18 de abril de 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: MDE 29/04/96/s
DISTR.: SC/CO/GR
Las fuerzas de seguridad marroquíes continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, en violación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado Marruecos y a pesar de la presencia, desde 1991, de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).
Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el mandato de la MINURSO no incluya disposiciones más amplias para la vigilancia de la situación de los derechos humanos, así como por el hecho de que no se respeten siquiera las limitadas salvaguardias que contiene el mandato de la MINURSO para esos derechos. A menos que las Naciones Unidas adopten medidas urgentes, la MINURSO seguirá siendo testigo silencioso de la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos dos decenios las violaciones que contra los derechos humanos se cometen en el Sahara Occidental y ha emprendido actividades y campañas contra esa situación. Tras la anexión del Sahara Occidental por parte de Marruecos en 1975, centenares de saharauis fueron arrestados y «desaparecieron». Las autoridades marroquíes liberaron a más de trescientos de aquellos «desaparecidos» en junio de 1991, tras haber permanecido más de dieciséis años en condiciones inhumanas en centros secretos de detención, donde muchos de ellos perdieron la vida. Todavía hoy los familiares no saben dónde están enterrados sus seres queridos. Las autoridades no han reconocido estas muertes. Ese mismo año fueron también liberados unos treinta marroquíes del centro secreto de detención de Tazmamert, donde habían pasado dieciocho años.
Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la liberación de estos «desaparecidos», pero aún hoy sigue expresando su preocupación porque sigue sin darse explicación alguna sobre la suerte de centenares más de «desaparecidos», la mayoría de ellos saharauis. Al día de hoy, todavía siguen sin recibir ninguna compensación los que habían «desaparecido» y recuperaron la libertad, como tampoco los familiares de los que murieron en detención secreta. Tampoco se ha realizado investigación alguna sobre estas «desapariciones» ni sobre la muerte de multitud de personas en los centros secretos de detención. Las autoridades de Marruecos no han mostrado intención alguna de investigar estas violaciones y los responsables siguen gozando de total impunidad.
Tras la liberación de «desaparecidos» saharauis y marroquíes en 1991 se han registrado en Marruecos otras mejoras significativas en la situación de los derechos humanos en el país, como la conmutación de 195 sentencias de muerte en 1993 y la liberación en 1994 de más de 350 presos de conciencia y presos políticos que habían sido condenados en juicios que no cumplieron las garantías mínimas de justicia procesal. Sin embargo, estas mejoras en la situación de los derechos humanos en Marruecos no se han ampliado hasta el Sahara Occidental, como tampoco se han materializado las esperanzas de que se produzcan novedades alentadoras, especialmente la aclaración de la suerte de los centenares de personas que siguen «desaparecidas».
La detención en el Sahara Occidental de presuntos opositores políticos sigue siendo generalizada. La prolongada detención en secreto, una práctica de la que hoy apenas se reciben informes provenientes de Marruecos, sigue siendo habitual en el Sahara Occidental, donde la mayoría de los detenidos jamás son objeto de procedimiento legal alguno. Los que habían «desaparecido» y ahora están en libertad se encuentra sometidos a estrecha vigilancia y sus libertades de expresión, asociación y circulación están restringidas. Además, muchos de estos ex «desaparecidos» del Sahara Occidental han vuelto a ser arrestados y han sido encarcelados de nuevo en detención secreta durante semanas y meses. Los jóvenes arrestados tras las manifestaciones en favor de la independencia en el Sahara Occidental han sido sentenciados por el Tribunal Militar de Marruecos a penas de hasta veinte años de cárcel por cargos como el de amenazar la seguridad externa del Estado. Estos presos de conciencia siguen en la cárcel, y no se han investigado las denuncias de que fueron torturados durante su prolongada detención preventiva en secreto.
En este informe se abordan asimismo los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relacionados con pasados abusos cometidos en los campos de refugiados administrados por las autoridades del Frente Polisario en el sur de Argelia.
Amnistía Internacional pide:
Este texto resume el documento titulado Marruecos y el Sahara Occidental - Violaciones de Derechos Humanos en el Sahara Occidental (Índice AI: MDE 29/04/96/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 1996. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deben leer el documento completo.
18 de abril de 1996
Índice AI: MDE 29/04/96/s
DISTR: SC/CO/GR
ÍNDICE
«DESAPARICIONES»: ATMÓSFERA DE MIEDO, SILENCIO Y NEGACIÓN
LIBERACIÓN DE ALGUNOS DE LOS «DESAPARECIDOS»
EX «DESAPARECIDOS»: IMPUNIDAD PARA LOS PERPETRADORES
INCAPACIDAD DE MINURSO PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
CONTINUACIÓN DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las fuerzas de seguridad marroquíes continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. Se detiene a presos de conciencia por la expresión pacífica de sus convicciones y se ha encarcelado a algunos de ellos tras juicios celebrados sin las debidas garantías ante el Tribunal Militar. Es común la detención secreta prolongada y nunca se investigan las denuncias de tortura y malos tratos. En 1991, las autoridades marroquíes liberaron a más de trescientos saharauis que llevaban «desaparecidos» hasta dieciséis años. Sin embargo, sigue sin darse razón de otros centenares que «desaparecieron» después de ser detenidos a partir de 1975, y no se han investigado ni la «desaparición» de los que fueron liberados de centros secretos de detención en 1991 ni las muertes de otras decenas de «desaparecidos». Ni los que estuvieron «desaparecidos» ni las familias de los que murieron en detención secreta han recibido indemnización alguna y, además, algunos de los que habían estado «desaparecidos» volvieron a ser arrestados y algunos de éstos permanecieron detenidos varios meses.
En los últimos cinco años se ha experimentado en Marruecos un progreso significativo en la situación de los derechos humanos; por ejemplo, se ha liberado a centenares de «desaparecidos» y de presos de conciencia, y se han conmutado sentencias de muerte. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción esos acontecimientos tan positivos y ha pedido a las autoridades marroquíes que continúen la obra comenzada con esos avances tomando nuevas medidas para mejorar aún más la situación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sahara Occidental.
Amnistía Internacional ha continuado documentando sus motivos de preocupación sobre violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental[1] a lo largo de los dos últimos decenios. La organización ha hecho muchas recomendaciones al gobierno marroquí pidiendo que tomase medidas para abordar cuestiones pendientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y sobre las que siguen cometiéndose, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Reino de Marruecos en virtud de los tratados de derechos humanos que ha ratificado.[2]
Estas violaciones comenzaron cuando Marruecos se anexionó el Sahara Occidental en 1975[3] y han continuado a pesar de la presencia, desde 1991, de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).[4] Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el mandato de la MINURSO no incluya disposiciones más amplias para la vigilancia de la situación de los derechos humanos y para la investigación y denuncia de violaciones de estos derechos, así como por el hecho de que incluso las limitadas salvaguardias que contiene el mandato de la MINURSO para los derechos humanos no se respeten. Amnistía Internacional lleva desde los años setenta planteando sus preocupaciones a las autoridades marroquíes. Desde 1992 ha solicitado asimismo a la ONU que vele porque se respeten las salvaguardias para los derechos humanos que contiene el mandato de la MINURSO y que amplíe éste de forma que incluya nuevas disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos. Hasta el momento, las Naciones Unidas no han tomado estas medidas, pero, a menos que se tome, de manera urgente, una determinación para remediar la cuestión de los derechos humanos en el Sahara Occidental, la MINURSO no será más que un testigo silencioso de la violación de estos derechos.
Amnistía Internacional no adopta posición alguna en lo que respecta a la disputa territorial entre Marruecos, que afirma tener la soberanía sobre el Sahara Occidental, y el Frente Polisario, que pide la instauración de un Estado independiente en dicho territorio, ni sobre las cuestiones relativas al referéndum sobre el futuro del Sahara Occidental. A la organización solamente le incumben las violaciones de derechos humanos que caen dentro de su mandato. Del mismo modo, las preocupaciones de Amnistía Internacional en lo que respecta a la función de la MINURSO se ciñen exclusivamente a su falta de protección efectiva de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Este informe detalla casos de violaciones de derechos humanos y las pautas que siguen estas violaciones en el Sahara Occidental; en él se incluyen referencias a la situación de los derechos humanos en Marruecos con objeto de ilustrar la pauta de las violaciones y la evolución de la situación de derechos humanos. El informe incluye también las preocupaciones de Amnistía Internacional en lo que respecta a los abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos de refugiados administrados por las autoridades del Frente Polisario y situados en Tinduf, en el sur de Argelia. Amnistía Internacional ha obtenido la información que contiene este documento a lo largo de varios años: se la han procurado las víctimas y sus familiares, testigos presenciales, abogados, médicos, personal de las Naciones Unidas, las autoridades marroquíes y las del Frente Polisario, así como otras fuentes; estos testimonios se han contrastado y verificado según el método de trabajo de la organización. Debido a que siguen produciéndose violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, no se revela la identidad de algunas de las víctimas y de las fuentes de información para proteger la integridad de las personas afectadas.
Este documento incluye recomendaciones dirigidas a las autoridades marroquíes, a las Naciones Unidas y a las autoridades del Polisario.
«DESAPARICIONES»: ATMÓSFERA DE MIEDO, SILENCIO Y NEGACIÓN
Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzosas[5].
La práctica sistemática de las autoridades marroquíes de hacer «desaparecer» a los opositores políticos, conocidos o supuestos, se remonta a los años sesenta. Uno de los casos pendientes más antiguos de «desaparición» en Marruecos es el de Abdelhaq Rouissi, un sindicalista que «desapareció» de su casa el 4 de octubre de 1964. Fue visto en centros secretos de detención en 1979, 1983 y 1989, pero las autoridades no han facilitado información sobre su paradero, por lo que sigue «desaparecido». Decenas más de marroquíes «desaparecieron» tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad, la mayor parte de ellos en los años setenta.
Las «desapariciones» de saharauis comenzaron a suceder a fines de 1975 y continuaron hasta fines de la década de los ochenta. La última gran oleada de «desapariciones» de que se tiene noticia tuvo lugar en noviembre de 1987, fecha en que una misión técnica de la ONU visitó el Sahara Occidental.
Los hombres y mujeres, e incluso los niños, que «desaparecieron» en el Sahara Occidental a partir de 1975 eran de toda condición. A muchos los detuvieron porque se les atribuían actividades proindependentistas, apoyo al Frente Polisario u oposición al dominio de Marruecos sobre el Sahara Occidental. A algunos los detuvieron cuando trataban de huir del Sahara Occidental a los campos de refugiados del Polisario en la vecina Argelia. Otros, entre los que se cuentan ancianos y niños, «desaparecieron» por sus vínculos familiares con conocidos o supuestos opositores a la política del gobierno marroquí en el Sahara Occidental.
Tras ser arrestados por el ejército marroquí y otras fuerzas de seguridad, los detenidos eran llevados a centros secretos de detención situados en el propio Marruecos o en el Sahara Occidental; en dichos centros, la tortura y los malos tratos eran habituales, sobre todo durante el interrogatorio. Salvo en raras excepciones, los detenidos no fueron nunca acusados de ningún delito, ni juzgados ni sometidos a ningún procedimiento judicial. Algunos fueron liberados después de pasar semanas o meses en detención secreta, pero hubo centenares que «desaparecieron» sin más.
A pesar del secreto y el temor que envuelven la cuestión de las «desapariciones», a lo largo de los años empezaron a llegar al mundo exterior algunas noticias sobre los «desaparecidos» que habían sido vistos en varios de los centros secretos de detención. Sin embargo, la información pormenorizada resulta difícil de obtener, ya que incluso las pocas familias que saben algo sobre sus familiares «desaparecidos» son remisas a hablar abiertamente por miedo a someter a sus parientes a riesgos aún mayores o por temor por su propia seguridad. En algunos casos, a los que trataron de conseguir información sobre sus familiares, los detuvieron, a su vez, o les hicieron «desaparecer». La práctica del arresto y la detención fuera del marco de la legalidad así como la negación, tanto a los detenidos como a sus familiares, de todo recurso al procedimiento judicial desanima a las familias de interponer querellas o de solicitar información sobre sus parientes «desaparecidos».
Por ejemplo, en marzo de 1976 arrestaron a El-Khader Ayad Daoud y a su hermano Ahmed-Salek, un mes después del arresto de su padre, Mohamed Ayad Daoud. En 1977 arrestaron a otro hermano. Al padre de El-Khader le detuvieron en su propia casa, delante de su familia, el 27 de febrero de 1976. A El-Khader, que tenía veinticuatro años, le detuvieron en el Centro Pedagógico Regional de Agadir, al sur de Marruecos, donde estudiaba para profesor de enseñanza secundaria. A su hermano Ahmed-Salek, de dieciocho años, le detuvieron poco después, a la vista de sus compañeros de clase, en el aula de la escuela secundaria de Inezgane, cerca de Agadir. Al principio, ambos hermanos estuvieron recluidos en la Comisaría Central de Agadir. A partir de entonces, su ruta hacia la «desaparición» fue la misma que la de otros centenares de personas. Tras cuatro meses en el centro de detención de Derb Moulay Cherif, en Casablanca, en el que se practicaba la tortura de forma sistemática, El-Khader y su hermano Ahmed-Salek fueron trasladados a un centro secreto de detención de Agdz, una pequeña población del valle de Draa, al sudeste de Marruecos. Allí encontraron a su padre; poco después, los tres fueron trasladados a otro centro secreto de detención, el de Qalat M'Gouna, situado al norte de Agdz en la carretera que lleva de Rachidia a Uarzazate, en el pintoresco valle conocido como el «valle de las rosas». Estuvieron recluidos allí con centenares de otros «desaparecidos», en su mayoría saharauis y algunos, marroquíes; ninguno de ellos sabía por qué se encontraba allí ni cuánto tiempo tendría que permanecer en el centro. El 31 de diciembre de 1984 quedaron en libertad del centro de Qalat M'Gouna cinco marroquíes que llevaban «desaparecidos» desde principios de 1976. Del mismo modo en que nunca les habían dicho por qué los habían detenido, tampoco les dijeron por qué los liberaban; hasta la fecha, las autoridades marroquíes no han reconocido su detención. En 1985, con ocasión de la visita del rey Hassan II a Qalat M'Gouna, El-Khader, su hermano y su padre, así como los demás «desaparecidos, fueron trasladados a otro centro secreto de detención de Skoura, cerca de Uarzazate, en el que permanecieron unos diez días y luego fueron llevados de nuevo a Qalat M'Gouna, de donde no salieron hasta su liberación en junio de 1991. Más de cuarenta «desaparecidos» murieron en Agdz y en Qalat M'Gouna, y cada vez que perecía uno de ellos, crecía el miedo entre los demás «desaparecidos» de morir ellos también sin que sus familias ni nadie en el mundo supiera cómo, cuándo ni dónde habían muerto.
Los que creían que El-Khader, su hermano, su padre y los otros cientos de «desaparecidos» estaban vivos, siguieron haciendo campaña por su liberación, pero se enfrentaban a una difícil tarea. Durante dieciséis años, las autoridades marroquíes negaron todo conocimiento de El-Khader, su hermano, su padre y los demás centenares de personas recluidas en centros secretos de detención.
A causa de la escasez de detalles conocidos sobre los «desaparecidos», sobre las circunstancias de su detención y «desaparición», y debido a la continua negativa de las autoridades marroquíes a reconocer la detención, muchos dudaban que esas «desapariciones» se hubieran producido en absoluto y, por tanto, no estaban dispuestos a plantear los casos a las autoridades marroquíes.
En marzo de 1986, Amnistía Internacional presentó 88 casos de «desaparecidos» saharauis al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), entre ellos los de El-Khader Ayad Daoud, su hermano Ahmed-Salek y su padre, Mohamed. La organización había obtenido los testimonios de testigos presenciales que confirmaban su arresto. Amnistía Internacional había planteado los casos de estos «desaparecidos» a las autoridades marroquíes durante una visita a Marruecos en febrero de 1981, y sus nombres habían aparecido en un informe de Amnistía Internacional publicado en 1982. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones rechazó 86 de los 88 casos que Amnistía Internacional le presentaba arguyendo que no había suficiente información sobre aquellos individuos para justificar una investigación de su «desaparición».
En junio de 1988, Amnistía Internacional planteó a la ONU los casos de 24 saharauis de los que se había dicho que habían «desaparecido» tras ser detenidos, junto a centenares más, con ocasión de una misión técnica de estudio de la ONU al Sahara Occidental en noviembre de 1987. Entre los casos que se plantearon figuraba el de Ghalia ment Abdallahi ould Mohamed, una ingeniera agrónoma que había «desaparecido» tras su arresto, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1987 en El Aaiún. El subsecretario general de asuntos políticos de la ONU contestó a Amnistía Internacional en julio de 1988 que no tenía conocimiento de que las personas citadas estuvieran «desaparecidas».
LIBERACIÓN DE
ALGUNOS DE LOS «DESAPARECIDOS»
En junio de 1991, más de trescientos saharauis
«desaparecidos» fueron liberados de los centros secretos de
detención de Qalat M'Gouna y El Aaiún. El gobierno
marroquí emitió una lista[7]
con los nombres de 268 de los liberados, entre ellos El-Khader Ayad
Daoud, su hermano Ahmed-Salek, su padre, Mohamed, y muchos otros
«desaparecidos» cuyos casos habían sido planteados
durante muchos años por Amnistía Internacional a las
autoridades marroquíes y que habían sido rechazados por el
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones en 1986. Muchos de los que
habían sido arrestados y habían «desaparecido»
tras la misión técnica de estudio de las Naciones Unidas en
el Sahara Occidental en noviembre de 1987 fueron liberados
también en junio de 1991; entre ellos estaba Ghalia ment Abdallahi
ould Mohamed. Ese mismo año, posteriormente, las autoridades
marroquíes liberaron también a unos treinta
marroquíes del centro secreto de detención de Tazmamert,
donde habían pasado dieciocho años, a lo largo de los cuales
habían fallecido más de treinta reclusos. La mayoría
de ellos eran oficiales del ejército y otros militares a los que
habían detenido tras las tentativas de golpe de Estado de 1971 y
1972, además de tres civiles, hermanos, de doble nacionalidad
francesa y marroquí. Durante años se plantearon sus casos
en vano a las autoridades marroquíes. Después de liberar a unas personas cuya detención
negaron en algunos casos durante dieciocho años, las autoridades
marroquíes continúan negando todo conocimiento sobre
otros centenares de «desaparecidos» de los que nadie ha dado
razón. Entre quienes niegan la existencia de
«desaparecidos» saharauis figuran personas que tuvieron un
papel destacado en el Frente Polisario y que, tras abandonar dicha
organización, trabajan con el gobierno de Marruecos. Sostienen que
los «desaparecidos» saharauis a los que mencionan
Amnistía Internacional y otras organizaciones no existen, que esas
listas fueron falsificadas por las autoridades del Polisario por motivos
propagandísticos. Más de trescientos de los
«desaparecidos» cuya existencia negaban fueron liberados en
1991; todavía hoy continúan negando la existencia de
otros. Hasta la fecha, centenares de familias siguen sin poder conseguir
información alguna sobre el paradero de los parientes que llevan
«desaparecidos» hasta veinte años, en algunos casos.
Entre aquellos de los que no se ha tenido noticia se encuentran Mokhtar
ould M'Barek ould Mohamed ould El-Alem Breira, un agricultor de
Hagounia que fue arrestado en su casa, delante de su familia, el 7 de
febrero de 1976, y Tebker ment Sidi-Mohamed ould Khattari, madre de
cinco hijos, que fue detenida en marzo de 1985 cuando se trasladaba de
Dakhla a El Aaiún con otra mujer que también
«desapareció» pero acabó por ser liberada en
junio de 1991. Hasta el momento han resultado inútiles los intentos
de sus familiares de conocer la suerte que han corrido. Ha habido denuncias de que algunos de los
«desaparecidos» fueron ejecutados extrajudicialmente poco
después de su arresto y de que otros murieron en detención
secreta. Cualquiera que sea la suerte que corrieran después de su
arresto, hay que esclarecer ya esta cuestión. Sus familiares tienen
derecho a saberlo todo. Del mismo modo, las familias de las decenas de
«desaparecidos» de los que se sabe que murieron en los centros
secretos de detención de Agdz, Qalat M'Gouna y El Aaiún
entre 1975 y 1990 tienen derecho a que se les notifique su muerte y se les
indemnice. Las autoridades marroquíes no han reconocido nunca
oficialmente las muertes de esos «desaparecidos» y no se han
llevado a cabo las investigaciones necesarias para procesar a los culpables
de su «desaparición» y muerte. Las familias de las
víctimas no han recibido indemnización alguna y, hasta la
fecha, no han logrado encontrar la sepultura de sus parientes. EX
«DESAPARECIDOS»: IMPUNIDAD PARA LOS
PERPETRADORES En ningún momento, al liberar en 1991 a los ex
«desaparecidos», expresaron las autoridades marroquíes
la menor intención de investigar esos hechos y procesar a los
responsables. Cuando fue designado el primer ministro marroquí de
derechos humanos, en noviembre de 1993, declaró que haría
lo posible para compensar a los ex «desaparecidos» y por
esclarecer la suerte de los restantes. En el transcurso del año
siguiente, se asignó a los ex militares que habían sido
liberados del centro secreto de Tazmamert tras dieciocho años de
detención secreta una cantidad mensual en concepto de
«ayuda humanitaria» o «pensión», pero no
se les pagó ninguna indemnización. Las familias de los que
perdieron la vida en Tazmamert recibieron certificados de defunción
(que, no obstante, no daban información alguna sobre el lugar, las
causas y las circunstancias del fallecimiento). Seis civiles
marroquíes que salieron de Qalat M'Gouna el 31 de diciembre de
1984, que llevaban «desaparecidos» desde 1976 y cuya
detención no ha sido reconocida por las autoridades hasta la fecha,
han seguido planteando su caso a las autoridades marroquíes y
exigiendo reparación e indemnización por el sufrimiento que
padecieron durante los años que pasaron en detención
secreta. Sus casos, al igual que los de otros marroquíes
«desaparecidos», han sido planteados también por las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Marruecos,
así como por algunos de los partidos políticos del
país, pero tampoco estas entidades han obtenido ningún
resultado. La mayoría de los ex «desaparecidos»
marroquíes no están autorizados a salir de su país
y al menos dos de ellos volvieron a ser detenidos arbitrariamente en 1995.
En vista de lo delicada que es, políticamente hablando, la
cuestión del Sahara Occidental, rara vez se ha suscitado
abiertamente en Marruecos la suerte de los «desaparecidos»
saharauis. Los familiares de los que murieron en detención secreta
o que siguen «desaparecidos» no pueden denunciarlo por temor
por su propia seguridad. Los únicos que se han manifestado al
respecto son los que han logrado abandonar el Sahara Occidental; otros han
proporcionado información con la condición de que no se
revelara su identidad mientras permanecieran en el Sahara Occidental o en
Marruecos. La mayoría de los saharauis
«desaparecidos» que fueron liberados en 1991 siguen
prácticamente aislados del mundo. Su derecho a la libertad de
expresión, asociación y circulación está
severamente restringido y, hasta la fecha, se les ha negado toda
indemnización y los medios de obtener reparación por la
tortura y los malos tratos a que los sometieron durante los años que
estuvieron en detención secreta. Una mujer saharaui que estuvo «desaparecida» y fue
liberada en junio de 1991 dijo a Amnistía Internacional: El sentimiento de miedo incesante que expresa esta mujer lo han
manifestado también otros ex «desaparecidos», los
familiares de los que siguen «desaparecidos» y otras
personas. Mahmoud Moulay Ahmed El-Othmani fue liberado de Qalat M'Gouna
en junio de 1991 tras nueve años y cinco meses de
«desaparición». Como muchos otros, estaba enfermo
pero no podía lograr un tratamiento médico adecuado. No
le permitían salir de El Aaiún y con frecuencia, las fuerzas
de seguridad le detenían y le interrogaban; además,
había temporadas en que le prohibían salir de su domicilio.
A fines de 1992 se las arregló para escapar del Sahara Occidental.
Esto es lo que dijo a Amnistía Internacional: Encima de estar sometidos a restricciones en su libertad de
expresión, asociación y circulación, muchos de los
ex «desaparecidos» que fueron excarcelados en 1991 han
vuelto a ser arrestados y a estar en detención secreta, a veces
durante periodos prolongados. Entre ellos figuran una mujer, Gleimina
Tayeb Yazidi, y cinco varones, Alamine Abdelkader Daagui, Bamba
Mohamed Gay, Mohamed Salem Abdelhay, Bachir Atman Hosein
Lekhfaouini y Brahim Sbai, que fueron arrestados en noviembre de 1995;
Soukeina Jedahlou þuna mujer que fue detenida en septiembre de 1992 en
Smara, con ocasión de unas manifestaciones que tuvieron lugar en
la ciudad, y que estuvo incomunicada durante dieciocho mesesþ, Bachir
Lekhfaouni y Sebaha Ahmed Lehbib, todos ellos detenidos en 1992 y
recluidos en régimen de incomunicación hasta fines de
1993. Los familiares de esos y otros detenidos no lograron obtener ninguna
información sobre su paradero durante el tiempo que estuvieron en
detención secreta. INCAPACIDAD DE
MINURSO PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
SAHARA OCCIDENTAL La ausencia de disposiciones concretas en el mandato de la MINURSO
para la vigilancia de la situación de derechos humanos y la
investigación de violaciones de estos derechos, así como su
falta de protección efectiva de ellos en el Sahara Occidental,
suscitan una honda preocupación. El Plan de Aplicación que
propuso el secretario general con arreglo a la Resolución 621 del
Consejo de Seguridad de 20 de septiembre de 1988[10], contiene, no obstante, ciertas disposiciones
que, si se cumplieran, constituirían importantes salvaguardias para
los derechos humanos: Estas y otras disposiciones que deberían haber garantizado una
cierta protección de los derechos humanos no se han aplicado hasta
el momento. El periodo de transición establecido en el Plan de
Aplicación se ha prorrogado repetidamente por
recomendación del secretario general de las Naciones Unidas, al
parecer debido a lo lentamente que está desarrollándose el
proceso de determinar quiénes tienen derecho a votar en el
referéndum. Además de ello, el limitado número de policías
civiles (CIVPOL) desplegados[16] hasta
el momento no han recibido el mandato de realizar su cometido, que
consiste en: En el momento de redactarse este informe no había indicaciones
de cuándo se desplegaría completamente la CIVPOL para
empezar a cumplir su mandato. Según el informe presentado por
secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad el 19 de enero de
1996, las tareas de CIVPOL, hasta nuevo aviso, «siguen
limitándose a proporcionar asistencia técnica a la
Comisión de Identificación y a mantener su presencia las
veinticuatro horas del día en todos los centros de
identificación»[18]. En su informe del 26 de enero de 1993, el secretario general de las
Naciones Unidas afirmaba: «MINURSO, en tanto que misión
de las Naciones Unidas, no podía ser testigo silencioso de
comportamientos que infringieran los derechos humanos de la
población civil». Sin embargo, en realidad, MINURSO ya ha sido testigo silencioso de
las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el Sahara
Occidental y no ha podido garantizar la protección de los
más básicos de esos derechos. Mientras la MINURSO
estaba presente para supervisar la preparación de un
referéndum para determinar el futuro del Sahara Occidental,
centenares de saharauis que habían participado en reuniones o
manifestaciones en pro de la independencia þo saharauis a quienes se
atribuyó tal actividadþ fueron arrestados por las fuerzas de
seguridad marroquíes, que los mantuvieron durante semanas o
meses en detención secreta; algunos de ellos fueron juzgados por
un tribunal militar que los condenó a prisión por la
expresión pacífica de sus opiniones. Han quedado sin
investigar denuncias generalizadas de tortura y malos tratos. Se ha
expulsado del Sahara Occidental a algunos saharauis y se les ha deportado
a Marruecos, mientras que a otros los arrestaban y encarcelaban por
intentar abandonar el Sahara Occidental o Marruecos para refugiarse en el
extranjero. Amnistía Internacional pide ahora a las Naciones Unidas que
tomen las medidas necesarias para que se respeten las salvaguardias para
los derechos humanos que contiene el mandato de la MINURSO y que
amplíen dicho mandato de forma que contenga una
disposición concreta que la faculte para vigilar in situ la
situación de los derechos humanos, así como para llevar a
cabo investigaciones de denuncias de violaciones de estos derechos y para
publicar sus resultados. CONTINUACIÓN
DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL
SAHARA OCCIDENTAL En los últimos cinco años, centenares de personas han
sido detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes en el Sahara
Occidental por sus actividades u opiniones, conocidas o supuestas, en favor
de la independencia. Muchos de los arrestados pasaron semanas o meses
en detención secreta, sin acceso a sus familiares. En el trascurso de
ese tiempo, según informes, fueron torturados y maltratados. La
inmensa mayoría de los arrestados estuvieron detenidos en secreto
y no fueron sometidos a ningún tipo de procedimiento judicial;
algunos, detenidos tras reuniones o manifestaciones en favor de la
independencia, fueron acusados de amenazar la seguridad del Estado y la
integridad territorial de Marruecos. A estos los condenó el Tribunal
Militar de Marruecos a penas de hasta veinte años de cárcel.
En octubre de 1992, decenas (centenares, según algunos
informes) de personas fueron detenidas en diversas localidades del Sahara
Occidental tras unas manifestaciones en pro de la independencia. Entre
ellas figuraban cuatro jóvenes: Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat,
mujer de veintiún años procedente de Smara; Brahim Jouda;
Baricallah El-Bar, y Mohamed Bennou. A otros dos, Salek Bazid y Ali El-
Gharabi, los detuvieron el 16 de mayo de 1993. Los seis estuvieron en
detención secreta sin acceso a sus familiares ni al mundo exterior
hasta el 29 de julio de 1993, en que los juzgó el Tribunal Militar
en Rabat. Antes del juicio, que se celebró a puerta cerrada, no les
habían permitido consultar con abogados. Los abogados
marroquíes que deseaban observar el juicio no lograron averiguar
cuándo iba a celebrarse. Todos los encausados estaban acusados de
amenazar la seguridad exterior del Estado y los cuatro primeros, de
incendiar bienes ajenos. Todos ellos negaron los cargos y declararon ante
el tribunal que habían firmado las declaraciones policiales bajo
coacción, después de ser torturados. Sin embargo, el tribunal
desoyó sus denuncias. En una declaración sacada
clandestinamente de la prisión militar en 1995, Kelthoum Ahmed
Labid El-Ouanat afirmaba que después del arresto la habían
sometido a abusos sexuales, torturas y palizas. Condenaron a los seis
acusados a veinte años de cárcel. Después del juicio
los trasladaron a la prisión militar de Ben Sergaou, que se encuentra
cerca de Agadir, al sur de Marruecos, y volvieron a someterlos a
régimen de incomunicación hasta noviembre de 1993, fecha
en que recibieron la primera visita de sus familiares. Amnistía
Internacional los considera presos de conciencia y pide su liberación
inmediata e incondicional. En octubre de 1992, Amnistía Internacional se puso en contacto
con las oficinas de la MINURSO en El Aaiún y Smara para obtener
información sobre las noticias de detenciones tras las
manifestaciones. Los funcionarios de la MINURSO dijeron a
Amnistía Internacional que no tenían conocimiento de que
se hubieran producido manifestaciones ni arrestos en el Sahara Occidental,
y que si hubieran tenido lugar dichos acontecimientos, ellos habrían
estado informados. Sin embargo, aproximadamente en las mismas fechas,
las autoridades marroquíes confirmaban públicamente que
se habían practicado detenciones tras las manifestaciones que se
habían celebrado en diversas localidades del Sahara Occidental,
aunque no mencionaban el incendio de bienes en relación con las
manifestaciones. El informe del secretario general de la ONU
correspondiente a enero de 1993[20]
también alude a noticias sobre manifestaciones. El 11 de mayo de 1995, ocho jóvenes, Ahmed El-Kouri, Nebt
Ramdane Bouchraya, Arbi Brahim Baba, Cheykhatou Bouh, M'Rabih
Rabou Neysan, Abdelhay Lekhal, Mahfoud Brahim Dahou y Salama
Ahmed Lembarki, todos ellos de edades comprendidas entre los dieciocho
y los veinte años, fueron detenidos y acusados de participar en una
manifestación pacífica en favor de la independencia en El
Aaiún. Los mantuvieron en régimen de
incomunicación y en detención secreta durante más
de cinco semanas, a lo largo de las cuales, al parecer, los torturaron y
maltrataron. Los juzgó el Tribunal Militar de Rabat el 21 de junio
de 1995 por amenazar la seguridad exterior y la integridad territorial de
Marruecos. En el juicio, los jóvenes negaron haber organizado la
manifestación o participado en ella y afirmaron que los
habían obligado a firmar confesiones mediante torturas, tales como
la aplicación de descargas eléctricas; sin embargo, no se
investigaron sus declaraciones. En sus confesiones se afirmaba que
habían preparado y portado banderas del Polisario, que
habían organizado reuniones y participado en ellas, y que
habían cantado consignas proindependentistas. Los condenaron por
los cargos mencionados y los sentenciaron a penas de cárcel que
oscilaban entre los quince y los veinte años. Este fue el primer juicio þque constituye uno de los pocos casos en que
se ha juzgado a saharauis detenidosþ al que asistieron observadores de
organizaciones marroquíes de derechos humanos. Estos
observadores criticaron el juicio, que no fue público, por infringir
las normas internacionales sobre garantías procesales. El 9 de julio
de 1995, con ocasión del cumpleaños del rey Hassan II y del
día de la juventud, se redujeron sus condenas a un año, por
indulto real. Amnistía Internacional acogió con agrado la
reducción de las penas pero sigue pidiendo su liberación
inmediata e incondicional, ya que los considera presos de conciencia. El arresto, la detención y el encarcelamiento de individuos por
su presunta o confirmada participación en actividades
pacíficas en favor de la independencia o de oposición
política constituyen violaciones flagrantes de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Marruecos. Tales
prácticas eran corrientes en Marruecos en los años setenta y
ochenta, en que centenares de activistas, reales o supuestos, de la
oposición política fueron detenidos por cargos de amenazar
la seguridad del Estado y fueron condenados a penas que llegaron a la
cadena perpetua e incluso la muerte. Después de años de
campañas de las organizaciones de derechos humanos
marroquíes e internacionales contra esas y otras violaciones, y de
que las cuestiones suscitadas por aquellas fuesen adoptadas por los partidos
políticos de oposición, los sindicatos, los medios de
comunicación y otras instituciones marroquíes, se
habían producido en Marruecos progresos significativos en la esfera
de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha acogido con
agrado los acontecimientos positivos que se han producido en la
situación de los derechos humanos del país, entre ellos la
liberación de los «desaparecidos», los presos de
conciencia y los presos políticos condenados en juicios sin las
debidas garantías, la conmutación de sentencias de muerte
y las enmiendas en la legislación que disponían
salvaguardias para los derechos humanos. En el Sahara Occidental, sin embargo, sigue siendo
prácticamente imposible hacer campaña contra las
«desapariciones» y otras violaciones de derechos humanos, en
vista del clima de constantes violaciones, restricciones e
intimidación que imponen las fuerzas de seguridad
marroquíes. Ni las organizaciones de derechos humanos
marroquíes ni las internacionales ni los medios de difusión
han podido realizar las investigaciones necesarias ni plantear cuestiones
relativas a los derechos humanos y la libertad de expresión,
asociación o actividad política en el Sahara Occidental. Por
ejemplo, en septiembre de 1991, Bella Ma' El Ainain, un saharaui que
trabajaba en un banco de Agadir, fue detenido por enviar por fax un
artículo de un periodista suizo sobre el Sahara Occidental. Lo
tuvieron en detención secreta durante más de cuatro meses,
a lo largo de los cuales lo torturaron y maltrataron, al parecer.
Quedó en libertad en enero de 1992. Los saharauis sufren graves restricciones en su libertad de
circulación: incluso les llegan a imponer arbitrariamente el arresto
domiciliario o el confinamiento en el pueblo o ciudad en que residen. La
mayoría de los saharauis, sobre todo los jóvenes, no logran
obtener pasaporte para salir al extranjero y las fuerzas de seguridad han
detenido a muchos de ellos mientras intentaban cruzar la frontera, desde el
Sahara Occidental o desde Marruecos, a los países vecinos. Entre
los detenidos por este motivo se encuentran cuatro jóvenes que
fueron condenados a cinco años de cárcel en octubre de
1993. De los centenares de personas detenidas en el Sahara Occidental en los
últimos cinco años, a la inmensa mayoría no los
acusaron formalmente de ningún delito ni los sometieron al debido
procedimiento judicial. Los mantuvieron detenidos sin reconocer esta
situación durante semanas o meses, sin permitirles el contacto con
sus familiares ni con el mundo exterior, para acabar por liberarlos sin
cargos. Se afirma que esas detenciones se han practicado frecuentemente
cuando se habían distribuido folletos en favor del Polisario y de la
independencia, así como banderas del Polisario. Sin embargo, al no
haberse instituido procesos judiciales, siguen sin aclararse las razones de
las detenciones. A lo largo de los últimos cinco años, Amnistía
Internacional se ha puesto en contacto con las autoridades
marroquíes en numerosas ocasiones para tratar de obtener
información sobre el paradero y la situación legal de
determinados individuos sobre los que se habían recibido informes
de que se encontraban en detención no reconocida, pero las
autoridades no han aportado aclaración alguna. En muchos de los
casos, la organización pudo confirmar la liberación de
aquellos detenidos, que frecuentemente habían sufrido meses de
detención secreta, pero las autoridades marroquíes no
proporcionaron información alguna en relación con esas
detenciones. La pauta de las violaciones de los derechos humanos en el Sahara
Occidental muestra claramente que las medidas que tomaron las autoridades
marroquíes para mejorar la situación de los derechos
humanos en Marruecos no se han hecho extensivas al Sahara Occidental.
Aunque se ha seguido deteniendo y encarcelando a presos de conciencia en
Marruecos, los detenidos en los últimos tres años en
relación con manifestaciones o huelgas laborales quedaron en
libertad en cuestión de semanas o meses. En el mismo periodo, en
el Sahara Occidental, los civiles acusados de organizar reuniones o
manifestaciones o de participar en ellas fueron juzgados por el Tribunal
Militar, que los condenó a penas de hasta veinte años de
cárcel por amenazar la seguridad exterior del Estado y
ordenó su reclusión en una prisión militar, una
práctica que, según la información de que dispone
Amnistía Internacional, sólo se sigue en el Sahara
Occidental. La práctica de la detención secreta de larga
duración, de la que actualmente se reciben pocas denuncias en
Marruecos, continúa siendo habitual en el Sahara Occidental. La solemne obligación contraída por el gobierno de
Marruecos de respetar los tratados internacionales de derechos humanos que
ha firmado y ratificado, y entre los que figuran el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la
Tortura, es también aplicable a su comportamiento en el Sahara
Occidental. La presencia de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental
(MINURSO) debería contribuir a promover el respeto de Marruecos
hacia sus obligaciones en relación con los tratados de derechos
humanos. Como portaestandarte de sus propias normas, las Naciones
Unidas no pueden convertirse en observador silencioso de las violaciones
de los tratados de derechos humanos de los que Marruecos es un Estado
parte. ABUSOS CONTRA LOS
DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LAS AUTORIDADES
DEL POLISARIO EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DEL SUR
DE ARGELIA Desde 1981, Amnistía Internacional ha expresado
también su preocupación respecto a los abusos cometidos
contra los derechos humanos en los campos de refugiados dirigidos por las
autoridades del Polisario en la zona de Tinduf, en el sur de Argelia. Los abusos en los campos de refugiados eran generalizados antes de
1988, según los informes de que dispone Amnistía
Internacional. Entre ellos figuraban prolongadas detenciones arbitrarias,
torturas y homicidios deliberados y arbitrarios de opositores conocidos o
supuestos del Frente Polisario. Decenas de personas fueron detenidas y acusadas de conjurar contra las
autoridades del Polisario en nombre de países enemigos,
especialmente en los años setenta y principios de los ochenta.
Muchos de los que estuvieron detenidos arbitrariamente, en ocasiones
durante varios años, fueron liberados tras unas protestas
generalizadas que tuvieron lugar en 1988 contra la represión
política en los campos. Era frecuente la tortura y el maltrato de los
detenidos, a quienes no se permitía estar en contacto con sus
familias. Aunque se afirma que la situación de los derechos
humanos en los campos ha mejorado después de los
acontecimientos de 1988, Amnistía Internacional ha recibido
informes de abusos contra estos derechos, tales como la tortura y el
maltrato de los detenidos, hasta 1992. Entre los detenidos a fines de los
años ochenta figura Khalif Laroussi Zaougai, que fue detenido en
1987 nada más llegar a los campos, y Salama Khbaou, a quien
detuvieron a fines de 1989, tres meses después de su llegada.
Según informes, ambos estuvieron detenidos hasta mediados de
1991. Algunos de los detenidos murieron bajo custodia, según los
informes como consecuencia de torturas o malos tratos. Entre ellos estaba
El Mehdi Othman Souayah, que, según los informes, había
sido detenido en 1976 y murió a fines de 1977 sin haber recobrado
la libertad. Otro detenido, Mohamed Moussa ould Mokhtar, a quien,
según informes, detuvieron a principios de 1983, murió
años más tarde todavía bajo custodia. Hasta la fecha, las autoridades del Polisario no han proporcionado
información específica sobre detenciones, tortura, malos
tratos y muertes bajo custodia. Desde principios de los noventa, las
autoridades del Polisario han reconocido que se habían producido
abusos contra los derechos humanos en el pasado. Han manifestado que
todas las víctimas de abusos contra estos derechos obtienen el
reconocimiento de víctimas de guerra y tienen derecho al mismo
tipo de reparación, y que se han tomado medidas para evitar la
repetición de estos abusos. En respuesta a algunos de los casos
específicos que les ha presentado Amnistía Internacional, las
autoridades del Polisario han declarado que los individuos afectados nunca
habían sido detenidos y que otros habían muerto en combate
o como consecuencia de enfermedades. No obstante, no han proporcionado
información completa sobre esos casos ni sobre los casos de las
víctimas de abusos contra los derechos humanos, ni pormenores de
las medidas concretas que han adoptado para investigar esos abusos y
garantizar que no vuelven a producirse. Algunas personas que ocuparon posiciones de responsabilidad en el
aparato de seguridad del Polisario y de quienes se afirma que estuvieron
implicadas en abusos contra los derechos humanos en los campos de
refugiados administrados por las autoridades del Polisario en el sur de
Argelia, abandonaron los campos después y se encuentran
actualmente en Marruecos. Según la Convención contra la
Tortura, Marruecos tiene la obligación de investigar a cualquiera de
quien se sospeche que ha cometido tortura, ya sea en el propio Marruecos
o en otro país, y, si se encuentran indicios suficientes, la
obligación de detenerlo y procesarlo o extraditarlo a otro
país. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene noticia de que las
autoridades marroquíes hayan dado ningún paso para llevar
a tales individuos a los tribunales. A pesar de las garantías que han ofrecido las autoridades del
Polisario, no está claro cuáles son las medidas que se han
tomado para garantizar la destitución de puestos de responsabilidad
de todos los demás individuos que hayan cometido abusos contra
los derechos humanos y que sigan en los campos de refugiados. Esas
medidas son absolutamente necesarias para que los abusos no vuelvan a
producirse. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES Durante dos decenios se han estado cometiendo graves violaciones de
derechos humanos en el Sahara Occidental. La liberación de
centenares de «desaparecidos» en 1991 fue un acontecimiento
positivo. Sin embargo, la esperanza de que se tomarían medidas
ulteriores para abordar las violaciones del pasado y mejorar la
situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental no se
ha hecho realidad y persisten las hondas preocupaciones que suscitan las
violaciones, tanto pasadas como presentes. Las autoridades
marroquíes tienen que tomar las disposiciones oportunas para hacer
frente sin demora a esas preocupaciones. El hecho de que hayan continuado cometiéndose graves
violaciones de derechos humanos en los últimos cinco años,
a pesar de la presencia de la MINURSO en el Sahara Occidental muestra
claramente la necesidad de que la ONU adopte medidas concretas
urgentemente para hacer frente a la situación, para garantizar que
la MINURSO no sigue siendo un testigo silencioso de las violaciones de
derechos humanos. Asimismo, las autoridades del Polisario deben tomar medidas para
abordar las cuestiones no resueltas sobre los abusos cometidos en el pasado
contra los derechos humanos en los campos de refugiados saharauis
situados en Argelia. Llamamiento de Amnistía
Internacional a las autoridades marroquíes: Llamamiento de Amnistía Internacional
a las Naciones Unidas: Llamamiento de Amnistía
Internacional a las autoridades del Polisario: Notas Finales 1. Entre los informes publicados figuran: Report
of an Amnesty International Mission to the Kingdom of Morocco;
mayo de 1982. Morocco: "Disappearance" of people of Western
Saharan origin; noviembre de 1990; índice de AI: MDE
29/17/90; Marruecos: Continúan las detenciones, las
«desapariciones» y las restricciones de las libertades de
expresión y movimiento en el Sahara Occidental; febrero de
1993; índice de AI: MDE 29/03/93/s. Marruecos: Rompiendo
el muro de silencio: Personas «desaparecidas» en
Marruecos; abril de 1993; índice de AI: MDE 29/01/93/s. 2. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura). 3. El Sahara Occidental estuvo bajo el dominio de
España entre 1884 y 1975. 4. En 1988, las Naciones Unidas, en
cooperación con la Organización para la Unidad Africana
(OUA), alcanzaron un acuerdo con el Reino de Marruecos y con el Frente
Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de
Oro (Frente Polisario) para lograr un arreglo referente al Sahara Occidental
y para elaborar un Plan de Aplicación del arreglo. El Consejo de
Seguridad aprobó el Plan de Aplicación el 29 de abril de
1991; en él se disponía la organización de un
referéndum, cuya realización se encomendaba a la
MINURSO, para determinar el futuro del Sahara Occidental. 5. Declaración de las Naciones Unidas sobre
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzosas, artículo 2. 6. [Traducción no oficial.] 7. La lista llevaba el título de «Lista
de personas originarias del Sahara recuperadas por su Majestad el Rey
Hassan II a solicitud de los miembros del Consejo Asesor para Cuestiones
del Sahara». 8. Declaración de las Naciones Unidas sobre
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzosas, artículo 19. 9. Párrafo 25 del documento de la ONU
número S/25170, The situation concerning Western Sahara.
Report by the Secretary-General. [Traducción no oficial.
Versión española oficial no disponible.] 10. Documento de la ONU número
S/21360, La situación relativa al Sahara Occidental. Informe
del Secretario General, de 18 de junio de 1990. 11. Párrafo 14 del documento de la ONU
número S/21360. 12. Párrafo 35, Ibid. 13. Párrafo 47 b, Ibid. 14. Párrafo 47 g, Ibid. 15. Párrafo 47 h, Ibid. 16. Un total de 91 policías civiles fueron
desplegados en el Sahara Occidental antes de marzo de 1996. 17. Párrafo 79 b, Ibid. 18. Documento de la ONU número
S/1996/43: The situation concerning Western Sahara. Report by the
Secretary-General of 19 January 1996. [Traducción no oficial
de la cita. Versión española no disponible.] 19. Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 7. 20. Documento de la ONU número
S/25170, The situation concerning Western Sahara. Report by the
Secretary-General of 26 January 1993. [Traducción no oficial.
Versión española no disponible.]