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a) Datos de origen La población extranjera residente en España alcanzó al 31 de diciembre de 1996 la cifra de 538.984 personas, lo que supone un incremento de 39.211 extranjeros sobre el censo de 1995 (8,5%). Estos datos confirman la tendencia al alza experimentada en años anteriores, aunque manteniéndose el volumen de extranjeros residentes en España dentro de un crecimiento moderado que no sufre grandes oscilaciones.
De este total, 319.726 pertenecen al régimen comunitario, bien por proceder de algún Estado miembro de la Unión Europea, bien por ser familiar de algún residente comunitario. Estos inmigrantes tienen su residencia en las zonas turísticas costeras (casi un 40%) y en los centros financieros y empresariales de Madrid y Barcelona, y no presentan, en general, ninguna de las características de los llamados «inmigrantes económicos», si bien hay que hacer la salvedad de la población portuguesa, cuyos permisos de residencia están principalmente vinculados a actividades laborales y que viven principalmente en Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Extremadura. Entre los nacionales de países miembros de la Unión Europea los colectivos más importantes proceden de Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Francia e Italia. Los extranjeros pertenecientes al régimen general sólo ascienden a 219.657 personas, de las que más de la mitad proceden de América, con predominio de las nacionalidades iberoamericanas, destacando por su volumen Argentina, que representa casi el 17% de todo el colectivo americano. Por tanto, casi las tres cuartas partes de los residentes extranjeros en España (72,9%) pertenecen a nacionalidades de origen europeo y americano. Esto, unido al hecho de que el total representa una tasa muy baja respecto al conjunto de la población española (12,86 por mil) y de que su volumen crece a un ritmo muy moderado, permite plantear la cuestión de la integración de la población estrictamente inmigrante de forma optimista y sin tintes dramáticos. La evolución de los distintos colectivos desde 1992 se refleja en la tabla adjunta. Dentro de esta panorámica general hay que señalar que el colectivo que más ha crecido en cifras relativas después del europeo (un 39,14 %) es el de las personas oriundas del continente africano (un 38,61%) entre las que destacan los magrebíes. El colectivo marroquí constituye hoy en día el mayor contingente nacional extranjero en cifras absolutas, monopolizando en su casi totalidad (78,11% del total) a la extranjería proveniente del continente africano.
Estas cifras ponen de relieve la necesidad de prestar una atención creciente a la situación de los inmigrantes africanos, que aun representando hoy por hoy un porcentaje reducido de la población extranjera residente (menos de un 20%) está afectando de forma creciente a nuestro país, aunque sólo sea por efecto de la proximidad con este continente. Del continente asiático sólo proceden 43.471 residentes extranjeros, siendo el grupo más significativo el de los nacionales de Filipinas, con un 27% del total. Su volumen ha ido creciendo desde 1992, aunque de forma moderada. En cuanto a tendencias de futuro, aparte del crecimiento ya señalado de los residentes marroquíes, hay que destacar el fuerte crecimiento experimentado entre 1991 y 1996 de los nacionales de Perú y la República Dominicana. Mientras que los argentinos, con mayores efectivos, registran una tendencia a la disminución a partir de 1994, en parte explicada por el alto número de nacionalizaciones concedidas a este colectivo, los peruanos y dominicanos han más que doblado el número de permisos desde 1992.
b) Localización geográfica: asentamiento de población La población extranjera no sólo sigue estando muy concentrada en función de su nacionalidad de origen (12 nacionalidades absorben el 71% de los efectivos totales), sino también por su distribución territorial. A lo largo del pasado quinquenio la concentración de la población extranjera en Madrid, Barcelona, Canarias, Alicante, Málaga y Baleares ha seguido manteniéndose como una gran tendencia sin variación significativa, absorbiendo estas seis zonas el 67,2% del total de residentes. Haciendo excepción de la Comunidad de Madrid, las Autonomías de la España interior reciben aportaciones muy débiles de población extranjera, lo mismo que las Comunidades de la cornisa cantábrica. La Comunidad Autónoma de Madrid y la provincia de Barcelona acogen el 36,36% del total de residentes extranjeros, atraídos por las oportunidades que ofrece un amplio y diversificado mercado de trabajo. A diferencia de la zona levantina o de las islas, los efectivos de nacionalidades europeas localizados en Madrid y Barcelona son minoritarios frente a las nacionalidades de otros países. Barcelona concentra el mayor número de ciudadanos africanos, con casi 20.000 marroquíes censados. Entre Madrid y Barcelona se concentra también la mayor parte del colectivo asiático (filipinos y chinos).
c) Población con permiso de trabajo De los 219.327 extranjeros acogidos al régimen general, 161.900 tenían permiso de trabajo en vigor en 1995, lo que significa una tasa de actividad del 52%. La evolución que han registrado los permisos de trabajo concedidos en los últimos años se caracteriza por una inflexión a partir de 1992, que obedece, por un lado, a la no renovación de permios concedidos al amparo del proceso de regularización de 1991 y, por otro, a la no inclusión desde esa fecha de los ciudadanos comunitarios, con motivo de la entrada en vigor de la libre circulación de personas. En 1995 se concedieron 99.987
permisos de trabajo, lo que implica una cierta recuperación, consecuencia directa de la
aplicación desde 1993 de contingentes anuales de mano de obra extranjera, cuyas
autorizaciones se resolvieron en su mayor parte en 1995. El procedimiento del contingente de mano de obra extranjera ha permitido a partir de 1994 «aflorar» colectivos «opacos», que no habían intentado nunca normalizar su situación o que entraron en nuestro país posteriormente a 1991, ya que el número de solicitudes presentadas en el contingente de los tres últimos años supera ampliamente el volumen de pérdida de permisos que se produce después de la regularización de 1991. Las solicitudes resueltas positivamente en los contingentes de 1993, 1994 y 1995 ascienden, respectivamente, a 5.220, 25.604 y 19.946, lo que supone un total de más de 50.000 trabajadores extranjeros que han regularizado su situación en los últimos años. Al margen de los permisos de trabajo definidos en el Reglamento de ejecución, la propia Ley Orgánica 7/85, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España en su artículo 16 establece determinados supuestos en que, por razón de la actividad a desarrollar, los extranjeros quedan exceptuados de la obligación de obtener permiso de trabajo. El número de autorizaciones de residencia y trabajo expedidas por este motivo es de 1.684 en 1995 y de 1.460 en 1996. También se expiden autorizaciones especiales para trabajar a solicitantes de asilo, titulares de tarjetas de estudiantes o ciudadanos extranjeros incluidos en programas estatales de acogida. Destacan cuantitativamente en los dos últimos años las autorizaciones concedidas a los desplazados bosnios (211) y las que se concedieron a los africanos asentados ilegalmente en Ceuta y Melilla mediante el programa de acogida establecido (539).
a) Datos estimados y expulsiones Aparte de la población registrada, existe en España una cierta presencia de población extranjera en situación irregular. Sin embargo, el volumen de esta población no es tan alto como a veces se quiere señalar, hasta erróneamente, por fuentes oficiales. Su número se ha visto reducido considerablemente con las regularizaciones y la política de contingentes llevada a cabo, que, como se ha reflejado, ha permitido a unos 50.000 extranjeros regularizar su situación en los tres últimos años. Hacer una estimación del volumen total de esta población siempre es arriesgado, pero hay indicadores que permiten aproximarse a ella. En el Informe OPI 1996 se hacía este ejercicio, llegando a una estimación de unas 65.000 personas, aproximadamente el 25% de la población registrada. Esta cifra incluía los irregulares «sobrevenidos» (los que por una razón u otra no pudieron renovar sus permisos de residencia) y sus familiares, que se estimaban entre 25.000 y 30.000 personas. El número de solicitudes presentadas en el proceso extraordinario de documentación, que tuvo lugar a consecuencia de la aprobación del nuevo Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/85, que asciende a unas 25.000, confirma esta estimación más bien a la baja, bien entendido que los requisitos establecidos por el proceso Impedían la presentación de solicitudes de quienes no habían tenido una documentación previa. Con estas personas regularizadas en un porcentaje muy alto pueden quedar algo más de 40.000, que en parte pueden acogerse al contingente de 1997 abierto en estos momentos. Hay estimaciones mucho más altas, como la de Lorenzo Cachón (un 52% de los trabajadores extranjeros estarían indocumentados), pero no hay índices objetivos que respalden tales cifras. El problema de la inmigración irregular es que no es sólo un stock que se pueda ir controlando poco a poco, sino que es un flujo que trae cada año nuevos efectivos que van adaptando sus estrategias de entrada a las medidas de control que se van adoptando. La mayor presión migratoria desde el principio de los años 90 procede de Marruecos. Si tomamos como indicador de la conflictividad potencial de los nacionales de un país en materia de inmigración irregular el número de rechazados en frontera, los datos del Ministerio del interior son contundentes: en 1995, 173.988 personas fueron rechazadas en frontera por carecer de la documentación necesaria, de las cuales 168.704 eran de nacionalidad marroquí, lo que representa casi el 97% del volumen total de rechazados. En el año anterior, que incluía como fronteras exteriores las de Francia y Portugal, al no estar en vigor el Convenio de Schengen, los marroquíes representaban también el 95,6% de todos los rechazados en fronteras. Otros indicadores de inmigración irregular, como pueden ser el número de extranjeros expulsados, confirman la tendencia: Marruecos y Argelia se encuentran a la cabeza del número de expulsiones ejecutadas en los últimos cinco años. Después de 1993, que registró un incremento importante, el número de expulsados se ha estabilizado por debajo de las 5.000 personas por año. En cuanto a tendencias, se aprecia un descenso de los expulsados nacionales de Perú y República Dominicana a partir de 1995, que parece ligado a la implantación del visado para estos dos países en el año anterior; una reducción significativa de las expulsiones de nacionales de China a partir de 1994, y por el contrario un incremento en los dos últimos años en los colectivos procedentes de Colombia y Brasil, así como de Polonia y Rumanía. Otro dato llamativo de la Dirección General de Policía, que tiene que ver con presencia de extranjeros irregulares, es que, del análisis de las once provincias más importantes en esta materia, la media de expulsiones materializadas sobre el total de expulsiones dictadas no llega al 13%
b) Las redes de inmigración ilegal Gran parte de la inmigración ¡legal entra en España a través de redes delictivas más o ,menos organizadas. La inmigración procedente de África es la menor organizada a nivel de redes. El método más utilizado siempre ha sido llegar a Ceuta o Melilla desde Marruecos y, desde allí, intentar el paso del Estrecho por medio de pateras, barcos pesqueros, ocultos en las bodegas de los ferrys o en camiones de mercancías. Sin embargo, recientemente, y ante el aumento del control en la frontera, se han ido sofisticando también los métodos. Los programas de acogida de inmigrantes africanos ilegales asentados en Ceuta y Melilla están generando un nuevo tráfico de inmigrantes ilegales, que son conducidos a estas ciudades desde la Península o desde otros países europeos para acogerse a estos programas. Las más organizadas son las redes chinas, que utilizan para la introducción clandestina de ciudadanos chinos diversas rutas, dependiendo fundamentalmente de la capacidad económica del inmigrante. La más barata es la que hace Pekin-Moscú-Ucrania-Bratislava-Praga-Alemania-Francia-España, atravesando las fronteras de los Estados europeos por pasos clandestinos y en horas nocturnas. Las más caras incluyen la falsificación de pasaportes de países que no necesitan visado para entrar en España, como pueden ser Japón o Bolivia. La inmigración ilegal procedente de Hispanoamérica también utiliza los servicios de las redes de inmigración, accediendo preferentemente por vía aérea a paises como Alemania, Holanda o Portugal, con traslado posterior a España por carretera o ferrocarril. Las organizaciones que trafican con inmigrantes procedentes de la Europa del Este son todavía muy rudimentarias y cuentan con infraestructuras muy pobres, aunque están creciendo. Las redes de inmigración suelen incluir entre sus servicios al inmigrante ¡legal la oferta de empleo al llegar al país Schengen de destino. El tipo de empleo ofertado pertenece generalmente a la economía sumergida, muchas veces en condiciones muy duras, sin seguros sociales ni reconocimiento de derechos laborales. Algunos trabajan en condiciones de casi esclavitud, controlados por las mafias hasta que paguen en su totalidad el precio exigido por éstas para sus «servicios». La consecución de documentación falsificada es otro aspecto de este negocio repugnante. Quienes llegan a España a través de las redes de inmigración ¡legales suelen ser mayoritariamente inmigrantes jóvenes, entre 18 y 30 años, existiendo una cierta especialización por nacionalidad en el tipo de empleo sumergido al que se dedican. Especial referencia merece el tema de la mujer, ya que, aunque tradicionalmente se ha dicho que en las migraciones predominaban los hombres, en los últimos años esta situación está cambiando, adquiriendo una importancia creciente la mujer, que suele ser la más explotada.
Características de la integración Las condiciones de vida y de integración de los distintos colectivos que forman la población inmigrante en España han sido descritas a grandes rasgos en el Informe OPI 1996 «Radiografía de los inmigrantes económicos en España». Lo que es evidente es que a mayor nivel de seguridad jurídica y mayor tiempo de residencia, mejores condiciones de integración. En un extremo se encuentra el recién llegado que está en situación ¡legal y en el otro el inmigrante que se ha nacionalizado y disfruta de un empleo estable.
Trabajo: tipo de mercado Con o sin «papeles», el inmigrante se integra en un segmento del mercado laboral caracterizado por la inestabilidad, los bajos salarios, la falta de cualificación y la desregulación. En dos ámbitos típicos de ocupación, el servicio doméstico para las mujeres y el trabajo como jornalero del campo para los hombres, las condiciones de trabajo son duras, fijadas unilateralmente por el patrono, que define horarios y salarios a su conveniencia. Mantener el puesto de trabajo es vital para la permanencia del inmigrante porque incide en la renovación de su permiso de residencia.
Vivienda Un factor importante de discriminación, que afecta también en ocasiones a los propios españoles y que condiciona en gran medida sus posibilidades de integración, es el acceso a la vivienda. Sea en el campo, donde el alojamiento de los trabajadores agrícolas suele estar proporcionado por el empresario en condiciones muchas veces indignas, o en la ciudad, donde el acceso a un piso de alquiler resulta muy dificil por su alto coste, las condiciones de vivienda de los inmigrantes económicos se caracterizan en gran medida por el hacinamiento y la insalubridad. Al problema económico se unen los recelos xenófobos de muchos propietarios de pisos.
Educacíón En cuanto a la integración socio-cultural no existen hoy problemas cruciales. Los inmigrantes, en términos generales, aprenden el idioma con bastante facilidad; sus hijos están incorporados a los colegios públicos, jugando un papel importante de intermediación cultural; las distintas comunidades extranjeras han desarrollado redes de solidaridad que prestan apoyo al recién llegado, y la sociedad española sigue siendo mayoritariamente una sociedad abierta y tolerante, aunque no esté exenta de brotes de violencia xenófoba en determinados ámbitos, que deben ser controlados ara mantener un nivel satisfactorio de convivencia. En este tema, como en el de la vivienda, hay diferencias importantes según los colectivos (sobre todo entre los latinoamericanos y los magrebíes) y también según las regiones de asentamiento.
Salud Se puede afirmar que los trabajadores extranjeros que residen legalmente en España, con permiso de trabajo y en situación de alta en Seguridad Social, son los únicos que realmente tienen acceso a la salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles. E1 resto de extranjeros, aun en situación regular en nuestro país, tienen acceso al sistema público de salud de forma muy desigual y dependiendo en muy alta medida de su nivel cultural, el tipo de atención médica que requieran, el lugar geográfico donde se encuentran, etc. En cuanto al lugar de residencia o estancia de los inmigrantes, y puesto que las competencias en materia de sanidad han pasado en la última década de la Administración Central a la Autonómica, se observa que el comportamiento real de los responsables sanitarios de las distintas Autonomías, e incluso provincias, difiere ,notablemente y va desde la posición generalizada, en algunos lugares, de facilitar tarjeta sanitaria a los inmigrantes, hasta a poner obstáculos a la atención en los ,servicios de urgencias en algunos casos. A pesar de que el sistema español de sanidad tiene carácter universalista y de que se ha procedido al desarrollo normativo de la Ley General de Sanidad, por lo que prácticamente ningún español queda fuera de la posibilidad de acceso, como un derecho, a la sanidad pública, una parte de los inmigrantes se encuentran de facto sin posibilidad de acceder de forma regular al sistema público de salud. Además, estos casos suelen ir unidos a una situación económica y personal muy precarias. Hay que considerar que, desde el punto de vista de la salud pública y de los intereses generales, el hecho de que una parte de las personas que viven en nuestro país no tengan atención médica supone una situación real y potencial de riesgo. Sobre la base de los datos disponibles que acabamos de exponer, hemos elaborado una elemental radiografía de las características y situación de la inmigración en nuestro país, que obviamente puede sufrir alguna modificación cuando se conozcan los datos y las estadísticas más recientes. Ahora procede analizar un poco más en profundidad las causas del fenómeno migratorio y el cúmulo de problemas que estas personas llegadas a nuestro país para trabajar y establecerse encuentran en el día a día y cómo los poderes públicos y la sociedad reaccionan al respecto.
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