Soy el esposo o ¿viudo? de Reinalda del Carmen Pereira Plaza quien fue
secuestrada por agentes del Estado el 15 de diciembre de 1976. A la fecha tenía
29 años de edad y se encontraba en su sexto mes de embarazo. Era nuestro primer
hijo o hija. El o ella debió haber nacido en el mes de marzo de 1977.
El mismo día fueron detenidos en diferentes lugares de la ciudad de Santiago
seis chilenos. Todos ellos, incluída mi esposa, se encuentran hasta el día de
hoy en la dramática y perversa categoría de ser detenidos desaparecidos.
Me dirijo a usted, entre otras cosas, porque el 6 de enero del presente año,
usted habló al país para dar a conocer el informe emitido como resultado de la
Mesa de Diálogo. Horas después fueron de conocimiento público los nombres, las
fechas de detención, de muerte y el destino final de 200 chilenos, entre ellos
seis mujeres.
No es mi intención referirme a la magnitud del crimen confesado por primera vez
por las Fuerzas Armadas de Chile, luego de 27 años de silencio. Este
conocimiento de responsabilidades, por parcial, distorsionado y contradictorio
que sea, constituye un asomo a la verdad. Esta quedará, por desgracia, para
siempre, en la memoria histórica y será infelizmente una mancha en el honor
militar, una violación a la dignidad humana y a las leyes internacionales sobre
derechos humanos. Me conmueve profundamente esta situación por el significado
que tiene, no sólo para mí sino para nuestra sociedad en el curso de nuestras
vidas y de las generaciones venideras.
Al entregar estos datos las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército
comprometen y obligan al Presidente de Chile, a los abogados que participaron en
la Mesa de Diálogo, a las iglesias y personalidades morales que la avalaron a
exigir con más fuerza el esclarecimiento total, a exigir a los responsables - por
lo demás ampliamente identificados por los organismos de derechos humanos - que
respondan por lo que hicieron, que digan cómo lo hicieron, cómo los detuvieron,
a qué lugar los llevaron, cómo los torturaron. No basta que se haya informado
sólo ahora, fríamente y de manera genérica, que nuestro territorio está
tachonado de fosas clandestinas y que en el Océano Pacífico que nos abraza
hicieron desaparecer por segunda vez y para siempre a nuestros amigos, camaradas
y tal vez, a mi esposa, que no aparece en ninguna lista, me pregunto ahora ¿en
qué fosa del mar están?, ¿esto es verdad?, ¿no los encontraremos ahora nunca más
y para siempre?.
Le recuerdo que en el preámbulo de la Declaración Americana sobre Desaparición
Forzada de Personas, se lee en su primer considerando "Que la desaparición
forzada de personas, constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una
grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana,
en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Organización
de Estados Americanos".
En consecuencia, palabra suya esclarecedora y por lo mismo tal vez repetida,
usted debe desentrañar profundamente esta afrenta que agrede y denigra la
dignidad, no sólo de Chile, sino de todos los países de América Latina.
Pero no es este tema específico el motivo de mi carta. Perdóneme, en estos días,
a veces por el dolor me confundo. Pienso y vuelvo a pensar, sufro y me
tranquilizo. Finalmente me desespero. El motivo es recordarle que mi esposa y mi
hijo o hija, como le dije al comienzo, fueron detenidos en esos días, junto a
otros seis compañeros. En el listado entregado por usted, en forma tan
"transparente" y rápida a los tribunales de justicia, sólo se sabe de algunos de
ellos: Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos, Luis Lazo, Fernando Navarro, Fernando
Ortiz y Héctor Véliz los que estarían enterrados en un lugar de la Cuesta
Barriga.
Durante estos días he estado junto a sus familias, hijos, viudas, nietos,
mirando fija y detenidamente el lugar indicado en la lista. He observado el
trabajo de los paleros, del juez, del personal del Instituto Médico Legal.
¿Estará Reinalda del Carmen también ahí? Y si estuviera,
¿cómo? ¿Habrá señales
del niño? ¿Estará junto a Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario al
igual que usted y padre de mis valerosas amigas, Estela y María Luisa?
Pero el informe que usted traspasó diligentemente a los tribunales, no dice nada
de mi esposa, ni una seña ni un rastro. Habla en cambio de seis mujeres, dos de
las cuales al igual que mi esposa, estaban embarazadas. Una que no está en esta
categoría y que sin embargo, lo fue: Nilda Patricia Peña Solari, detenida el 10
de diciembre de 1974 y conducida al centro de torturas conocido como la "Venda
Sexy". Desde allí, con una grave hemorragia producida por la tortura, fue
trasladada a la clínica Santa Lucía, perteneciente a la DINA, en donde sufrió un
aborto. Existen numerosos sobrevivientes que estuvieron con ella y a los cuales
usted puede hacer citar, ya que fueron testigos de estos hechos. La otra mujer
mencionada en la lista, Michelle Peña Herreros, con ocho meses de embarazo,
según el informe fue lanzada al mar. ¿Y Carmen dónde está? Omitieron su nombre.
¿Ella fue olvidada? ¿Nació mi hijo o mi hija? ¿Dónde están?
La desaparición de mi esposa, así como lo que pasó con miles de chilenos o
chilenas, además de ser un crimen de lesa humanidad, en sí mismo constituye una
doble tortura, un doble sufrimiento, pues, sin duda los detenidos desaparecidos
fueron torturados desde el momento mismo en que los secuestraron con violencia,
al tiempo que nosotros, sus familiares, hemos sufrido y seguimos sufriendo
también una tortura psicológica permanente, crónica, profunda, extrema, con un
torturador que está "ausente", puesto que, no conocemos ni hemos visto los
rostros de los que la secuestraron, torturaron y la hicieron desaparecer.
Sin duda usted sabe que en el artículo 2 de la Declaración Americana que ya le
mencioné, se define la desaparición forzada de personas como "la privación de la
libertad de una o más personas cualquiera sea su forma, cometida por agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo
o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad y de informar sobre el paradero
de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de
las garantías procesales pertinentes".
Por lo tanto, ni el Estado chileno, ni los Tribunales de Justicia, ni menos
usted, estadista, definido además como un gran humanista, podrían dar por
terminado este crimen con una información parcial, que entrega en forma
contradictoria sólo 200 casos, de los miles de detenidos desaparecidos,
afirmando que 151 de ellos -en muchos casos con procesos abiertos- fueron
lanzados al mar.
Desde que desapareció Carmen en estos largos años he simbolizado al torturador
ausente en varios personajes que tienen múltiples representaciones mentales
macabras, en mis dolorosas fantasías. Estos personajes están ausentes de la
realidad, no tienen figura ni rostro, pero su presencia en mi imaginación me ha
producido penas y sufrimientos mentales permanentes. La verdad para mí no ha
existido y sin ella, no me ha sido posible construir un mundo interior estable.
El universo de mi subjetividad se ha desestructurado y mis relaciones humanas y
familiares en algún modo, se han pervertido y se han impregnado de temor.
Desde que se tuvieron noticias, desde fines noviembre hasta el 20 de diciembre
de 1976, que trece personas fueron detenidas y hechas desaparecer, entre los
cuales se encontraban los siete que ya mencioné, incluida mi esposa - once
pertenecientes al Partido Comunista y dos al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria - se interpusieron los recursos legales pertinentes. Después de
variadas alternativas, en febrero de 1977 se inició el llamado "proceso de los
trece", que estuvo a cargo de diferentes magistrados, llegó a tener más de ocho
mil fojas, veintiún tomos y duró casi trece años. Después de recibir más de
doscientos testimonios y de efectuar una vasta investigación, el ministro Carlos
Cerda estableció la existencia del llamado "Comando Conjunto", asociación
ilícita, que privó ilegítimamente de libertad a las personas identificadas y
encargó reos a 40 funcionarios del estado, entre ellos el ex comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, otros generales y oficiales y suboficiales de
Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y dos
civiles.
Los resultados de esta acuciosa investigación del Ministro Cerda, no derivaron
en una acción efectiva de la justicia contra los autores de los crímenes
cometidos y, en cambio, de manera escandalosa, determinaron sanciones al
magistrado que había osado investigar la verdad y nombrar a los responsables.
¿Qué sucederá ahora con la justicia? Yo le digo a usted que, no solamente debe
"dejar que la Justicia actúe", sino que, como Jefe de Estado, exija que se
entregue toda la verdad y a través de ella se haga justicia. Sólo así, tal vez,
los familiares y la sociedad entera podremos iniciar un largo proceso de
reparación integral, jurídica, moral, ética y social, en que no sólo recuperemos
la dignidad individual, sino de toda la sociedad. Ello permitirá que a través de
los años tengamos una memoria común y una identificación real como ciudadanos de
este país, en el cual hasta ahora nos hemos sentido excluidos y ajenos.
Max Santelices
Santiago, enero del año 2001
