Lima, febrero de 1997.
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Indice:
I. Apreciaciones generales.
II. El Estado y las violaciones a los derechos humanos.
III. Violencia del terrorismo
IV. La herencia de la violencia politica
V. Estado de la democracia en el Peru y sus repercusiones en los derechos humanos.
VI. Ambito internacional
VII. Conclusiones y recomendaciones
VIII. Anexos
Estadisticas
Comunicados
Documentos Comisión DD.HH. ONU
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) suscribe los siguientes principios: el rechazo a la violencia de todo tipo y la condena a los grupos terroristas; la independencia frente al Estado y a los partidos políticos; la opción por una sociedad democrática como valor para la convivencia humana y el rechazo a la pena de muerte.
La CNDDHH se ratifica en su opción y compromiso por un Perú con paz y desarrollo, entendiendo que la construcción de la paz, tarea de todos los peruanos, civiles y militares, es un ideal aún por concretar.
I. .- APRECIACIONES GENERALES.
1996 terminó con un hecho que conmovió a la comunidad nacional e internacional: la toma violenta de la casa del Embajador del Japón y la captura de cientos de rehenes por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en una repudiable acción que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha condenado por tratarse de un acto de violación de los derechos fundamentales y de principios establecidos en el derecho internacional humanitario.
Este condenable acto, aunque aislado, vino a recordar que, aún cuando débiles y sin apoyo social, los grupos subversivos siguen operando en distintas zonas del paĦs, afectando sobre todo a los sectores más débiles y desprotegidos de dichas zonas. Ello no quiere decir que representen actualmente una amenaza real para el Estado y la sociedad en su conjunto, pero sí que la paz sigue siendo una tarea pendiente en el Perú.
Pese a la espectacular acción del MRTA, Sendero Luminoso sigue siendo el principal actor de la violencia política. De las 142 personas víctimas de asesinatos selectivos cometidos por los grupos subversivos durante 1996, 123 fueron responsabilidad de SL. Entre ellas se encuentra Pascuala Rosado, reconocida dirigenta de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, asesinada cruelmente en febrero de 1996.
Como producto de la violencia política en 1996 murieron un total de 292 personas, entre civiles, miembros de las fuerzas del orden y presuntos subversivos.
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VIOLENCIA POTICA EN 1996
muertes registradas
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CIVILES 137 FFOO 64 SUBVERSIVOS 91 TOTAL 292-----------------------------------------
TIPO DE ACCION
muertes registradas
-----------------------------------------enfrentamientos 131 asesinatos selectivos 142 ejecuciones extrajudiciales 3 atentados con explosivos 4 muertes causadas por ff.oo 9 en incidentes diversos muertes no esclarecidas 3-----------------------------------------
ASESINATOS SELECTIVOS
AUTORES
-----------------------------------------Sendero Luminoso 123 MRTA 3 subv. no indentif. 4 autor no indentif. 12*La herencia de la violencia*.
El Estado y la sociedad peruana siguen en deuda con las víctimas de la violencia política. Los cientos de miles de desplazados no son atendidos con la urgencia y prioridad que reclama su situación de vulnerabilidad; la impunidad ha dejado en el desamparo a cientos de víctimas de crímenes de Lesa Humanidad. De otro lado, la legislación de excepción para combatir al terrorismo viola las garantías de un debido proceso. Así mismo, el control militar de muchas zonas del país bajo el amparo del de estado de emergencia continua restringiendo los derechos ciudadanos básicos de millones de peruanos.
Una cultura de la violencia alienta la delincuencia común y las formas violentas de resolución de conflictos. Ello, aunado a la inoperancia y corrupción de las instancias del Estado encargadas de hacerle frente (Policía Nacional, Poder Judicial, etc.) impregna la vida cotidiana de los ciudadanos de una creciente inseguridad y desprotección.
En este sentido, el proceso de paz está inconcluso y no podrá ser resuelto a cabalidad si, como ocurre actualmente, se confía exclusivamente en medidas de tipo policial y militar.
*La impunidad*
El efecto de la impunidad consagrada por las leyes 26479 y 26492 de junio de 1995 continuó socavando el Estado de Derecho en el Perú. Se impidió el acceso a la justicia a los centenares de víctimas de crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1980 y 1995; los procesos fueron archivados y los asesinos liberados y reincorporados a sus puestos de trabajo. El Estado peruano no rectificó un ápice estas leyes a pesar del rechazo nacional e internacional a tales medidas. Este gravísimo hecho en la historia de los derechos humanos en el Perú concitó durante 1996 la atención de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos que continuaron organizando acciones destinadas a derogar las leyes de amnistía.
*Acciones ilegales y violentas de agentes del Estado*
Durante el año continuó la disminución de las detenciones desapariciones y de las ejecuciones extrajudiciales a la par que la violencia política. Sin embargo se mantuvo la alta incidencia de la tortura, de las detenciones arbitrarias, de distintas formas de abuso y acciones ilegales y violentas de parte de agentes del Estado.
La tortura y el maltrato a los detenidos, se infligen con mucha frecuencia en la fase de investigación policial y estos actos ilícitos son tolerados, encubiertos y difícilmente castigados.
Dentro de las acciones ilegales y violentas de agentes del estado durante 1996 debemos resaltar el intento de secuestro y posterior detención arbitraria del General (r) Rodolfo Robles Espinoza en el mes de noviembre. Este condenable hecho destinado a callar a quien ha realizado valientes denuncias de las acciones del grupo "Colina", autor de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, mereció el repudio de vastos sectores de la sociedad peruana.
*Los inocentes injustamente acusados de terrorismo*
En el año, 110 personas que sufrieron prisión acusados sin fundamento de terrorismo y traición a la patria fueron liberados a través del indulto o derecho de gracia. Muchos otros salieron en libertad con sentencias judiciales absolutorias. Sin embargo, cientos de inocentes continúan en prisión.
La presión de los grupos de derechos humanos, de personalidades y sectores de la opinión pública nacional e internacional, así como de la acción decidida del Defensor del Pueblo, que se hizo eco del clamor sobre la necesidad de revisar estos cientos de casos, posibilitó la conformación de una Comisión Ad-Hoc para proponer al Presidente el otorgamiento de indulto o derecho de gracia.
Sin embargo, el contenido esencial de la legislación antiterrorista, violatorio de las garantías del debido proceso, se mantiene incólume. En 1996 se prorrogó por un año más la vigencia de los jueces sin rostro. La maquinaria que envía a inocentes a prisión, que sobrepenaliza, que concede excesivas facultades a la policía en la fase de investigación, que permite el juicio de civiles en cortes militares, continúa operando.
Ello da cuenta de que aún cuando se ha abierto una puerta para resolver el problema de la libertad de los inocentes en prisión, no se evidencia todavía una clara voluntad política orientada a resolver cabal y definitivamente dicho problema adecuando las leyes sobre terrorismo a las normas y principios contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, para restituir las garantías de un debido proceso, tal como, entre otros, lo demanda el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus "Observaciones Preliminares" y "Observaciones Finales" emitidas en 1996.
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DETENIDOS INJUSTAMENTE
denuncias recibidas 92/96
situación actual
-------------------------------------------LIBRES 836 PROCESADOS 412 CONDENADOS 242 NO HABIDOS 29-------------------------------------------*Inhumanas condiciones en las cárceles*.
Los cerca de veintidós mil varones y mujeres que sufren prisión en el Perú ven vulnerados sus derechos básicos por las condiciones carcelarias que soportan en los establecimientos penitenciarios.
Merecen particular mención las restricciones que padecen los internos por delitos de terrorismo y traición a la patria en las establecimientos penitenciarios de Alta Seguridad en las que se violan flagrantemente las reglas mínimas en el tratamiento de los reclusos consagradas por Naciones Unidas.
*Continúa el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho*.
Luego de años de espera, en 1996 entraron en funcionamiento dos instituciones fundamentales para la defensa de los derechos ciudadanos y la legalidad democrática en el país: la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Este hecho, sumamente positivo, que respondía a una demanda generalizada de la opinión pública, ha venido, sin embargo, acompañado de una serie de políticas y medidas que afectan la institucionalidad democrática y refuerzan el autoritarismo como forma de gobierno. Entre otros, podemos señalar:
La inexistencia del equilibrio de poderes, dada la influencia e intervención directa del Ejecutivo en los otros poderes (particularmente en el Poder Judicial y Ministerio Público) que debilitan su autonomía; las dificultades evidenciadas por el flamante Tribunal Constitucional para ejercer su función, merced a la norma según la cual una decisión de inconstitucionalidad requiere 6 de 7 votos del pleno; los límites impuestos al mecanismo del referéndum, impidiendo que se concreten iniciativas de democracia directa en curso durante 1996. Así como las excesivas atribuciones de las Fuerzas Armadas en la vida política y en el control de áreas importantes de territorio y población ("Zonas de Emergencia).
*Pobreza, desigualdad y discriminación*
El Perú es uno de los países de la región con más desigualdad en el ingreso entre sus habitantes. La creciente brecha entre ricos y pobres así como entre Lima y el resto del país; el abandono de las zonas rurales; el crecimiento de la pobreza en el marco de modelo económico recesivo y excluyente, así como el aumento de enfermedades relacionadas con la pobreza como es la tuberculosis, muestran, entre otros aspectos, que los derechos económicos, sociales y culturales de los peruanos y peruanas están centralmente afectados.
Si bien ha crecido la conciencia de los derechos que amparan a la mujer, al niño y al adolescente, la discriminación y la violencia contra la mujer y los niños continúan de manera dramática en el Perú.
Las comunidades nativas de la selva ven vulnerados sus derechos a través de distintas medidas legislativas y programas sin que puedan participar en las decisiones que los afectan. Entre ellas: las actividades de exploración y explotación petroleras reguladas de tal manera que colocan en una situación de inequidad a las comunidades nativas frente a las empresas petroleras y la disolución del Instituto Indigenista Peruano. Además, la legislación vigente en materia de tierras, limita y pone en riesgo la estabilidad del dominio territorial de las comunidades indígenas, al contradecir el Convenio 169/OIT.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a otras instituciones, ha conformado la Mesa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que elaborará un informe acerca de la situación de estos derechos; texto que circulará en abril de 1997 lo cual nos exime de tratar en profundidad este aspecto en el presente informe.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1. A pesar de su debilidad, repliegue y aislamiento social, tanto Sendero Luminoso y el MRTA siguen cometiendo crímenes contra civiles y miembros de las fuerzas del orden.
2. Al igual que el año 1995 llamamos la atención acerca del peligro de que la violencia política se convierta en un factor endémico en distintas zonas del territorio nacional.
3. En 1996 se ha registrado un descenso en las manifestaciones más aberrantes de la violación de los derechos humanos como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Pero ello parece estar más vinculado a la disminución de la violencia de los grupos armados que a la existencia de una clara voluntad política y de mecanismos institucionalizados para erradicar de raíz dichas prácticas.
Expresamos el temor de que un eventual recrudecimiento de la violencia política o a aparición de fenómenos que desborden el control del Estado (violencia delincuencial u otros) vuelva a alentar la reaparición de dichas prácticas.
4. Se mantienen otras formas de violación a los derechos humanos como la tortura, la impunidad, la permanencia en prisión de un número significativo de inocentes, las detenciones arbitrarias, así como las acciones ilegales y violentas de agentes del Estado.
5. Para establecer condiciones más permanentes para la paz y para una plena vigencia de los derechos humanos en el Perú es necesario encarar resueltamente un conjunto de problemas derivados de más de 16 años de violencia política:
a) La permanencia de grupos armados que, aún cuando débiles y aislados socialmente, continúan operando en algunas zonas del país. Todo indica que una mera acción policial y militar no es suficiente para poner fin a sus efectos.b) La vigencia de las leyes 26479 y 26492 que consagran la impunidad respecto a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el Perú entre 1980 y 1995. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad, a ser amparados por la justicia y a recibir una reparación por los crímenes cometidos contra ellos por el Estado. Además, dichas leyes impiden recorrer el camino de la verdad, la justicia y el eventual perdón, que creemos el único viable para una auténtica reconciliación.
c) La permanencia de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales deben ser severamente castigados eliminando la impunidad de que gozan aquellos agentes del Estado que violan los derechos humanos. El delito de tortura debe ser adecuadamente tipificado en el Código Penal.
d) Pese a algunos avances, todavía son cientos los inocentes que purgan injusta prisión. Al proceso de liberación de estas personas, vía el indulto o derecho de gracia, debe añadirse la revisión en sede judicial de sus condenas. Todos los inocentes injustamente acusados de terrorismo deben recibir reparación por parte del Estado por el error judicial que los ha perjudicado severamente.
e) La vigencia de las leyes antiterroristas que, entre otras cosas, implican tribunales militares para civiles, jueces sin rostro, penas desproporcionadas, juicios sin garantías. Es urgente la reforma integral de dicha legislación antiterrorista restituyendo las garantías de un debido proceso.
f) La permanencia de las zonas declaradas en estado de emergencia y del control militar sobre la vida de la población. Ello impide la consolidación de la democracia y las instituciones del Estado de Derecho que garanticen un ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
g) La militarización del campo. Miles de campesinos que se armaron para defenderse de los grupos subversivos carecen de una alternativa que preserve su seguridad y,a la vez, los incorpore como ciudadanos. h) La falta de atención preferencial y urgente a las víctimas de la violencia entre quienes se encuentran los desplazados. Es indispensable la reconstrucción de las zonas más afectadas por la violencia (Ayacucho, Huancavelica, Huallaga, Apurímac, Selva Central, entre otras).
i) El acrecentamiento de la pobreza y la desigualdad, que si bien no explican el surgimiento de la violencia política, sí son su principal caldo de cultivo.
6. Asímismo, para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no habrá condiciones estables para la paz y la vigencia plena de los derechos humanos mientras la democracia y el Estado de Derecho en el Perú sigan siendo débiles. Es fundamental que exista una voluntad política orientada a reforzar las instituciones y restituir el equilibrio entre poderes públicos.
Al igual que en el año 1995, expresamos que sin movimientos políticos organizados que gocen de garantías y se conviertan en canales de los anhelos y aspiraciones de la ciudadanía, sin mecanismos directos de participación ciudadana que fiscalicen los actos de gobierno, sin instituciones intermediarias de la sociedad civil, nuestra democracia seguirá anémica y el autoritarismo, la corrupción y la sumisión primarán sobre el diálogo, la tolerancia y la participación.
7. Preocupa a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos las interferencias cada vez mayores del Ejecutivo en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ello atenta gravemente contra una adecuada e imparcial administración de justicia. Sin un Poder Judicial y un Ministerio Público modernos, autónomos e independientes se seguirá propiciando que los más pobres y desamparados tomen la justicia en sus propias manos.
8. Las condiciones en que viven los veintidós mil internos en el Perú afectan su dignidad. Es indispensable encarar una política penitenciaria que humanice las condiciones carcelarias y permita la reincorporación del interno a la sociedad.
9. Es necesario que el Estado y la sociedad enfrenten de manera resuelta la discriminación, maltrato y violencia que sufren las mujeres y los niños y adolescentes, formulando políticas eficaces que vayan eliminando esta violación de la dignidad humana de un porcentaje muy alto de nuestra población.
10. Los derechos de las minorías deben ser asumidos. Por ausencia de políticas adecuadas y el impedimento de participar en las decisiones que los afectan, las comunidades nativas de la amazonía ven peligrar su propiedad ancestral sobre la tierra y amenazadas sus lenguas, sus culturas y a su vida propia.
11. Otros sectores sociales como los ancianos, los discapacitados ven vulnerados sus derechos cotidianamente. El Estado debe promover políticas dirigidas a restituirlos. La sociedad debe tomar conciencia de la dignidad de estas personas, promoviendo acciones destinadas a su protección.
12. La inseguridad ciudadana crece por el aumento de la delincuencia y la incapacidad o complicidad de la Policía Nacional. Difícilmente lograremos mayor seguridad ciudadana si no contamos con instituciones capaces de administrar justicia de manera equitativa, así como con el diseño de políticas adecuadas para enfrentar la crisis familiar y la frustración de las expectativas de los jóvenes.
13. Insistimos en que el Congreso de la República recoja la voluntad expresada en la firma de cerca de 50,000 ciudadanos que pidieron la derogatoria del artículo 140 de la Constitución, y su modificación por otro que diga: "No hay pena de muerte en el Perú".