien logró el reconocimiento de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos.

Estas experiencias nos han demostrado que toda lucha no violenta apunta a la coordinación de esfuerzos; es decir a la cooperación que parte del diálogo, la conformación de redes locales, nacionales e internacionales; la inserción de los medios masivos de comunicación desde una perspectiva democrática y el reclamo de la sociedad civil por le cumplimento de convenios internacionales que protegen a las personas. En el caso del Plan Colombia es imprescindible que solicitemos el respeto y aplicación absoluta del derecho internacional humanitario, como una forma de resistencia a la guerra impuesta y ejecutada por Estos Unidos en nuestros territorios.

EXIGIR INFORMACION TRANSPARENTE Y CONTEXTUALIZADA
SABER QUE PASA, VISIBILIZARNOS Y EXPRESARNOS ES NUESTRO DERECHO

La Constitución ecuatoriana, en su artículo 81, afirma que "El Estado garantizará el derecho a acceder a las fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz y plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad". Así, todos los ciudadanos tenemos derecho de pedir información sobre temas de interés general, que sintamos nos afecta, tanto a las autoridades como a los medios masivos de comunicación.

Si bien las empresas de información tienen relación con los grupos de poder económico, es un deber ciudadano abrir espacios en ellos para democratizar la sociedad. Es nuestro derecho visibilizarnos por los medios y expresarnos en ellos. Nada más humano que disentir y proponer, de ahí que nuestros decires y sentires que se conduzcan a pedir cuentas al Estado y los gobernantes deben canalizarse por los medios masivos, pues "tod@s los miembr@s de la sociedad civil deben tener un acceso justo y equitativo a los medios de comunicación".

Reaviviar los medios locales y fortalecernos con nuestro apoyo es de suma importancia. Se convierte en una obligación ciudadana y oponernos a la concesión irrestricta, a los militares estadounidenses, de frecuencias y más beneficios para el uso de instrumentos de comunicación, en tanto existen reparos para las radios comunitarias y medios de comunicación locales del país.

Los medios locales y comunitarios pueden proporcionarnos información más contextualizada sobre las consecuencias de la ejecución del Plan Colombia y la presencia de militares extranjeros. Por ello, es reprochable que la legislación ecuatoriana someta a estos medios a formas de discriminación, al no permitir publicidad de ninguna naturaleza en sus emisiones, atentando así a su sobreviviencia.

Desde los grupos de poder y el Estado se tiene la percepción de que las radios comunitarias pueden atentar contra la seguridad del país. Sin embargo, no se considera que una base militar extranjera, asentada con al fin de protagonizar una guerra regional y con todas las garantías para su funcionamiento, pueda vulnerar la seguridad y paz de los ecuatorianos

Tod@s tenemos derecho a acceder a las tecnologías de comunicación, a usarlas, constituirlas en propiedad y edificarlas como canales democráticos de expresión, pues "el derecho a la comunicación es un derecho humano universal, que sirve de base de todos los demás derechos y que debe extenderse y preservarse en el contexto de los rápidos cambios de la tecnología de información".

Toda la información referente a la firma del Convenio, entre Ecuador y Estados Unidos para el uso de las instalaciones de la Base de Manta, ha tenido un tratamiento marginal en los medios masivos. El discurso imperante ha sido el de los funcionarios que conducen este proceso. Las objeciones de la sociedad civil han sido minimizadas por los supuestos beneficios que traerá a Manta la intervención estadounidense.

Los contenidos del Convenio y la relación de la base con el Plan Colombia se han perdido en el sensacionalismo que escandaliza sobre los acontecimientos o, han sido disueltos en escuetas informaciones que encubren el deseo de desinformar.

Bastaría con interrogarnos ¿si los contenidos tratados en esta cartilla en algún momento fueron abordados pro los medios o, profundizados por las cadenas nacionales de información?. ¿Cuánto nos hemos sorprendido por las expresiones aquí desarrolladas?. Un pueblo informado genera saberes y son esos saberes los que derivan en conciencia y acción social.

Es obvio que el interés de los medios es el mismo que el de los grupos de poder, de ahí su negativa por propiciar conocimiento. Es más fácil actuar ante el desconocimiento que dialogar y negociar posturas democráticamente, con los distintos sectores sociales.

Por ello se torna importante reafirmar nuestro derecho a la comunicación y exigir que espacios como los abiertos por esta actividad, donde la discusión y el debate de las condiciones reales del Plan Colombia y la instalación de la Base de Manta son temas centrales, se trasladen a los medios masivos, generando un proceso de discusión más amplio y con la intervención de todos los actores de la sociedad.

HACIA LA RESISTENCIA NO VIOLENTA Y UNA CULTURA DE PAZ
RESISTIR, OBJETAR, CREAR UNA CULTURA DE PAZ

Optar por la no violencia activa significa no resignarse al sistema; significa no tolerar la complicidad con la tiranía y la injusticia: significa ejercer el derecho a la participación en un gobierno democrático y responsable ante la dignidad de su pueblo, promoviendo su desarrollo humano.

Objetar a la violencia con actitudes no violentas es objetar la corrupción de los políticos serviles y exigir que nos rindan cuentas de sus actos.

Objetar significa acoger como nuestra la estrategia de la desobediencia civil; es decir, no colaborar, no participar, no aceptar la guerra y la intervención en nuestro territorio y expresarlo así en acciones sociales no violentas que cuestionen el autoritarismo de los Estados Unidos.

Objetar significa reclamar el respecto a nuestros derechos, un respeto integral, pues cada derecho está íntimamente ligado a otro, no pueden ser respetados individualmente: si se ignora uno de ellos, todos son ignorados.

Asumir la integridad de los derechos y su indivisibilidad es la primera fuente de lucha para buscar el respeto de nuestra soberanía y dignidad; con ello podemos alcanzar un estado de respeto a cada uno de nosotr@s, a cada pueblo, a cada nación.

Exigimos nuestro derecho a la paz, no la revisión o restitución de este derecho; es decir, debemos oponernos a la militarización de nuestro país y a la regionalziación del conflicto colombiano, oponernos a la guerra y la ocupación de la Base de Manta: el objetivo único es la salida de los estadounidenses de Manta y la no intervención en Colombia.

Asumir nuestro derecho a la paz y asumir nuestra condición de objetores nos permitirá, a más de apoyar los recursos jurídicos presentados, determinar otras acciones para conseguir estos objetivos; como por ejemplo apoyar la declaratoria de las fronteras como "zonas de paz", para lo cual ya se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Ahora es necesario que cada uno de nosotros enviemos cartas a los diputados de nuestras provincias para que aprueben este proyecto de ley. Ello implica apoyar la propuesta para que no se utilicen las zonas de frontera, como puntos de abastecimiento de los grupos en conflicto o como puntos de intervención armada.

De igual forma es necesario unirse a la iniciativa de declarar a la frontera como una zona viva y una simple demarcación territorial, ya que allí existen pueblos y familias que conviven y dan cuerpo a las relaciones binacionales. Toda iniciativa binacional constituye una posibilidad de encuentro, cooperación y fortalecimiento de acciones que puedan alcanzar mayor trascendencia.

La población tiene también la responsabilidad de organizarse para monitorear las acciones que se den con la ejecución del Plan Colombia, denunciar la violación de los derechos individuales y colectivos, buscar apoyo de sus autoridades locales y de las organizaciones que luchan para la instauración de una paz definitiva: es nuestra responsabilidad exigir un plan de desarrollo y no un plan de guerra

La búsqueda de la paz va de la mano con la lucha por el respeto de los derechos humanos. Las organizaciones comunitarias son las llamadas a propiciar formas de resolución de conflictos que fomenten una convivencia pacífica, pues desarrollar una cultura de paz no solo demanda la no agresión, sino mayor equidad y justicia, menos violencia e innumerables propuestas sociales.

En fin, frente a esta nueva incursión estadounidense, los ecuatorianos debemos enarbolar la bandera de la Década de la Paz (2001-2010 Naciones Unidas)

Mantener espacios organizados que rescaten nuestra capacidad de elegir, el derecho de optar por nuestra ética, nuestra cultura, nuestras formas de convivencia y un nuevo proyecto político, que impulse la democratización de un Estado que ahora se muestra excluyente, racista y sumiso a los intereses extranjeros.

ORGANIZACIONES COEDITORAS
ACCE - Asociación de Comunicadores Cristianos del Ecuador
CEDHU - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
COORDINADORA POLITICA DE MUJERES
FUNDACION MARIANA DE JESUS
INREDH - Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO
FUNDACION PUNTO DE COMUNICACION
SERPAJ - Servicio Paz y Justicia - Ecuador

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