FEBRERO DE 1996 RESUMEN ÍNDICE DE AI: AMR 51/01/96/s
DISTR: SC/CO
A finales de 1995, un número de presos sin precedentes, más de 3.000, estaba condenado a muerte en 34 estados de los Estados Unidos y en aplicación de la legislación federal militar y común estadounidense. Cincuenta y seis presos fueron ejecutados, lo que supone la cifra más elevada desde que los estados de la Unión decidieron emprender la revisión de la legislación relativa a la pena de muerte a mediados de los años setenta. Esto eleva a 313 el número total de presos ejecutados en los Estados Unidos desde 1977. Nueva York fue el trigésimo octavo estado en restaurar la pena capital en marzo de 1995.
Los estados de Pensilvania y Montana realizaron sus primeras ejecuciones desde que se restauró la pena de muerte en 1977. Los dos presos ejecutados en Pensilvania habían renunciado a su derecho a recurrir las condenas y habían pedido su ejecución. Pensilvania aún tiene que realizar una ejecución no consensuada. Texas fue responsable de más de un tercio de las ejecuciones realizadas en 1995 (19). Se realizaron otras ejecuciones en Missouri (6), Illinois y Virginia (5 en cada estado), Florida y Oklahoma (3), Alabama, Arkansas, Georgia y Carolina del Norte (2 en cada estado) y Arizona, Delaware, Louisiana y Carolina del Sur (1 en cada estado). No hubo ningún indulto en 1995.
La discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte sigue siendo una gran preocupación: de los 56 presos ejecutados en 1995, 39 (69%) habían sido condenados por el asesinato de un blanco y 26 (46%) pertenecían a minorías étnicas.
A finales de 1995 había al menos 44 delincuentes juveniles condenados a muerte en 13 estados y todos habían sido declarados culpables de asesinatos cometidos cuando tenían 16 o 17 años de edad. Esto supone un incremento de 7 condenados en comparación con el año anterior, a pesar de lo cual no se ejecutó a ningún menor en 1995.
Varios de los presos ejecutados sufrían enfermedades mentales o eran deficientes mentales. Con frecuencia, los abogados defensores no expusieron en los juicios la información sobre los trastornos mentales de los acusados, de forma que el jurado responsable de imponer la pena de muerte desconocía estas circunstancias. En el caso de Anthony Joe LaRette, ejecutado en noviembre de 1995 en Missouri, el jurado desconocía su largo historial de tratamientos por problemas mentales y que le habían diagnosticado una epilepsia lobular temporal. El examen psiquiátrico solicitado por la defensa no llegó a revelar el historial médico de LaRette y concluyó que éste no sufría ninguna enfermedad mental. Siete presos fueron ejecutados tras renunciar a su derecho de apelación, permitiendo al Estado llevar a cabo sus ejecuciones. De éstos, al menos tres eran enfermos o deficientes mentales.
Amnistía Internacional sigue preocupada por la mala calidad de la asistencia letrada que se proporciona durante el juicio a los acusados de delitos punibles con la muerte. Hay indicios de que muchos de los presos ejecutados en 1995 tuvieron una representación legal inadecuada durante sus juicios, y de que los abogados designados por los tribunales, por ejemplo, no presentaron pruebas esenciales para demostrar las circunstancias atenuantes en el juicio de determinación de la pena. En el caso de Calvin Burdine, el abogado defensor se durmió en varias ocasiones durante el juicio. La Corte de Apelaciones de lo Penal de Texas denegó el recurso de apelación que se fundamentaba en pruebas de que el abogado defensor se había dormido durante el juicio y resolvió la apelación argumentando que no se había demostrado que este hecho hubiese influido en el resultado del juicio. No obstante, un tribunal superior suspendió la ejecución de Burdine para permitir que se celebrasen nuevas vistas del caso.
El Congreso de los EE. UU. aprobó dos proyectos de ley destinados a acortar los plazos del proceso de apelación de los condenados a la pena capital y suprimió los fondos destinados a las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a la Pena de Muerte, cuando precisamente los abogados de estas organizaciones eran los que habían representado a casi la mitad de los condenados a muerte. En otra propuesta legislativa separada, el Congreso intentó imponer un plazo para la interposición de los recursos de hábeas corpus para los presos condenados a la pena de muerte. Actualmente, los distintos recursos de apelación a disposición de los presos condenados a la pena capital se pueden prolongar durante periodos de hasta 20 años.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, ya que la considera una forma extrema de castigo cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los EE. UU. siguen desafiando la tendencia internacional de abandonar la aplicación de la pena de muerte. En 1995, Sudáfrica abolió la pena capital para los delitos comunes, e Isla Mauricio y España lo hicieron para todos los delitos. A finales de 1995, más de la mitad de los países del mundo habían abolido la pena capital en su legislación o en la práctica.
Este texto resume un documento titulado, Estados Unidos: Noticias sobre la pena de muerte en 1995 (Índice AI: AMR 51/01/96/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1996. Las personas que deseen más información, o que quieran emprender acciones sobre esta cuestión, deberán consultar el documento completo.
ÍNDICE
Ejecución de personas con retrasos mentales
Riesgo de ejecución de inocentes
Representación letrada ineficaz
El ex director de la prisión estatal de Mississippi se manifiesta contra la pena de muerte
El trigésimo octavo estado que restaura la pena de muerte
Massachussets, Iowa y Wisconsin rechazan la restauración de la pena de muerte
La Crueldad de las ejecuciones
Texas permite que las familias de las víctimas presencien las ejecuciones
Las encuestas muestran el escaso apoyo a la pena de muerte entre los jefes de policía
Participación de los profesionales de la salud en el proceso de ejecución
Presos que renunciaron a su derecho de apelación y pidieron su ejecución
A finales de 1995, un número de presos sin precedentes, más de 3.000, estaba condenado a muerte en 34 estados de los Estados Unidos y según la legislación federal militar (8 presos) y la común (6 presos). Cincuenta y seis presos fueron ejecutados, lo que supone la cifra más elevada desde que los estados de la Unión modificaron sus respectivas leyes sobre la pena de muerte a mediados de los años setenta. Con estas ejecuciones, el número total de presos ejecutados en EE. UU. desde 1977 asciende a 313. En marzo de 1995, Nueva York restauró la pena capital, pasando a ser el trigésimo octavo estado que estipula dicha pena en su legislación.
Los estados de Pensilvania y Montana realizaron sus primeras ejecuciones desde que se restauró la pena de muerte en 1977. Los dos presos ejecutados en Pensilvania habían renunciado al derecho a recurrir sus condenas y habían pedido al juez su ejecución. Pensilvania aún tiene que llevar a cabo una ejecución no consensuada. Texas es responsable de más de un tercio de las ejecuciones de 1995 (19) aunque también se realizaron otras ejecuciones en Missouri (6), Illinois y Virginia (5 en cada estado), Alabama, Arkansas, Georgia y Carolina del Norte (2 en cada estado) y en Arizona, Delaware, Louisiana y Carolina del Sur (1 en cada estado). No se indultó a ningún preso en 1995.
La discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. De los 56 presos ejecutados en 1995, 39 (el 69%) habían sido condenados por el asesinato de un blanco y 26 (el 46%) pertenecían a minorías étnicas. De todas las ejecuciones realizadas desde 1977, 100 (el 31%) lo fueron por el homicidio de un blanco por un negro y 5 (el 15%) por el homicidio de un negro por un blanco. El 82% de los presos ejecutados habían sido condenados por el asesinato de víctimas de raza blanca.
A finales de 1995, había al menos 44 delincuentes juveniles condenados a muerte en 13 estados, lo que suponía un incremento de 7 desde el año anterior. Todos habían sido condenados por asesinatos que se habían cometido cuando tenían 16 o 17 años de edad. De cualquier forma, no se ejecutó a ningún menor en 1995.
Se ha denunciado que al menos 11 de los presos ejecutados en 1995 sufrían una enfermedad mental o eran deficientes mentales. Con frecuencia, el abogado del acusado no reveló la información sobre las deficiencias mentales de su defendido en el juicio, de forma que el jurado responsable de imponer la pena de muerte desconocía estas circunstancias. En el caso de Anthony Joe LaRette, ejecutado en Missouri en noviembre de 1995, el jurado no conocía el largo historial de tratamientos por enfermedades mentales y el hecho de que le había sido diagnosticada una epilepsia lobular temporal. El examen psiquiátrico realizado a instancias de la defensa no reveló el historial de LaRette y concluyó que éste no sufría ningún tipo de enfermedad mental. Siete presos fueron ejecutados tras renunciar al derecho de recurrir la sentencia de pena de muerte, permitiendo así al Estado realizar las ejecuciones. Al menos tres de ellos tenían problemas mentales.
Amnistía Internacional sigue preocupada por la mala calidad de la asistencia letrada que se proporciona durante el juicio a los acusados de delitos punibles con la muerte. Hay indicios de que muchos de los presos ejecutados en 1995 no tuvieron una representación legal adecuada en los juicios, con abogados designados por el tribunal que, por poner un ejemplo, dejaron de presentar pruebas cruciales sobre las circunstancias atenuantes en la vista en la que se decide le imposición de la pena de muerte. En el caso de Calvin Burdine, el abogado defensor se durmió en varias ocasiones durante el juicio. La Corte de Apelaciones de lo Penal de Texas desestimó un recurso de apelación cuyos fundamentos se apoyaban en que el abogado defensor se había dormido durante el juicio y decidió que no se había demostrado que este hecho hubiese afectado al resultado. No obstante, un tribunal superior suspendió la ejecución de Burdine para que se celebrase otro juicio.
Existían dudas sobre la culpabilidad de varios de los presos ejecutados en 1995. Jesse DeWayne Jacobs fue ejecutado en febrero de 1995 en Texas. El jurado que lo condenó a muerte consideró que había disparado a la víctima y la había matado. Pero en un juicio posterior, la hermana de Jacobs fue condenada por el homicidio de esa misma víctima. Dennis Stockton, que fue ejecutado en septiembre de 1995 en Virginia, fue condenado sobre la base de pruebas aportadas por un delincuente que pedía lenidad a cambio de su testimonio. En el caso de Leonel Herrera [1] la Corte Suprema de los EE. UU. declaró: «La clemencia es el remedio histórico para prevenir los errores judiciales cuando se ha agotado el proceso». En 1995 se denegó la clemencia en todos los casos en que existían dudas sobre la culpabilidad del preso que iba a ser ejecutado.
El Congreso de los EE. UU. aprobó dos proyectos de ley con la finalidad de acortar el tiempo de los procedimientos de apelación de los condenados a muerte y suprimió los fondos destinados a las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a la Pena de Muerte. Los abogados de dichas organizaciones habían representado a casi la mitad de los condenados a muerte en 1995. Asimismo, el Congreso trató de imponer con otra ley un plazo para interponer los recursos de apelación que solicitan el derecho de hábeas corpus para los condenados a pena de muerte. Actualmente, los distintos recursos de apelación existentes para los condenados a muerte se pueden prolongar durante periodos de hasta 20 años.
Amnistía Internacional se opone incondicionamente a la pena de muerte ya que la considera una forma extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. Los testigos de la ejecución de Jerry White, llevada a cabo en diciembre en Florida, afirmaron que Jerry gritó y que los gritos de dolor llegaban a los oídos de Philip Atkins, compañero de White condenado a muerte, que fue ejecutado el día siguiente.
Los EE. UU. siguen desafiando la tendencia internacional de abandonar la aplicación de la pena capital. En 1995, Sudáfrica abolió la pena de muerte para los delitos comunes y España e Isla Mauricio lo hicieron para todos los delitos. Albania, Moldavia y Ucrania se comprometieron a una moratoria inmediata de las ejecuciones. Hacia finales de 1995, más de la mitad de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.
Ejecución de personas con retrasos mentales
Varnall Weeks, que fue ejecutado en Alabama el 12 de mayo de 1995, había sido diagnosticado como enfermo mental grave que sufría una «esquizofrenia paranoica desde hacía años». Los psicólogos que testificaron tanto por la acusación como por la defensa estuvieron de acuerdo en que Varnall Weeks sufría extrañas y constantes alucinaciones religiosas. Weeks creía que era Dios, que su ejecución formaba parte de un plan religioso milenario para destruir a la humanidad y que él no moriría sino que se transformaría en una tortuga y reinaría en todo el universo.
En el primer juicio de Varnall Weeks, celebrado en 1982, no se presentaron pruebas de su estado mental y fue condenado por el asesinato de Mark Batts. Una vez declarado culpable, Weeks renunció a su derecho a ser condenado por un jurado y pidió al juez que lo condenase a muerte.
En una resolución con fecha de 25 de abril de 1995, un juez de Alabama reconoció que Weeks creía que era Dios en varias de sus manifestaciones, como Dios Padre, Jesucristo y Alá, y que era un esquizofrénico paranoico que sufría alucinaciones. El juez añadió que Weeks estaba «loco» de acuerdo con «la definición general de locura del diccionario» y con lo que «la gente de la calle consideraría como loco». No obstante, el juez resolvió que la ejecución podía realizarse porque la capacidad de Weeks para contestar a unas simples preguntas sobre su ejecución probaba que era legalmente capaz.
Anthony Joe LaRette fue ejecutado en Missouri el 29 de noviembre de 1995. Había sido condenado a muerte en 1982 por el asesinato de Mary Flemming y fue el preso de Missouri que más tiempo aguardó la ejecución.
LaRette tenía un largo historial de enfermedades mentales que se remontaba a su infancia. En la escuela le diagnosticaron dificultades de aprendizaje y desarrolló un comportamiento anormal que, después de sufrir dos accidentes en su infancia, incluía alucinaciones auditivas. Dos semanas después de su segundo accidente (en el que se golpeó la cabeza con un bate de béisbol), LaRette, que entonces tenía 9 años, mostró un comportamiento agresivo y atacó a una amiga de la familia. Se le diagnosticó una epilepsia psicomotriz y se le puso un tratamiento con medicamentos. Pero continuaron sus ataques de agresividad, con frecuencia de carácter sexual. LaRette aparecía muchas veces lejos de su casa, a 30 o 40 kilómetros, y decía: «Me despertaba y me daba cuenta que me había perdido y estaba asustado y temeroso». LaRette continuó con el tratamiento para su enfermedad mental, pasó al menos dos años en un hospital psiquiátrico y el médico que lo trataba dijo que, posiblemente, los delitos sexuales como exhibicionismo, estrangulamiento de ancianas y violaciones pudo haberlos cometido durante esas «ausencias».
En 1968, LaRette se alistó en el ejército pero fue licenciado por su enfermedad mental. Pasó la mayor parte de los años siguientes en la cárcel o en instituciones psiquiátricas, donde le diagnosticaron una epilepsia lobular temporal. En 1977, LaRette se ausentó sin autorización de la institución para enfermos mentales donde seguía un tratamiento y dejó de tomar su medicación. Se casó entonces con su segunda esposa y empezó a consumir estupefacientes.
En 1980, en el día de su aniversario de boda, LaRette encontró a su esposa con otro hombre en la cama. Intentó matarla dos veces en dos semanas y empezó a experimentar una rabia creciente. Inmediatamente después, fue acusado de matar a Mary Flemming. Unos días más tarde y, tras tener alucinaciones creyendo que había matado a su esposa, intentó suicidarse dándose tres puñaladas en el pecho y cortándose en el cuello otra tantas veces.
A pesar de que se le acusaba de un delito que podía acarrear la pena de muerte, a LaRette se le asignó un abogado que carecía de experiencia previa en juicios penales. El abogado solicitó un examen psiquiátrico basado en el intento de suicidio pero el resultado de ese examen, que no hacía referencia al amplio historial de enfermedades mentales previas, consideró que LaRette no tenía ninguna enfermedad mental. No se llegó a solicitar un segundo examen.
No se citó a nadie para testificar en favor de LaRette durante su juicio, en el que el jurado tardó sólamente 82 minutos en decidir el veredicto de culpabilidad. El juicio de determinación de la pena duró menos de una hora, durante la cual la única prueba atenuante que presentó el abogado fue la lectura de una declaración que incluía detalles sobre lo enfadado que estaba LaRette tras encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. Durante el juicio de determinación de la pena, LaRette estuvo sentado con la cabeza entre las piernas, y el jurado, al que no le habían dado a conocer los detalles sobre la enfermedad mental de LaRette, recomendó la pena de muerte.
Riesgo de ejecución de inocentes
Jesse DeWayne Jacobs fue ejecutado en Texas el 4 de febrero. Había sido condenado a muerte en 1986 por el asesinato de Etta Ann Urdiales. En su juicio, el fiscal declaró: «La verdad es que Jesse Jacobs, y sólo Jesse Jacobs, mató a Etta Ann Urdiales». Siete meses después, la hermana de Jesse, Bobbie Jean Hogan, fue procesada por el asesinato de Urdiales. En su juicio, el mismo fiscal del distrito que había acusado a Jacobs dijo al jurado: «A lo largo del proceso he cambiado de opinión sobre lo que en realidad ocurrió, y estoy convencido de que fue Bobbie Hogan la que apretó el gatillo». Jesse Jacobs fue un testigo «esencial» en el juicio de Hogan y el fiscal instó al jurado a que le creyeran. Bobbie Hogan fué declarada culpable de disparar a Urdiales y de matarla, y resultó condenada a una pena de diez años de cárcel por homicidio involuntario.
Jacobs continuó sentenciado a muerte a pesar de que su hermana había sido condenada por matar a Etta Ann Urdiales. La acusación argumentó que aún era responsable de un delito punible con la muerte como cómplice del asesinato. Sin embargo, este argumento no tenía en cuenta el hecho de que el jurado que condenó a Jacobs a la pena capital creía que había sido él quien había apretado el gatillo para matar a Urdiales y que el fiscal había presentados dos versiones diferentes de la muerte en los dos juicios.
La Corte Suprema de los EE. UU. denegó la petición de Jacobs de aplazar la ejecución, argumentando que no podía anular la determinación de los hechos realizada por el jurado. En su voto particular, el juez Stevens, de la Corte Suprema, discrepó de la decisión y escribió: «Considero que estos acontecimientos son muy preocupantes. Si hemos de creer los argumentos que expuso el fiscal durante el juicio de la hermana de Jacobs, Jacobs es inocente de asesinato. En mi opinión, sería totalmente injusto ejecutar a una persona por unos hechos que el Estado ha rechazado oficialmente».
En su última declaración en la cámara de ejecución, Jacobs protestó por la injusticia de su muerte y dijo: «No va a haber una ejecución, esto es un asesinato premeditado por el estado de Texas y por el fiscal del distrito nombrado para el caso. Yo no soy culpable de este delito».
La ejecución de Jesse Jacobs fue ampliamente condenada. El periódico semioficial de la Ciudad del Vaticano, L'Osservatore Romano, manifestó en un editorial titulado «Una gran derrota para la Justicia», que la ejecución «no sólo era increíble sino monstruosa y absurda». Continuaba con una descripción de la decisión de la Corte Suprema que alegaba que no podía anular el error del jurado calificándola de «pedante e inhumana cuando está en juego la vida de un hombre».
Girvies Davis fue ejecutado en Illinois el 17 de mayo de 1995. Había sido condenado a muerte por al asesinato de Charles Biebel, de 89 años de edad, cometido durante un robo en 1979.
Inicialmente, Davis fue detenido por robo a mano armada. Según la policía, diez días después de la detención, Davis proporcionó a las autoridades una nota escrita a mano con una lista de los once asesinatos que había cometido. La policía le llevó entonces a los distintos lugares donde se habían cometido los delitos y Davies confesó haber perpetrado nueve de ellos. No obstante, Davis alega que lo sacaron de su celda y lo llevaron en un coche a una autopista desierta donde le ofrecieron la «elección» entre firmar una confesión o que lo matasen mientras «escapaba». Davis declara que nunca llegó a ver la nota original hasta que la presentaron como prueba de la acusación en el juicio. Según los informes, la nota mostraba claramente dos tipos de letra distintos y la escritura era «fluída».
De acuerdo con la información disponible, Davis había abandonado la escuela, era analfabeto y no habría sido capaz de escribir la confesión original. A Davis le habían diagnosticado una «enfermedad orgánica del cerebro» y era retrasado mental. Uno de los agentes de policía encargado de registrar las confesiones admitió que a Davis no le leyeron la suya después de haberla formulado. El fiscal admitió después que al menos tres de los asesinatos que Davis había confesado los habían cometido otras personas.
Davis admitió estar involucrado en el robo a mano armada por el que fue detenido pero mantuvo siempre que era inocente de cualquier asesinato. Las supuestas confesiones de Davis fueron la prueba principal en su contra en las cuatro imputaciones de asesinato a las que se enfrentó finalmente. En el caso de Charles Biebel, por cuyo asesinato fue ejecutado Davis, no hubo pruebas físicas que le relacionasen con el crimen y fue condenado sólo por su confesión.
Davis fue juzgado por un jurado compuesto sólo por blancos debido al uso por parte del fiscal de recusaciones sin causa (el derecho a excluir a miembros del jurado sin argumentar motivo alguno) para eliminar a todos los posibles miembros del jurado que fueran negros. El jurado desconocía que Davis no podía haber escrito su confesión y que no pudo leer la que firmó. Durante la exposición de los argumentos del fiscal en favor de la pena de muerte, se citaron asesinatos que Davis no pudo haber cometido.
Larry Griffin fue ejecutado en Missouri el 21 de junio de 1995. Había sido condenado a muerte en 1980 por el asesinato de Quintin Moss en un tiroteo desde un coche en marcha. Aparentemente hubo muchos testigos de este tiroteo pero sólo uno de ellos, Robert John Fitzgerald, se presentó para identificar a Griffin como uno de los tres hombres involucrados. Fitzgerald identificó a Griffin en una fotografía que le mostraron en la comisaría de policía, siendo su testimonio la única prueba directa contra aquél. Otros dos testigos se presentaron después del jucio para declarar que Griffin no estaba involucrado en el tiroteo. Fitzgerald dió información que hizo suponer que se habían producido muchas irregularidades en el proceso de identificación de Griffin. Más tarde, Fitzgerald declaró que le habían mostrado la fotografía de Griffin y que lo había reconocido como uno de los participantes en el tiroteo poco antes de escoger la misma fotografía de una serie de fotos. Luego se retractó de la identificación positiva que había hecho de Griffin ante el tribunal como una de las personas que habían visto cómo mataban a Moss.
El abogado que representó a Larry Griffin en el juicio era inexperto, no se había enfrentado nunca a un caso de asesinato y aún menos a uno punible con la muerte. No realizó una investigación adecuada de muchos aspectos del caso y, como él mismo admitió, no preparó en absoluto la fase de determinación de la pena. Si a Griffin lo hubiera representado un abogado con más experiencia se habrían descubierto antes las discrepancias en la presentación de las pruebas en el juicio y las supuestas irregularidades en el proceso de identificación de la fotografía.
Denis Stockton fue ejecutado en Virginia el 27 de septiembre de 1995 después de haber sido condenado a muerte en 1983 por el asesinato de Kenneth Arnder en 1978.
El cuerpo de Arnder fue encontrado en Carolina del Norte. Se alegó que lo habían matado en Virginia y que luego habían trasladado el cuerpo. Los agentes de la ley de Carolina del Norte investigaron el homicidio en 1978 pero no se presentaron cargos.
En el juicio de Dennis Stockton celebrado en 1982, el caso del estado de Virginia contra él se basó fundamentalmente en el testimonio de un testigo, Randy Bowman, quien luego, según informes, confesó ser el autor del asesinato. Dijo que habían tenido una cita en la que habían acordado que Stockton matase a Arnder por 1.500 dólares. Cuando se celebró el juicio, Bowman estaba cumpliendo condena de cárcel por robo y por delitos con armas de fuego, por lo que las denuncias de que le habían ofrecido incentivos a cambio de que testificase contra Stockton arrojan serias dudas acerca de su credibilidad.
La acusación alegó que no se le había ofrecido ningún incentivo a Bowman por su testimonio. Sin embargo, en una carta del fiscal Anthony Giorno, escrita en 1990 a los abogados defensores de Stockton, Giorno afirmó: «No conozco otras promesas hechas a Bowman aparte de que yo le dije que haría un esfuerzo para que lo trasladasen (a otra cárcel)». Junto con esta carta había otra que Bowman había escrito al fiscal dos semanas antes del juicio, que decía: «Le escribo para hacerle saber que no me personaré en el juicio a menos que usted pueda acortar los 6 o 7 meses (de la condena) de forma que no tenga que volver a la cárcel».
En 1994, los abogados defensores de Stockton obtuvieron declaraciones juradas de agentes de la ley en las que afirmaban que Bowman se había enfadado mucho tras el juicio de Stockton «porque no habían cumplido las promesas que le habían hecho». Según los testimonios, Bowman declaró que le habían prometido una reducción de la condena o el traslado a otra prisión. Diecisiete días después de la condena a muerte de Stockton, el fiscal retiró los cargos contra Bowman por adquirir objetos robados. Catorce meses después del juicio Bowman salió en libertad condicional.
En 1987, un juez federal, al enterarse de que el jurado de 1983 se había visto influido cuando escuchó decir al dueño de un pequeño restaurante en el que comieron que «Stockton debería ser ejecutado», revocó la condena de muerte de Stockton y le ofreció escoger entre cadena perpetua y una nueva vista para determinar la sentencia. Stockton, que insistía en su inocencia, escogió una nueva vista. Pero la legislación no permite examinar de nuevo las pruebas en la segunda vista de determinación de la pena, por lo que a Stockton volvieron a condenarlo a muerte.
A Tommy Mc Bride, quien, según Bowman había pagado a Stockton para que cometiese el homicidio, lo acusaron de conspiración para cometer un asesinato pero no llegaron a juzgarlo. El caso de Mc Bride fue trasladado a Carolina del Norte pero las autoridades de ese estado afirmaron que no había pruebas «verosímiles» contra Mc Bride. Una propuesta para retirar los cargos contra Mc Bride en Virginia alegaba que su acusación «tenía como único fin poner en tela de juicio» la credibilidad de McBride como posible testigo para la defensa de Stockton.
El 25 de septiembre de 1995, el juez de un tribunal de primera instancia ordenó un aplazamiento de la ejecución de 60 días después de presentar los abogados defensores testimonios de la ex esposa de Bowman, de su hijo y de un amigo en los que declaraban que Bowman había admitido cometer el asesinato. Un periódico de Virginia informó que Bowman había confesado también ante un periodista. No obstante un tribunal federal anuló el aplazamiento al día siguiente y Stockton fue ejecutado.
Robert Charles Cruz, que en un principio había sido condenado a muerte en Arizona en 1981, fue absuelto de la acusación de asesinato en su quinto juicio en junio. La condena de Cruz en 1981 fue anulada por la Corte Suprema de Arizona en 1983 y volvieron a juzgarlo dos veces en 1987. Los jurados no llegaron a ponerse de acuerdo en el veredicto y en ambos casos el juicio fue declarado nulo. En 1988 volvieron a condenarlo y de nuevo la sentencia fue la pena capital. Esta condena la anuló también la Corte Suprema de Arizona en 1993 fundándose en que Cruz, que era hispano, no había tenido un juicio justo, ya que el fiscal había eliminado a tres hispanos del grupo de posibles miembros del jurado.
Rolando Cruz (sin parentesco con el anterior), que originalmente había sido condenado a muerte en Illinois en 1983, fue absuelto del asesinato de una niña de diez años en su tercer juicio en noviembre. El juez orientó al jurado para que pronunciase un veredicto absolutorio después de admitir un agente de policía que había mentido. Alejandro Hernández, acusado junto con Cruz, también fue liberado en diciembre después de retirar la acusación los cargos contra él en lugar de permitir que lo juzgaran por cuarta vez.
En su resolución sobre el el caso de Lloyd Schlup [2] en enero de 1995, la Corte Suprema de los EE. UU. rebajó los requisitos para que se aceptaran los alegatos de inocencia de los presos que iban a ser ejecutados. La Corte decidió que a partir de entonces los presos tenían que demostrar que se había producido una infracción constitucional que posiblemente había provocado la condena de un inocente. La Corte subrayó que se refería a aquellos casos «extremadamente raros» en que un preso presenta pruebas «sustanciales» de su «inocencia real».
La posibilidad de ejecutar a un inocente ha provocado que políticos de todo el mundo abandonen su apoyo a la pena de muerte. Por ejemplo, en el Reino Unido, Michael Howard, ministro del Interior que con anterioridad había votado a favor de restaurar la pena de muerte en el país (creyendo que sería una medida disuasoria para los delitos violentos), votó en contra en 1994. Citó varios errores judiciales producidos en el Reino Unido como razón por la que había cambiado de opinión sobre el tema:
Representación letrada ineficaz
Calvin Burdine llegó a Texas 13 horas antes de ser ejecutado, el 11 de abril de 1995. Había sido condenado a muerte en 1983 por el asesinato de su amante homosexual.
El abogado defensor de Burdine en el juicio fue Joe Frank Cannon, cuya capacidad como defensor de acusados de delitos punibles con la muerte se había criticado ampliamente. En septiembre de 1994, The Wall Street Journal publicó un artículo sobre las muchas denuncias de la ineficacia de Cannon como abogado, entre ellas la absoluta falta de preparación para los juicios y un admitido deseo de que los juicios se desarrollasen «con la velocidad del rayo». En el juicio de Burdine, Cannon se durmió en varias ocasiones. El portavoz del jurado en el juicio de Burdine, Daniel Shickland, manifestó en una declaración jurada: «Durante la fase de declaración de inocencia o culpabilidad del juicio del Sr. Burdine, pude observar que el Sr. Joe Cannon parecía caer en un estado de somnolencia, quizás hasta en cinco ocasiones diferentes».
Según el propio Cannon admitió, no había entrevistado a ningún posible testigo como preparación para la defensa de Burdine. En un principio, la ejecución se había fijado para el 17 de enero de 1995, pero un juez federal de primera instancia la aplazó y ordenó una vista probatoria para verificar si Cannon se había dormido durante el juicio.
La Corte de Apelaciones de lo Penal del estado de Texas decidió entonces que el hecho de que Cannon no estuviese despierto durante el juicio no había afectado al resultado del caso, pero la Corte Federal aplazó la ejecución fundándose en que era necesaria otra vista para establecer si el juicio de Burdine había sido parcial.
Al menos otro condenado a muerte, Carl Johnson (ejecutado en Texas el 19 de septiembre de 1995) había acusado a Joe Cannon de quedarse dormido mientras lo representaba en el juicio. Otro condenado a la pena capital, George McFarland afirma que su abogado, de 72 años, se durmió durante el juicio. El juez Doug Shaver, que presidía el juicio de McFarland respondió: «La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a un abogado de su elección. Pero la Constitución no dice que el abogado tenga que estar despierto».
También se ha alegado que la actitud de Cannon hacia los homosexuales no hacía de él la persona más idónea para representar a Burdine, que es homosexual declarado. Durante una vista celebrada en 1988 y en una declaración jurada archivada con los documentos del juicio, Canon se refirió a los homosexuales llamándolos «maricas». Cannon no protestó por el siguiente comentario que hizo el fiscal durante la fase de determinación de la sentencia: «Ciertamente, enviar a prisión a un homosexual no es un castigo muy duro para él». Parece ser que Cannon aceptó en el jurado a tres personas que admitieron tener prejuicios contra los homosexuales. Una de estas tres personas había declarado: «Realmente no puedo decir que (mi idea sobre los homosexuales) no me haría parcial contra ellos». Estos miembros del jurado podían haber sido excluídos con una recusación sin causa (el derecho a excluir a un miembro del jurado sin aportar argumentos).
El fiscal no pidió la pena de muerte para el otro acusado junto con Burdine, Douglas McCreight, quien, según informes, ayudó a apuñalar y a estrangular a la víctima. Posteriormente, Douglas McCreight quedó en libertad bajo fianza.
Burdine había sobrevivido previamente a otra ejecución el día 4 de agosto de 1987: Jay Burnett, juez de primera instancia de Houston, la había aplazado en julio de 1987. Inmediatamente después del aplazamiento, el juez Burnett envió por fax y por correo una copia certificada de la orden de aplazamiento a los funcionarios encargados de aplicar la pena de muerte. También telefoneó a los funcionarios de prisión para informarles del aplazamiento.
Sin embargo, a primeras horas de la mañana del 3 de agosto de 1987, los guardias de los presos condenados a muerte fueron a la celda de Burdine y le dieron instrucciones de que se preparase para su ejecución. Burdine trató de parar los preparativos mostrando a los funcionarios una copia certificada del aplazamiento del juez. Pero le obligaron a llevar a cabo todos los preparativos para su ejecución, que incluían hacer testamento, tomar una ducha «final» y pedir su «última» comida. Los guardias no permitieron que Burdine llamase a su abogado durante ese proceso.
En la tarde del 3 de agosto, unas horas antes de la hora prevista para la ejecución de Burdine, los funcionarios de prisión «encontraron» el aplazamiento de la ejecución del juez y volvieron a llevar a Burdine a su celda habitual.
En julio, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, organización no gubernamental de investigación, publicó un informe sobre la mala calidad de la representación letrada proporcionada a los presos condenados a muerte durante su juicio.
El informe, titulado With Justice for the Few: The Growing Crisis in Death Penalty Representation [4], concluyó que «hay pruebas sobrecogedoras de que muchas de esas 3.000 personas (condenadas a muerte) no están en esa situación por haber cometido los peores delitos sino porque se les proporcionó los peores abogados...».
Supresión de la ayuda federal para los centros de asistencia jurídica a los condenados a pena de muerte
Las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a Muerte, conocidas comúnmente como Centros de Recursos contra la Pena Capital, fueron creadas por el Congreso en 1988 para garantizar una representación letrada adecuada a los presos condenados a muerte durante el proceso de apelación y de petición de hábeas corpus. Estas organizaciones se crearon tras la promulgación de una ley que obligaba a las cortes federales a proporcionar asistencia letrada a los condenados a muerte.
En el verano de 1995, el Congreso de los EE. UU. votó la supresión de los 20 millones de dólares en ayudas para estas organizaciones, con lo que se dejó a la mayoría de los centros sin fondos suficientes, obligándoles a cerrar. El diputado Bob Inglis, uno de los principales defensores del proyecto de ley para retirar las ayudas, alegaba que los centros iban más alla de sus obligaciones legales y se oponían a la pena de muerte. Según The New York Times, el diputado Inglis había dicho: «No deberíamos gastar dinero de las arcas federales para subvencionar grupos asesores gestionados por personas cuyo único propósito es tramar teorías jurídicas para frustrar la aplicación de la pena de muerte». Afirmó también que el gobierno federal ahorraría veinte millones de dólares si se cerrasen estos centros.
Entre los juristas se discute si en realidad se producirían esos ahorros, pues los condenados a muerte tienen derecho a un abogado y en la mayoría de los casos es el Estado quien lo proporciona. El juez federal Richard Arnold estimaba que el coste de un abogado privado era de entre 75 y 100 dólares por hora frente a la media de 55 dólares que cobran los abogados de las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a Muerte. El juez describió a las citadas organizaciones como «la mejor forma y la más barata de proporcionar un servicio». Entre los juristas, hay quienes han expresado su preocupación porque la desaparición de estos centros llevará a los condenados a muerte a ser representados por abogados no familiarizados con los complejos recursos de apelación que conlleva la pena capital.
La aprobación del proyecto de ley se retrasó porque el Congreso y el presidente Clinton no llegaban a un acuerdo sobre el presupuesto federal. Por lo tanto, es posible que los centros reciban algunas ayudas hasta abril de 1996. Hacia finales de 1995, muchos de los centros habían cerrado y los que aún funcionaban lo hacían con un personal muy reducido.
En un editorial titulado «Los condenados a pena de muerte, estafados», The New York Times [5] decía: «La legislación prevista para suprimir esas ayudas incrementará las probabilidades de que los acusados que sean inocentes o aquellos cuyo juicio presentó algúna irregularidad constitucional sean ejecutados... el programa de defensa merece perdurar. Un Congreso comprometido con la aplicación de la pena de muerte no puede, de buena fe, denegar la representación letrada».
El Congreso de los EE. UU. limita los recursos de apelación existentes para los condenados a la pena capital
Parece probable que el Congreso llegue a realizar grandes cambios en la revisión federal del recurso de hábeas corpus para los casos de pena capital. Un recurso de hábeas corpus permite a un preso recurrir su condena original apelando a la Constitución de los Estados Unidos.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han aprobado varias versiones de «reformas» del recurso de hábeas corpus que limitarían el ámbito de las revisiones judiciales federales, e impondrían limitaciones a la presentación de recursos de hábeas corpus. Estas propuestas se incorporaron como apéndices a varios proyectos de ley que trataban desde la legislación antiterrorista hasta las disposiciones sobre el presupuesto del gobierno federal de los EE. UU. Hasta ahora, las propuestas no se han aprobado, ya que resultaban rechazadas en las negociaciones de los comités o cuando se producía la votación. Sin embargo, dado que el apoyo del Congreso a la reforma del hábeas corpus sigue siendo fuerte, se espera que se apruebe en 1996 alguna normativa que altere significativamente este derecho.
Por primera vez, el Congreso parece dispuesto a imponer unos límites a la presentación de recursos de hábeas corpus. Se quiere imponer un plazo de un año para presentar la solicitud de este procedimiento, plazo que comienza a contar desde el momento en que la condena del preso es «firme» («firme» se define como la conclusión de las apelaciones «directas» a los tribunales estatales). El preso tendrá desde entonces el plazo de un año para presentar un recurso de apelación a la condena de pena de muerte. Una vez presentado el recurso, el plazo deja de discurrir hasta que se ve el recurso. Si éste se deniega, el «reloj» vuelve a ponerse en marcha. Todo el tiempo que pase sin que el preso presente un recurso, se cuenta para el cómputo del plazo de un año.
El ex director de la prisión estatal de Mississippi se manifiesta contra la pena de muerte.
Don Cabana, ex director de la prisión estatal de Mississipi, en la que hay condenados a la pena de muerte, es ahora contrario a la pena capital. En varias entrevistas de prensa, Don Cabana describió sus experiencias al haber participado en seis ejecuciones, en dos de ellas como verdugo. Cabana declaró: «Yo sólo era un instrumento del sistema judicial...Dios quería que lo hiciera...quería que matase alguien con sentimientos humanitarios...yo los tenía. Sentía compasión». Continuaba describiendo cómo aprovecha ahora sus experiencias para hacer campaña contra la pena de muerte, en particular contra el horror de la ejecución por gas letal: «El público de veinte (testigos) se sentaba en sillas de plástico plegables y sólo podía ver la espalda (del preso) de manera que no pudiese ver las contorsiones, los ojos desorbitados, el rechinar de dientes, la saliva, las contracciones y los puños apretados. Los médicos y el personal de la prisión se sentaban de frente. Yo no podía apartar mis ojos de la cara del preso y pensaba "lo conozco, ese hombre estaba a mi cuidado". Tan solo unos minutos antes estaba vivo y ahora era alguien a quien yo estaba matando... Aunque viva ochenta años, recordaré cada arruga, cada gesto de su cara, el corte de pelo, cada reacción en la cámara».
Cabana calificó al sistema judicial de imperfecto, y declaró que vive obsesionado por la sospecha de que uno de los hombres que ejecutó, Edward Earl Johnson (ejecutado el 20 de mayo de 1987) era inocente [6]. Cabana cree que no debería esperarse que los funcionarios de prisiones tomen parte en las ejecuciones, sino que ese trabajo deberían realizarlo el portavoz del jurado o el fiscal.
El trigésimo octavo estado que restaura la pena de muerte.
El 7 de marzo de 1995, el gobernador George Pataki firmó un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte en Nueva York. El proyecto había sido aprobado con anterioridad por las dos cámaras del estado de Nueva York, la Asamblea y el Senado, por 38 votos a favor y 19 en contra, y 94 votos a favor y 52 en contra, respectivamente. Nueva York es el trigésimo octavo estado estadounidense que ha restablecido una legislación que permite la aplicación de la pena de muerte. El proyecto entró en vigor como ley el día 1 de septiembre de 1995.
El gobernador Pataki hizo de su apoyo a la restauración de la pena capital uno de los pilares de su programa electoral para las elecciones de 1994 para el cargo de gobernador, y el proyecto sobre la pena de muerte fue la primera ley importante que firmó y promulgó. La Asamblea y el Senado habían intentado previamente en dieciocho ocasiones restaurar la pena de muerte desde 1977, pero todos los proyectos de ley previos habían sido vetados por los anteriores gobernadores Casey y Cuomo.
La ley permite la imposición de la pena de muerte para unos doce delitos aproximadamente, entre los que se encuentran: el homicidio intencionado cometido en el transcurso de un robo, violación o secuestro, el homicidio a sueldo, el asesinato de funcionarios de prisión, funcionarios de policía o cualquier otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y finalmente el asesinato con tortura. El método de ejecución es la inyección letal; el anterior era la electrocucción. El último preso ejecutado en Nueva York fue Eddie Lee Mays en 1963.
La ley no permite la ejecución de menores de 18 años de edad en el momento de cometer el delito, de mujeres embarazadas ni de retrasados mentales; la determinación de si existe deficiencia mental tendrá lugar en el tribunal donde se celebre el juicio.
Según la nueva ley, los juicios por delitos punibles con la muerte tendrán lugar en dos fases: la primera determina la culpabilidad o inocencia del acusado y, si éste es condenado por asesinato en primer grado, el tribunal celebrará una segunda vista conocida como «fase de determinación de la pena», en la que se determina si la condena será la pena capital o la cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza. La decisión de la sentencia corresponde al jurado original, del que se requerirá que determine si las circunstancias atenuantes relativas al acusado son más importantes que las agravantes del delito.
Para imponer cualquiera de las dos penas es necesario que la decisión del jurado sea unánime. En el caso de que el jurado no alcance la unanimidad, el acusado será condenado a cadena perpetua por un periodo mínimo de 20 años.
También se aprobó una ley para asignar 11 millones de dólares «o tanto como sea necesario» para cubrir los costes, cada vez más elevados, de acusación y defensa que son necesarios para aplicar la legislación sobre la pena de muerte.
El gobernador Pataki citó la prevención de los delitos violentos como su razón principal para restaurar la pena capital. En la ceremonia de firma de la ley, el gobernador Pataki utilizó dos plumas que habían pertenecido a dos policías asesinados y estuvo rodeado de familiares de víctimas de homicidios. El gobernador Pataki dijo: «Ahora se hará justicia... Este es un momento solemne porque se está tratando de prevenir tragedias y ya hemos visto demasiadas en el pasado».
En 1993, último año del que Amnistía Internacional dispone de estadísticas, hubo un total de 2.285 asesinatos en Nueva York. Se estima que, según la nueva ley, entre un quince y un veinte por ciento se considerarían punibles con la pena capital. Sin embargo, dada la experiencia de otros estados, es poco probable que Nueva york tenga tal cantidad de juicios de esta índole. Varios fiscales de distrito han expresado sus reservas a la hora de pedir condenas a muerte y al menos uno de ellos afirmó que no estaría dispuesto a pedir una pena de muerte «bajo ninguna circunstancia».
Como reacción a la firma del proyecto de ley sobre la pena de muerte, el anterior gobernador, Mario Cuomo, dijo: «Esto es un paso atrás en lo que debería ser una marcha contínua hacia un nivel más alto de civilidad e inteligencia. El argumento de que la pena de muerte va a disuadir y a reducir el número de delitos ya se ha abandonado en casi todas partes».
A finales de 1995 no se había impuesto ninguna condena a muerte en Nueva York, aunque dos personas estaban acusadas de asesinatos punibles con la pena capital y pendientes de juicio.
Massachussets, Iowa y Wisconsin rechazan la restauración de la pena de muerte
En marzo, William Weld, gobernador de Massachussets, volvió a presentar un proyecto de ley para restaurar la pena de muerte por quinto año consecutivo. En una declaración al poder Legislativo, el gobernador Weld escribió: «Ese consenso moral Äque ha sido frustrado en MassachussetsÄ supone que aquellos que muestran un completo desprecio por la vida humana al cometer asesinatos a sangre fría renuncian justamente a su derecho a vivir». El gobernador Weld hizo también referencia a la restauración de la pena de muerte en Nueva York, diciendo que: «Nueva York ha cambiado, también lo puede hacer Massacchussets».
El proyecto fue rechazado en junio de 1995 por una votación de 83 votos a favor y 78 en contra, habiéndose acortado la diferencia en seis votos respecto al año anterior. Después de la votación, el gabinete del gobernador anunció su intención de preparar otra sesión para restaurar la pena de muerte en el futuro.
El gobernador Terry Branstad también presentó un proyecto de ley para restaurar la pena de muerte en Iowa. A pesar de que la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto, no llegó a promulgarse como ley ya que el Senado lo rechazó en una votación por 39 votos contra 11.
En Wisconsin se había propuesto un proyecto que permitía aplicar la pena de muerte a las personas declaradas culpables de asesinar a un menor de dieciseis años. Debido a la falta de apoyo a la iniciativa, la votación se aplazó. En 1993, el Senado de Wisconsin votó en contra de una propuesta similar por 21 votos contra 12.
Duncan McKenzie fue ejecutado en Montana el 10 de mayo de 1995. Era el primer preso ejecutado desde 1943. McKenzie era uno de los presos que más tiempo llevaba en espera de ejecución en los Estados Unidos. Había sido condenado en 1974 y su ejecución se fijó en ocho ocasiones en el pasado, pero los tribunales de apelación la aplazaron en cada una de ellas.
En una carta en la que se denegaba clemencia, el gobernador Racicot, de Montana, declaró: «No se produce ninguna privación de la dignidad humana cuando se condena y se castiga justamente a un criminal. Es una demostración de que no hemos perdido la confianza en nuestro discernimiento entre el bien y el mal..».
Keith Zettlemoyer fue ejecutado en Pensilvania el 2 de mayo de 1995. Era el primer preso ejecutado en ese estado desde 1962 (para más detalles, véase el apartado «Presos que renunciaron a su derecho de apelación y pidieron su ejecución»).
En julio, la prensa de Pensilvania publicó varios artículos en los que se informaba de que el Departamento de Prisiones estaba buscando seis «ciudadanos adultos y respetables» como testigos de una ejecución. Se invitaba a las personas a escribir a la Institución Correccional del Estado expresando su deseo de acudir como testigo a la ejecución y especificando si deseaban presenciar alguna ejecución en particular.
La Crueldad de las ejecuciones
Emmitt Foster fue ejecutado por inyección letal el 3 de mayo en Missouri. Según los informes de la prensa, una de las correas que sujetaban a Foster a la silla estaba demasiado apretada, por lo que impedía el paso de las drogas letales a su brazo derecho. Los trabajadores de la prisión cerraron las persianas de las ventanas de la cámara a las 12.10 de la mañana (diez minutos después de que empezase la ejecución) y no las abrieron hasta las 12.36, tres minutos después de que se declarase la muerte de Foster. Soltaron la correa a las 12.27.
Los testigos oficiales de la ejecución no pudieron ver la cámara después de que cerraron las persianas, por lo que uno de los testigos rehusó firmar la declaración rutinaria de que había presenciado la ejecución. Otros testigos declararon que Foster «no podía respirar, tenía ligeras convulsiones» y «tenía convulsiones abdominales» antes de que se cerrasen las persianas. El médico forense que presidía la ejecución calificó el incidente de «pequeño error. Tampoco es que el hombre sufriera».
El resto de los 36 presos condenados a muerte en Missouri iniciaron una demanda legal acogiéndose al derecho federal en la que alegaban que la prolongada ejecución de Emmit Foster había demostrado que el método de ejecución de Missouri era «un castigo cruel e inusitado» que violaba la constitución del estado. La demanda dió lugar a un aplazamiento de la ejecución de Larry Griffin, pero el fiscal recurrió el aplazamiento con éxito ante un tribunal superior y Griffin fue ejecutado. Los abogados de los presos retiraron la demanda cuando vieron con claridad que no prosperaría.
Nicholas Ingram, ejecutado el 7 de abril de 1995 en Georgia, fue uno de los muchos condenados a la pena de muerte que han sufrido la tensión del aplazamiento de la ejecución en el último momento. La suya se aplazó 65 minutos antes de la hora prevista el día 6 de abril. Según una declaración jurada, los preparativos para la ejecución continuaron durante más de media hora después de concederse el aplazamiento. Ingram describió los preparativos en su declaración jurada:
Se concedió un aplazamiento de tres días, pero el fiscal lo recurrió con éxito y la ejecución de Ingram se llevó a cabo la tarde siguiente.
Jerry White fue ejecutado por electrocución el 4 de diciembre de 1995 en Florida. Según varios testigos de la ejecución, White «gritó» o «profirió un gemido de dolor claramente perceptible» cuando le aplicaron la corriente eléctrica. Dos de los testigos, que habían presenciado 12 ejecuciones anteriores en Florida, dijeron que nunca habían oído un sonido semejante de una persona que estaba siendo ejecutada.
La ejecución de Jerry White tuvo lugar mientras su amigo y compañero, condenado también a pena de muerte, Phillip Atkins, esperaba su propia ejecución (prevista para el día siguiente) en «la casa de la muerte», a unos cuantos metros de la cámara de ejecución. Atkins, que, según informes, tiene la edad mental de un niño de 15 años, le dijo a su abogado «lo oí todo y daba tanto miedo». Fue ejecutado el 5 de diciembre de 1995, como estaba previsto.
Texas permite que las familias de las víctimas presencien las ejecuciones
Como consecuencia de la presión ejercida por los familiares de las víctimas, el Comité de Justicia Penal de Texas ha modificado la normativa sobre ejecuciones. Las nuevas reglas, aprobadas en diciembre de 1995, permitirán que presencien la ejecución hasta cinco miembros de la familia del condenado.
Una medida similar se ha propuesto en Oklahoma. Actualmente, se permite presenciar las ejecuciones a los familiares de las víctimas en California, Louisiana, Carolina de Norte, el estado de Washington y Virginia.
Las encuestas muestran el escaso apoyo a la pena de muerte entre los jefes de policía
En febrero de 1995, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte publicó los resultados de un estudio acerca de la opinión de los jefes de policía sobre la pena de muerte.
Para este informe, titulado On the Front Line: Law Enforcement Views on the Death Penalty [7], se realizaron 386 entrevistas telefónicas a jefes de policía elegidos al azar en 48 estados de los Estados Unidos. Los resultados de las encuestas muestran que, aunque muchos jefes de policía apoyan la pena de muerte en teoría, la gran mayoría no cree que, en la práctica, sea una medida efectiva para hacer cumplir la ley.
Los jefes de policía estimaban la pena de muerte como el método menos efectivo para controlar el crimen, y lo situaron en el último lugar de las medidas para reducir los delitos violentos. Una escasa aplicación de la pena de muerte no era considerada como problema importante por la mayoría de los jefes de policía. La mayoría también cree que los asesinos no piensan en el posible castigo de sus delitos, que la pena de muerte no reduce significativamente el número de homicidios y que no es una de las herramientas más importantes en la lucha contra la delincuencia.
Participación de los profesionales de la salud en el proceso de ejecución
En Illinois se ha promulgado una nueva ley que redefine el papel de los médicos en el proceso de ejecución. Parece ser que la ley se presentó como reacción a la amplia oposición de los profesionales de la salud a la participación de los médicos en las ejecuciones de Illinois. El efecto del proyecto (o, al menos, la intención) es la exclusión de los médicos que asisten a ejecuciones de los términos de la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina para permitirles que participen en las ejecuciones sin por ello vulnerar la ética médica del Estado.
El 22 de marzo, Jim Edgar, gobernador del estado de Illinois, firmó y promulgó el hasta entonces proyecto de ley HB204. Este proyecto reforma la Ley sobre el Ejercicio de la Medicina estableciendo que «la asistencia, la participación o la prestación de auxilios o cualesquiera otras funciones de conformidad con este artículo, y que incluyen la administración de una o varias sustancias letales requeridas por el artículo, pero no se reducen a ellas, no se considerarán como constitutivas de la práctica de la medicina». La Ley sobre el Ejercicio de la Medicina estipula varias medidas disciplinarias para los médicos de «conducta no profesional, poco ética o deshonrosa».
La Asociación Médica Mundial escribió a las autoridades de Illinois para instarles a abolir la nueva ley que permite que los médicos participen en ejecuciones por inyección letal. La Asociación declaró que: «Independientemente de la decisión de un estado de imponer la pena capital...no debería alentarse a ningún médico a que actúe como verdugo... y para cualquier médico, el obrar de esa manera supone una violación del juramento hipocrático».
Robert Brecheen fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma el 11 de agosto de 1995, tan sólo unas horas después de recibir tratamiento médico de emergencia por una sobredosis de drogas en un hospital cercano.
Según las declaraciones del Departamento de Prisiones de Oklahoma, la noche del 10 de agosto de 1995, sobre las 9 hora local, unas tres horas antes del momento previsto para su ejecución, encontraron a Brecheen inconsciente, en su celda. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional McAlester donde, según su abogado, los médicos le dieron fuertes drogas para que recobrase la conciencia. Los informes indican que le hicieron un lavado de estómago.
Entonces lo volvieron a trasladar a la Penitenciaría del estado de Oklahoma, donde hizo una breve declaración antes de que le diesen muerte por inyección letal a las 1.55 de la madrugada.
La legislación del Estado de Oklahoma requiere que el preso condenado a muerte sea consciente de su ejecución y de los motivos por los que ésta se lleva a cabo. Amnistía Internacional recibió información contradictoria sobre el estado mental de Brecheen inmediatamente antes de su ejecución. Mientras que un funcionario de prisiones dijo que Brecheen «no tartamudeaba» y que «hablaba con fluidez», uno de los abogados de Brecheen afirmó que un detective que envió a la cárcel para comprobar el estado mental de Brecheen había dicho que éste estaba «aún desorientado» momentos antes de su ejecución.
Presos que renunciaron a su derecho de apelación y pidieron su ejecución
Siete presos ejecutados en 1995 se negaron a recurrir las sentencias condenatorias a la pena de muerte y pidieron su ejecución.
Thomas Grasso fue ejecutado en Oklahoma el 20 de marzo. Al principio, Grasso cumplía una condena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua en Nueva York. Tras su detención en Nueva York confesó haber cometido un asesinato en Oklahoma, por lo que fue extraditado a ese estado, donde lo juzgaron y condenaron a la pena de muerte. In 1993 Grasso estaba a punto de ser ejecutado en Oklahoma cuando las autoridades de Nueva York obtuvieron un mandamiento judicial de un tribunal federal para que volviese a Nueva York a cumplir su condena de cárcel.
Los candidatos al gobierno del estado de Nueva York debatieron la cuestión del traslado de Grasso a Oklahoma para ser ejecutado durante la campaña electoral de 1994. George Pataki, candidato partidario de la pena de muerte, ganó las elecciones (véase el apartado «El trigésimo octavo estado que restaura la pena de muerte»). Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue devolver a Grasso a Oklahoma y éste renunció a recurrir su extradición o su ejecución alegando que prefería la muerte a la cadena perpetua.
Keith Zettlemoyer fue ejecutado en Pensilvania el 2 de mayo después de negarse a seguir con sus recursos de apelación. Los abogados del Centro de Recursos Contra la Pena Capital de Pensilvania recurrieron fundándose en que Zettlemoyer no era mentalmente capaz de decidir su propio destino. En la vista, Zettlemoyer afirmó: «No estoy loco. No soy un lunático. Entiendo perfectamente todo lo que está pasando con la ejecución y todo eso». También dijo: «Veo mi ejecución como el fin del sufrimiento por mi encarcelamiento, una bendita y misericordiosa liberación de todos estos síntomas de mala salud que sufro constantemente».
Keith Zettlemoyer había sido condenado a muerte por asesinato en 1980 y lo ejecutaron a pesar de las peticiones de clemencia de la madre de la víctima.
Leon Moser fue ejecutado en Pensilvania el 16 de agosto. Su muerte puso fin a una serie de extrañas maniobras jurídicas. A las 2.40 de la tarde del día de su ejecución, el juez Thomas O'Neill Jr. ordenó que lo llevasen al juzgado para celebrar una vista sobre su competencia para renunciar a sus recursos de apelación. A las 4.30, unos funcionarios de la prisión informaron al juez que no podrían llevar a Moser al juzgado hasta las 10.30 de esa noche. El juez les comunicó que, en ese caso, la vista tendría lugar la mañana siguiente, para lo que ordenó un aplazamiento de la ejecución de 24 horas. El fiscal interpuso ante la Corte Suprema un recurso para que retirase el aplazamiento, pero fue rechazado por ocho votos a uno. No obstante, la Corte Suprema dictó posteriormente una orden que anulaba el aplazamiento de la ejecución y la prisión empezó los últimos preparativos para la ejecución de Moser.
El gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, dió instrucciones a la prisión para que se procediera a la ejecución a las 11.15 de la noche. Sobre la misma hora, los abogados de Moser informaron de los acontecimientos al despacho del juez O'Neill. Un empleado de éste telefoneó a la cárcel a las 11.30 de la noche para preguntar por la condición jurídica de Moser y dijo que probablemente el juez querría hablar con él para evaluar su capacidad mental. Le contestaron que a Moser lo habían atado a la silla con unas correas en la cámara de ejecución. El empleado preguntó si Moser tenía un teléfono móvil consigo, a lo que le respondieron que ningún preso de la cárcel del estado tenía ese tipo de teléfono. De lo que no le informaron era que Moser yacía a tan sólo unos metros de una línea de teléfono abierta que va desde la cámara de la muerte hasta la oficina del vigilante. A las 11.36 de la noche, una mezcla de drogas letales empezó a fluir por el brazo de Moser. El empleado del juez O'Neill volvió a telefonear a la cárcel para ver si Moser aún estaba vivo y preguntó: «¿Está Moser vivo o muerto?, porque, si todavía está vivo, es probable que el juez quiera hablar con él». Le comunicaron que le estaban administrando las drogas a Moser y que probablemente ya había muerto. Leon Moser fue declarado muerto a las 11.47 de la noche.
El estado de Pensilvania gastó 39.390 dólares en las ejecuciones de Zettlemoyer y Moser. Uno de los mayores gastos fue el pago de tiempo extraordinario de trabajo de los funcionarios de prisiones.
Los otros presos que renunciaron a sus recursos de apelación y fueron ejecutados son: Nelson Shelton, ejecutado en Delaware el 17 de marzo; Phillip Ingle, ejecutado en Carolina del Sur el 22 de septiembre; Mickey Wayne Davidson, ejecutado en Virginia el 19 de octubre y Esequel Banda, ejecutado en Texas el 11 de diciembre.
| Fecha | Nombre | Estado | M étodo | Raza | Víctima | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/258/86 | 4 enero | Jesse JACOBS | Texas | IL | B | B |
| 2/259/87 | 17 enero | Mario MARQUEZ | Texas | IL | L | L |
| 3/260/07 | 24 enero | Kermit SMITH | Carolina del Norte | IL | B | N |
| 4/261/25 | 24 enero | Dana Ray EDMONDS | Virginia | IL | N | B |
| 5/262/88 | 31 enero | Clifton Charles RUSSELL | Texas | IL | B | B |
| 6/263/89 | 31 enero | Willie WILLIAMS | Texas | IL | N | B |
| 7/264/90 | 7 febrero | Jeffrey MOTLEY | Texas | IL | B | L |
| 8/265/91 | 16 febrero | Billy GARDNER | Texas | IL | B | B |
| 9/266/92 | 21 febrero | Samuel HAWKINS | Texas | IL | N | B |
| 10/267/04 | 17 marzo | Nelson SHELTON | Delaware | LI | B | B |
| 11/268/04 | 20 marzo | Thomas GRASSO | Oklahoma | IL | B | N |
| 12/269/03 | 22 marzo | James FREE | Illinois | IL | B | B |
| 13/270/04 | 22 marzo | Hernando WILLIAMS | Illinois | IL | N | B |
| 14/271/93 | 5 abril | Noble MAYS | Texas | IL | B | B |
| 15/272/19 | 7 abril | Nicholas INGRAM | Georgia | E | B | B |
| 16/173/10 | 19 abril | Richard Wayne SNELL | Arkansas | IL | B | B/N |
| 17/274/11 | 28 abril | Willie CLISBY | Alabama | E | N | N |
| 18/275/01 | 2 mayo | Keith ZETTLEMOYER | Pennsylvania | IL | B | B |
| 19/276/12 | 3 mayo | Emmitt FOSTER | Missouri | IL | N | N |
| 20/277/01 | 10 mayo | Duncan MCKENZIE | Montana | IL | B | B |
| 21/278/12 | 12 mayo | Varnall WEEKS | Alabama | E | N | B |
| 22/279/22 | 16 mayo | Thomas Lee WARD | Louisiana | IL | N | N |
| 23/280/05 | 17 mayo | Girvies DAVIS | Illinois | IL | N | B |
| 24/281/20 | 17 mayo | Darrell DEVIER | Georgia | E | B | B |
| 25/282/26 | 25 mayo | Willie Lloyd TURNER | Virginia | IL | N | B |
| 26/282/94 | 1 junio | Fletcher Thomas MANN | Texas | IL | B | B |
| 27/284/95 | 8 junio | Ronald ALLRIDGE | Texas | IL | N | B |
| 28/285/96 | 20 junio | John FEARANCE | Texas | IL | N | B |
| 29/286/97 | 21 junio | Karl HAMMOND | Texas | IL | N | B |
| 30/287/13 | 21 junio | Larry GRIFFIN | Missouri | IL | N | N |
| 31/288/05 | 1 julio | Roger Dale STAFFORD | Oklahoma | IL | B | 4B1 N1L |
| 32/289/34 | 18 julio | Bernard BOLENDER | Florida | E | B | 3L1N |
| 33/290/14 | 27 julio | Tony MURRAY | Missouri | IL | N | 2N |
| 34/291/06 | 11 agosto | Robert BRECHEEN | Oklahoma | IL | N | B |
| 35/292/98 | 15 agosto | Vernon SATTIEWHITE | Texas | IL | N | B |
| 36/293/02 | 16 agosto | Leon MOSER | Pennsylvania | IL | B | 3B |
| 37/294/05 | 18 agosto | Sylvester ADAMS | Carolina del Sur | IL | N | N |
| 38/295/11 | 31 agosto | Barry FAIRCHILD | Arkansas | IL | N | B |
| 39/296/04 | 13 septiembre | Jimmy JEFFERS | Arizona | IL | B | B |
| 40/297/99 | 19 septiembre | Carl JOHNSON | Texas | IL | N | N |
| 41/298/06 | 20 septiembre | Charles ALBANESE | Illinois | IL | B | B |
| 42/299/08 | 22 septiembre | Phillip Lee INGLE | Carolina del Norte | IL | B | 4B |
| 43/300/27 | 27 septiembre | Dennis STOCKTON | Virginia | IL | B | B |
| 44/301/100 | 4 octubre | Harold Joe LANE | Texas | IL | B | B |
| 45/302/28 | 19 octubre | Mickey DAVIDSON | Virginia | IL | B | 3B |
| 46/303/29 | 14 noviembre | Herman BARNES | Virginia | IL | N | B |
| 47/304/15 | 15 noviembre | Robert SIDEBOTTOM | Missouri | IL | B | B |
| 48/305/07 | 22 noviembre | George DELVECHIO | Illinois | IL | B | B |
| 49/306/16 | 29 noviembre | Anthony Joe LARETTE | Missouri | IL | B | B |
| 50/307/35 | 4 diciembre | Jerry WHITE | Florida | E | B | L |
| 51/308/36 | 5 diciembre | Phillip ATKINS | Florida | E | N | B |
| 52/309/17 | 6 diciembre | Robert OþNEAL | Missouri | IL | B | N |
| 53/310/101 | 6 diciembre | Bernard AMOS | Texas | IL | N | B |
| 54/311/102 | 7 diciembre | Hai Hai VUONG | Texas | IL | A | 2A |
| 55/312/103 | 11 diciembre | Esequel BANDA | Texas | IL | L | B |
| 56/313/104 | 12 diciembre | James BRIDDLE | Texas | IL | B | B |
Método de ejecución: E = electrocución; IL
= inyección letal
Raza: A = Asiático; N = Negro; L = Latino; B =
Blanco
Sexo: M = Mujer; V = Varón
Número total de ejecuciones desde le restauración de la pena de muerte en 1976 1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 0 1 0 2 0 1 2 5 21 18 18 25 11 16 23 14 31 38 31 56 RAZA DE LOS EJECUTADOS TOTAL : 313 Blancos 172 (54,92%) Negros 122 (39,05%) Hispanos 17 (5,40%) Indígenas 1 (0,32%) Asiáticos 1 (0,32%) RAZA DE LAS VÍCTIMAS TOTAL: 420 Blancas 346 (82,39%) Negras 53 (12,61%) Hispanas 14 (3,34%) Asiáticas 7 (1,66%) EJECUCIONES POR ESTADO TOTAL: 26 ESTADOS 1. Texas 104 (33,01%) 2. Florida 36 (11,43%) 3. Virginia 29 (9%) 4. Louisiana 22 (6,98%) 5. Georgia 20 (6,35%) 6. Missouri 17 (5,40%) 7. Alabama 12 (3,81%) 8. Arkansas 11 (3,49%) 9. Carolina del Norte 8 (2,54%) 10. Illinois 7 (2,22%) 11. Oklahoma 6 (1,90%) 12. Delaware 5 (1,59%) 13. Nevada 5 (1,59%) 14. Carolina del Sur 5 (1,59%) 15. Utah 4 (1,27%) 16. Mississippi 4 (1,27%) 17. Arizona 4 (1,27%) 18. Indiana 3 (0,95%) 19. California 2 (0,63%) 20. Washington 2 (0,63%) 21. Pensilvania 2 (0,63%) 22. Idaho 1 (0,32%) 23. Maryland 1 (0,32%) 24. Nebraska 1 (0,32%) 25. Wyoming 1 (0,32%) 26. Montana 1 (0,32%) EJECUCIÓN POR MÉTODO UTILIZADO TOTAL: 313 EJECUCIONES Inyección letal 182 Electrocución 119 Cámara de gas 9 Ahorcamiento 2 Pelotón de ejecución 1
Número de presos en espera de ser ejecutados al finalizar 1994: 3.046 en 34 estados, o bajo la jurisdicción federal o militar.
JURISDICCIONES CON LEYES SOBRE LA PENA DE MUERTE: 38 ESTADOS Y DOS FEDERALES.Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinios, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wyoming, El Gobierno de los EE. UU., el ejército. (se han subrayado los estados que, a pesar de estipular la pena de muerte en su legislación, no han impuesto condenas a muerte).
JURISDICCIONES SIN PENA CAPITAL: 12 ESTADOS Y UNA JURISDICCIÓN FEDERAL
Alaska, Distrito Federal de Columbia, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin.
DELINCUENTES JUVENILES EJECUTADOS DESDE 1977 TOTAL: 9Charles Rumbaugh (Texas) 11 de septiembre de 1985 James Terry Roach (Carolina del Sur) 10 de enero 1986 Jay Pinkerton (Texas) 15 de mayo de 1986 Dalton Prejean (Louisiana) 18 de mayo de 1990 Johnny Frank Garrett (Texas) 11 de febrero de 1992 Curtis Harris (Texas) 1 de julio de 1993 Frederick Lashley (Missouri) 28 de julio1993 Ruben Cantu (Texas) 24 de agosto 1993 Christopher Burger (Georgia) 7 de diciembre de 1993
(Todos tenían 17 años cuando cometieron el delito)
DELINCUENTES JUVENILES EN ESPERA DE SER EJECUTADOS: Al menos 44 en 13 estados.
Alabama (5); Arizona (2); Florida (3); Georgia (2); Kentucky (1); Mississippi (5); Missouri (2); Nevada (1); Oklahoma (1); Pensilvania (2); Carolina del Sur (2); Texas (17); Virginia (1).
COMBINACIONES RACIALES DE CONDENADO Y VÍCTIMAS
CONDENADO DE RAZA BLANCA CON
Víctima blanca 240 (56%) Víctima negra 5 (1,18%) Víctima asiática 2 (0,47%) Víctima hispana 5 (1,18%) CONDENADO DE RAZA NEGRA CON Víctima blanca 100 (23%) Víctima negra 47 (11%) Víctima asiática 2 (0,24%) Víctima hispana 1 (0,24%)
Notas finales
1. Para más información, véase EE UU: noticias sobre la pena de muerte en 1992. Índice de AI: AMR 51/25/93/s
2. Para más información, véase EE UU: Noticias sobre la pena de muerte en 1994, Índice de AI AMR 51/01/95/s
3. Parliamentary Debates (Hansard), House of Commons, Official Report, 21 February 1994, column 45. Traducción no oficial de EDAI.
4. Publicado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Centre), 1606 20th St. Nw, Washington, DC 20009 USA. La traducción de la cita es de EDAI.
5. Short changing Inmates on Death Row, 13 de octubre de 1995.
6. Para más información, véase la publicación de AI titulada USA: The Risk of Executing the Innocent, Índice de AI: AMR 51/19/89.
7. Publicado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Centre), 1606 20th street, NW, Washington DC 20009 USA
8. Total del año; total de ejecuciones desde 1977; total para ese estado desde 1977.
9. Fuente: (Legal Defense and Education Fund) Fondo de Defensa Jurídica y Educación, Nueva York, octubre de 1995.