Marzo 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 25/09/96/s
DISTR: SC/CO/GR
En noviembre de 1995, Amnistía Internacional publicó un informe sobre sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos referido a Corea del Sur titulado International Standards, law and practice: the need for human rights reform (ASA 25/25/95). El informe se centraba en las tres áreas siguientes en las que Amnistía Internacional cree que la protección de los derechos humanos es inadecuada:
Desde la publicación de ese informe, Amnistía Internacional ha continuado documentando violaciones de derechos humanos en estas áreas de interés, algunas de las cuales se describen en este documento. Estos ejemplos recientes refuerzan las anteriores recomendaciones de Amnistía Internacional de que la Ley de Seguridad Nacional debe ser reformada y de que se deben introducir mejores salvaguardas para proteger a los detenidos de la tortura y los malos tratos. En las recomendaciones también se destaca la necesidad de organizar un sistema efectivo e independiente para investigar todos los informes de violación de los derechos humanos.
A través de este documento, Amnistía Internacional renueva su llamamiento al gobierno de Corea del Sur para que haga de la protección de los derechos humanos una prioridad e inicie una pronta reforma de su legislación y sus prácticas con objeto de prevenir ulteriores violaciones de esos derechos.
Este texto resume el documento titulado República de Corea (Corea del Sur). Actualización de los informes sobre detenciones y malos tratos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional. Es necesaria una reforma en materia de derechos humanos (Índice AI: ASA 25/09/96/s), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1996. Quienes deseen más información o emprender acciones en relación con este asunto deben consultar el documento completo.
Actualización de los informes sobre detenciones y malos tratos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional: Es necesaria una reforma en materia de derechos humanos.
1) Resumen de los motivos de preocupación
En noviembre de 1995, Amnistía Internacional publicó un informe sobre sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos referido a Corea del Sur titulado International Standards, law and practice: the need for human rights reform (ASA 25/25/95). El informe se centraba en las tres áreas siguientes en las que Amnistía Internacional cree que la protección de los derechos humanos es inadecuada:
En noviembre de 1.995, Amnistía Internacional presentó ese informe en las reuniones que mantuvo con diversas autoridades del gobierno de Corea del Sur, las cuales dijeron que darían respuesta a los asuntos planteados. En el momento de elaborarse este escrito no se había recibido respuesta oficial alguna.
Desde la publicación de ese informe, Amnistía Internacional ha continuado documentando violaciones de derechos humanos en estas áreas de interés, algunas de las cuales se describen en este documento. Estos ejemplos recientes refuerzan las anteriores recomendaciones de Amnistía Internacional de que la Ley de Seguridad Nacional debe ser reformada y de que se deben introducir mejores salvaguardas para proteger a los detenidos de la tortura y los malos tratos. En las recomendaciones también se destaca la necesidad de organizar un sistema efectivo e independiente para investigar todos los informes de violación de los derechos humanos.
Todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos. El gobierno de Corea del Sur ha reconocido esta responsabilidad mediante la ratificación de los principales convenios sobre derechos humanos. Amnistía Internacional considera que el gobierno de Corea del Sur debe asegurar, además, que respeta los términos de las normas internacionales que ha ratificado.
A través de este documento, Amnistía Internacional renueva su llamamiento al gobierno de Corea del Sur para que haga de la protección de los derechos humanos una prioridad e inicie una pronta reforma de su legislación y sus prácticas con objeto de prevenir ulteriores violaciones de esos derechos.
2) La Ley de Seguridad Nacional
2.1. Resumen de los motivos de preocupación
La Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur estipula penas de prisión para quienes «alaben» y «favorezcan» a la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte), por actividades definidas vagamente como «contrarias al Estado», por visitas no autorizadas a Corea del Norte y por contactos no autorizados con norcoreanos. En la práctica, esta ley se ha utilizado frecuentemente para encarcelar a personas por el ejercicio no violento de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. En su informe de noviembre de 1995, Amnistía Internacional denunció que cientos de presos políticos, entre ellos presos de conciencia, estaban en esa situación merced a la Ley de Seguridad Nacional.
La Ley de Seguridad Nacional se ha utilizado en contravención de las normas internacionales de derechos humanos relativas a la libertad de expresión y asociación. Entre ellas figura el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Corea del Sur ha ratificado.
2.2. Nuevos arrestos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional
Desde noviembre de 1995 Amnistía Internacional ha documentado decenas de arrestos más en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional por actividades no violentas. Durante un periodo de dos meses y medio, desde mediados de noviembre de 1995 hasta principios de febrero de 1996, la organización recibió información acerca de al menos sesenta y siete detenciones en virtud de la Ley de Seguridad Nacional principalmente al amparo del artículo 7, que estipula hasta siete años de prisión para quienes «alaben» y «favorezcan» a Corea del Norte. Entre los arrestados había estudiantes, profesores de universidad, trabajadores, maestros y activistas. Al menos cuatro de los presos eran mujeres, siete tenían más de setenta años y uno tenía ochenta y ocho.
El 29 de noviembre de 1995, un total de 29 personas fueron detenidas por su supuesta pertenencia a la Alianza de Toda la Nación para la Reunificación de Corea (Pomminnyon). Entre esas personas había cinco hombres de más de setenta años: Chon Chang-il (75), Kim Byong-kwon (75), Kang Jae-woo (76), Kim Kwang-ryun (74) y Lee Joong-rim (74). También se presentaron cargos contra un hombre de ochenta y ocho años, Shin Chang-kyun, pero fue excarcelado en diciembre en espera de juicio.
A la mayoría de estos presos se los detuvo y se presentaron cargos en su contra en aplicación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional por ser miembros de una organización que «alaba» a Corea del Norte. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, al haber sido encarcelados por el ejercicio no violento de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. La Alianza de Toda la Nación para la Reunificación de Corea se constituyó en 1990 y tiene sedes representativas en Japón, Europa y Corea del Norte. Entre sus principales objetivos figuran la reunificación de Corea, la retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur, la abolición de la Ley de Seguridad Nacional y la sustitución del actual acuerdo de armisticio por un tratado de paz. A causa de sus ideas, consideradas próximas a las mantenidas por el gobierno norcoreano, a esta organización se la ha definido como entidad que «favorece» a Corea del Norte según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
Chong Chang-il y Kim Byoung-kwon fueron acusados, además, en aplicación del artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, de haber suministrado «secretos de Estado» a un representante de la sede de Pomminnyon en Tokio que las autoridades consideran que ha sido «agente» de Corea del Norte, y de haber recibido dinero de él. Los «secretos de Estado» en cuestión eran, según parece, fotografías de la manifestación del Primero de Mayo en Seúl y una declaración de prensa que Pomminnyon había realizado solicitando que se permitiera a los presos que llevaban mucho tiempo encarcelados que pudieran visitar Corea del Norte. El dinero que se había recibido de Tokio era, según Pomminnyon, el resultado de la recaudación de fondos que la organización había realizado en Japón. Amnistía Internacional considera que estos dos hombres deben ser liberados si el único motivo por el que se encuentran encarcelados son estas actividades, que no son más que el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.
A principios de 1996 se practicaron decenas de detenciones. Amnistía Internacional registró al menos treinta en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en enero y durante la primera semana de febrero. Entre los detenidos había cinco reclutas del ejército, a quienes se arrestó el 30 de enero en aplicación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Lee Dong-bin, Ahn Chang-hyun, Jung Jong-kuk, Jung Taek- sang y Park Jong-suh fueron acusados de pertenecer a la Alianza para un Movimiento Estudiantil Democrático y Popular (Minminkahryun). Los cinco aseguran que esta entidad era una organización estudiantil que se disolvió en 1992. No está claro para Amnistía Internacional por qué sus actividades actuales se han considerado que violan las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
El 3 de febrero, la cantante Lee Eun-jin, de treinta años de edad, y el editor Won Yong-ho, fueron arrestados en aplicación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional por publicar y difundir un libro de canciones denominado «La canción de la esperanza» al que se calificó de «alabar» y «favorecer» a Corea del Norte. El 8 de febrero, Amnistía Internacional solicitó su liberación inmediata e incondicional.
También el 3 de febrero de 1996 fueron arrestados nueve miembros de la Liga de Trabajadores Socialistas (Sanomaeng) en aplicación del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional por pertenencia a una organización «contraria al Estado». Entre los detenidos estaban los profesores universitarios Yu Hyung-ok, Lee Sang-yoon y Im Jong-won, y el licenciado Kwon Soon-mi. La Liga de Trabajadores Socialistas se constituyó en 1990 y desde entonces decenas de personas han sido arrestadas y encarceladas por su presunta pertenencia a esa organización. Amnistía Internacional no ha encontrado prueba alguna de que los afectados hayan instigado una conspiración violenta para derrocar al gobierno, como habían denunciado las autoridades. Amnistía Internacional ha adoptado a muchos de ellos como presos de conciencia.
2.3 Recomendaciones de Amnistía Internacional
3) Tortura y malos tratos: No hay salvaguardias para proteger a los detenidos
3.1 Resumen de los motivos de preocupación
Amnistía Internacional ha recibido de forma habitual informes según los cuales a los detenidos se los priva con regularidad del sueño durante los prolongados periodos de interrogatorio a que son sometidos, con frecuencia por la policía o la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (APSN). También se han recibido diversos informes sobre palizas. En su informe de 1995, Amnistía Internacional solicitó el cese de las torturas y de los malos tratos. La organización manifestó que ciertas salvaguardias prácticas, como el acceso sin demora a un abogado, proporcionarían protección contra los malos tratos, y expresó también su inquietud por el prolongado periodo de detención preventiva Äun máximo de 50 días en aplicación de la Ley de Seguridad NacionalÄ previo a la presentación formal de cargos, que facilita la aplicación de malos tratos a los sospechosos para obtener de ellos confesiones. Como Estado Parte de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Corea del Sur tiene la responsabilidad de garantizar que se erradican la tortura y los malos tratos en la práctica.
3.2 Nuevos informes sobre malos tratos
Desde noviembre de 1995, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes según los cuales la policía, la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (el organismo surcoreano encargado de los servicios de información) y el Comando de Seguridad Militar (agencia de seguridad militar) someten a los detenidos a malos tratos. Según la información recibida, a varios detenidos se les negó el acceso a sus abogados y familiares, y a varios los tuvieron recluidos cincuenta días antes de que se presentaran cargos formales en su contra.
De acuerdo con la información disponible, dos hombres arrestados en noviembre de 1995 por la APSN fueron objeto de malos tratos, se les negó el acceso a sus abogados y se los mantuvo recluidos durante un prolongado periodo antes de presentararse cargos formales en su contra. La APSN arrestó el 15 de noviembre de 1995 a Park Chung-ryun, de treinta y cinco años de edad, vicepresidente de la Alianza Nacional para la Democracia y la Unificación de Corea, y a Kim Tae-Tyun, de treinta y dos años y presidente de la organización juvenil Songnam. Durante los veinte días que los agentes de la APSN los tuvieron sometidos a interrogatorio se les privó de sueño, los amenazaron y los golpearon. Park Chung-ryun dijo a su abogado que la mayor parte de los malos tratos se los habían infligido entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, periodo durante el que se le había negado el acceso a asistencia letrada. Asimismo, manifestó que durante ese tiempo agentes de la APSN lo trasladaron a diversos lugares de Seúl y lo golpearon en varias ocasiones. Park Chung-ryun dijo que en ese periodo realizó una confesión falsa.
Los dos hombres habían sido arrestados en un principio como sospechosos de haber realizado actividades de «espionaje» para Corea del Norte. Sin embargo, el cargo que se presentó en su contra el 4 de enero de 1996 en aplicación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional fue el de tenencia de material «favorable» a Corea del Norte, cargo de menor gravedad. Antes de presentarse cargos formales en su contra fueron interrogados durante un total de cincuenta días: los agentes de la APSN los interrogaron durante veinte días y los de la fiscalía durante treinta.
Chun Chang-il y Kim Byong-kwon, ambos de setenta y cinco años de edad (y cuyos casos ya se han citado anteriormente en el apartado 2.2), fueron arrestados el 29 de noviembre de 1995 como sospechosos de haber suministrado «secretos de Estado» a Corea del Norte. Hasta que el 15 de enero de 1996, fecha en que se presentaron cargos formales en su contra, habían estado sometidos a interrogatorio un total de cuarenta y siete días.
Según los informes, a los nueve presuntos miembros de Sanomaneg arrestados por la Administración de Policía de Seúl el 3 de febrero de 1996 (caso ya descrito en el apartado 2.2) se les negó el acceso a sus abogados de oficio el día de su arresto. Según parece, dos abogados acudieron a la comisaría de policía a las cuatro de la tarde y estuvieron esperando hasta las ocho, pero no se les permitió ver a los detenidos.
De acuerdo con la información disponible, los cinco reclutas del ejército arrestados en enero por el Comando de Seguridad Militar (cuyo caso se ha descrito en el apartado 2.2), fueron interrogados durante veinte horas cada día entre el 30 de enero y el 6 de febrero, y no se les permitió dormir más que tres o cuatro horas cada noche. Asimismo, tampoco se les permitió recibir la visita de sus familiares. Al parecer, a uno de estos presos, Lee Dong-bin, se le negó mientras estaba detenido la atención médica que precisaba a pesar de que antes de su arresto había estado recibiendo tratamiento médico a causa de una grave dolencia en la espalda.
Koh Ae-soon fue arrestada el 4 de diciembre en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Aunque en aquellos momentos se encontraba embarazada de ocho meses no la examinó ningún médico durante los cincuenta días que duró su arresto, ni siquiera a pesar de sus quejas a las autoridades de la Prisión de Kwangju de que no se encontraba bien. Koh Ae-soon quedó en libertad el 31 de enero e ingresó en un hospital. Su hijo nació muerto el 5 de febrero.
3.3 Recomendaciones de Amnistía Internacional
4) Investigación de los informes sobre pasadas y presentes violaciones de los derechos humanos
4.1 Resumen de los motivos de preocupación
La legislación surcoreana establece que los responsables de violaciones de los derechos humanos deben ser procesados y que a las víctimas se las debe compensar. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las investigaciones que se realizan son inadecuadas y la mayor parte de las víctimas quedan sin compensación alguna.
En Corea del Sur no hay una entidad independiente encargada de la investigación de las violaciones de los derechos humanos. Las autoridades fiscales sólo investigan las denuncias formales, su actitud es renuente a emprender acciones al respecto y, cuando se deciden a realizarlas, son muy lentas y se saldan con escasos procesamientos. En unos pocos casos se ha procesado a agentes de la ley y se ha compensado a las víctimas, pero se trata de casos excepcionales. Las víctimas de abusos y sus familiares han informado a Amnistía Internacional que su confianza es mínima en un sistema que rara vez hace justicia.
A principios de 1996, dos ex presidentes del país y varias autoridades gubernamentales más fueron procesados por su implicación en una serie de sucesos ocurridos entre 1979 y 1980, entre ellos el homicidio de civiles inermes en Kwangju en mayo de 1980. Amnistía Internacional cree que la investigación sobre este incidente suscitó cuestiones adicionales de importancia sobre pasadas violaciones de los derechos humanos. La organización ha instado a las autoridades a que se aseguren de que las víctimas de todas las violaciones de esos derechos que se han cometido en el pasado reciben una compensación legal efectiva.
Entre otras víctimas de pasadas violaciones de derechos humanos se puede citar a varias decenas de presos políticos que según se cree fueron injustamente condenados durante anteriores gobiernos en los años setenta y ochenta. Es muy generalizada la creencia de que a estos presos, sentenciados a prolongadas penas de prisión en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, se los declaró culpables basándose únicamente en las confesiones que se les extrajeron mediante tortura. Ellos también tienen derecho a que se les haga justicia.
4.2 Recomendaciones de Amnistía Internacional