Febrero de 1996
Índice de AI: AMR 23/02/96/s
Distr: SC/CO
La prolongada crisis de derechos humanos que viene asolando Colombia se agravó durante 1995 al alcanzar proporciones alarmantes en varias regiones del país un conflicto civil que se libra con cínico desprecio por los derechos humanos y los principios humanitarios internacionales. El optimismo y la esperanza que generó inicialmente la política de derechos humanos anunciada por el presidente Ernesto Samper no se han visto justificados por los hechos, y cada vez es mayor el escepticismo sobre la voluntad política del gobierno de poner fin a las sistemáticas violaciones de derechos humanos que continúan registrándose en Colombia.
En 1995, más de 2.500 personas fueron víctimas de asesinatos que obedecieron a motivos políticos. La tortura se practicó de forma generalizada, y se registraron más de 150 "desapariciones". Varios cientos de personas perdieron la vida durante enfrentamientos violentos entre las fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos armados de oposición. La gran mayoría de las víctimas, como anteriormente, fueron civiles que no participaban en el combate, escogidos por sus simpatías políticas reales o supuestas. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar, sumándose a las aproximadamente 600.000 ya desplazadas internamente por la violencia política de la década precedente.
No prosperó la propuesta del gobierno sobre conversaciones de paz con los principales grupos armados de oposición --las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La idea fue abandonada en julio como resultado de la resistencia presentada por los altos mandos militares y de la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, quien no fue reemplazado.[1] Los tres grupos continuaron su campaña de oposición armada a lo largo del año. Ante el fracaso de su iniciativa de paz, el gobierno reaccionó aumentando el presupuesto militar e introduciendo, mediante decretos ejecutivos de excepción, medidas que aumentaban la capacidad contrainsurgente de las fuerzas armadas reduciendo los controles judiciales que pesaban sobre tales operaciones.
El gobierno declaró estados de excepción en dos ocasiones. La primera, en agosto, coincidió con una grave crisis política desencadenada por la investigación de acusaciones de que la campaña electoral realizada en 1994 por el presidente Samper había recibido aportes monetarios de organizaciones de narcotraficantes. Ante la decisión de la Corte Constitucional de anular la declaración del estado de excepción por considerar que no era justificada, en noviembre el gobierno recurrió a la medida de declarar un estado de «conmoción interna» tras el asesinato, en la ciudad de Bogotá, de Álvaro Gómez Hurtado, miembro destacado del Partido Conservador. Amparándose en ambos estados de excepción, el gobierno instituyó, por decreto del Poder Ejecutivo, una serie de medidas autoritarias que posteriormente remitió al Congreso para que este órgano las convirtiera en disposiciones legislativas permanentes. Entre las medidas intoducidas figuraron la autorización para realizar registros domiciliarios sin la orden judicial pertinente, la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años, la censura parcial a la prensa y el permiso otorgado a las autoridades civiles y militares para proceder a la evacuación forzada de civiles de las zonas donde se desarrollaran operaciones contrainsurgentes. En enero, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto de noviembre por el que el presidente Samper había declarado el estado de excepción, que después el gobierno prorrogó por otros 90 días. El presidente Samper manifestó que ciertos hechos como la fuga de la cárcel de un presunto narcotraficante «ameritaban de por sí la extensión del estado de excepción».
El prolongado conflicto civil se recrudeció en varias zonas del país con las ofensivas que lanzaron las fuerzas paramilitares, apoyadas, a menudo, por sectores del ejército, para extender su control de territorio. Durante el último año, las fuerzas guerrilleras también parecen haber incrementado considerablemente su capacidad bélica, y han cometido numerosos abusos contra el derecho humanitario internacional, incluyendo cientos de homicidios deliberados y arbitrarios y el secuestro y la retención de centenares de rehenes. Todos los principales grupos guerrilleros colombianos han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles. Entre las víctimas se han contado personas asesinadas cuando se resistían a ser secuestradas, desertores de organizaciones guerrilleras, funcionarios del gobierno local acusados de corrupción, personas a quienes se imputaba colaboracionismo con los militares, ladrones y narcotraficantes de zonas urbanas, y miembros de Esperanza, Paz y Libertad, partido político formado por ex-miembros del EPL, grupo guerrillero desmovilizado tras un acuerdo de paz con el gobierno. La captura y retención de rehenes se ha ido generalizando, y los fondos devengados por los rescates se han convertido en uno de los principales ingresos de los grupos guerrilleros. Otras víctimas son secuestradas por móviles políticos, ya sea para presionar a las autoridades a fin de que acepten propuestas de los guerrilleros o para exigir publicidad para las políticas de éstos. Algunos rehenes han sido asesinados por no haberse pagado el rescate exigido.
Los grupos paramilitares, declarados ilegales en 1989, han continuado cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos, incluyendo cientos de homicidios políticos de civiles a quienes consideraban subversivos o colaboradores de los guerrilleros. Entre las víctimas ha habido dirigentes populares, educadores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno no tomó medida alguna para cumplir su promesa de desmovilizar a los grupos paramilitares y llevar ante la justicia a los responsables de abusos graves y sistemáticos. Pese a que se detuvo a un reducido número de miembros de grupos paramilitares, los líderes más conocidos siguieron libres, protegidos por altos mandos de las fuerzas armadas.
La ofensiva paramilitar cobró fuerza a finales de 1994 cuando una reunión cumbre de grupos de "autodefensa" decidió desarrollar una estrategia coordinada a nivel nacional para «combatir a la subversión». Entre las decisiones de esta cumbre figuraron «seguir considerando como blancos militares a los cuadros políticos y sindicales» y exigir que el gobierno reconociese el estatus político de las organizaciones paramilitares. En investigaciones oficiales e independientes salieron a la luz pruebas del continuo apoyo de las fuerzas armadas a las organizaciones paramilitares. Varias regiones del país se vieron especialmente afectadas por la ofensiva combinada de las fuerzas militares y paramilitares, entre ellas la región central del Magdalena Medio, los departamentos del Meta, Norte de Santander y Cesar y la región de Urabá, en el departamento de Antioquia. Las operaciones militares realizadas por las fuerzas armadas regulares fueron directamente causantes de graves violaciones de derechos humanos, al escogerse deliberadamente a civiles como blanco de homicidios indiscriminados.
La expansión y consolidación de las actividades paramilitares ilegales se ha ido acelerando palpablemente durante el gobierno del presidente Samper, pese a sus promesas de disolver tales grupos. Es más: las autoridades no sólo no han cumplido su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares sino que, por añadidura, es indudable que ciertas decisiones políticas adoptadas por el gobierno del presidente Samper han contribuido a la proliferación de estos grupos. Causa inquietud, en especial, el programa gubernamental para la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las fuerzas armadas y de seguridad en tareas de recolección de inteligencia relacionadas con las actividades de contrainsurgencia. Según las autoridades, ya funcionan más de un centenar de estos grupos en todo el país, en su mayoría en zonas rurales, bajo el control directo de los comandantes regionales del ejército. El control civil de la creación y actividades de estas Asociaciones es del todo inadecuado. Amnistía Internacional está seriamente preocupada que estos grupos de vigilantes civiles podrían ser empleados por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender prácticas de contrainsurgencia ilegales, como las ejecuciones extrajudiciales y las "desapariciones".
La impunidad continuó reinando en los casos de violaciones de derechos humanos. En la gran mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y torturas, los responsables no fueron puestos en manos de la justicia. En algunos casos, las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación dieron lugar a la imposición de sanciones - -incluyendo la destitución-- de miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos de carácter grave. Tras una decisión sin precedentes del Procurador Delegado para los Derechos Humanos, en septiembre de 1995 se destituyó a un general de brigada por responsabilidad en el secuestro, tortura y muerte de la activista política Nydia Erica Bautista, ocurrido en 1987. La destitución del general de brigada Álvaro Velandia Hurtado suscitó la vigorosa oposición de altos mandos militares y sectores del Congreso colombiano que intentaron, sin éxito, que se lo restituyera a su cargo. Tras el llamamiento inicial del Procurador Delegado para que se destituyera al general de brigada Velandia, éste fue condecorado por el comandante de las fuerzas armadas, por orden del presidente Samper. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos dimitió de su cargo y abandonó el país tras recibir repetidas amenazas de muerte. En este clima de obstruccionismo e intimidación, las sanciones disciplinarias siguieron siendo una excepción y la impunidad en las investigaciones criminales fue prácticamente total, ya que los tribunales militares, que siguieron reclamando jurisdicción, no hicieron responder ante la ley a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que habían cometido violaciones de derechos humanos. Aun en aquellos casos en que miembros de las fuerzas armadas fueron declarados responsables de graves violaciones de derechos humanos tras investigaciones disciplinarias, los tribunales militares invariablemente retiraron los cargos o absolvieron a los perpetradores. En febrero de 1996, el Procurador General de la Nación publicó su informe sobre el periodo comprendido entre julio de 1994 y julio de 1995, en el que se indicaba que «son los integrantes del Ejército y la Policía quienes tienen una mayor participación en violaciones de derechos humanos». Durante estos 12 meses se habían iniciado casi 2.000 investigaciones. Los casos más frecuentes de violaciones de derechos humanos bajo investigación se relacionaban con lesiones, torturas (incluyendo abusos sexuales) y ataques contra la población civil. El Procurador General pidió que se adoptaran medidas encaminadas a depurar a las fuerzas armadas.
El gobierno colombiano ha afirmado repetidamente su compromiso con la mejora del respeto por los derechos humanos en su país. No obstante, han faltado medidas efectivas para cumplir las promesas que el presidente Samper formuló en 1994 al asumir su cargo. La voluntad política del gobierno de llevar a la práctica su programa de derechos humanos parece haber sufrido un grave embate en 1995 al desencadenarse la crisis política que amenazó su continuidad en el poder. Frente a una amenaza grave y prolongada a su legitimidad y credibilidad, el gobierno ha escogido dar prioridad absoluta a su propia supervivencia a expensas de muchos de los propios programas a los que inicialmente había asignado un lugar prioritario, incluyendo su promesa de poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La voluntad política del gobierno de tomar medidas efectivas para erradicar los abusos graves y sistemáticos ha sido puesta en tela de juicio de modo creciente por las medidas y políticas instituidas en 1995, que son claramente incompatibles con el programa oficial de derechos humanos. Por otra parte, no se han puesto en práctica las recomendaciones formuladas por los relatores especiales de las Naciones Unidas tras sus visitas a Colombia en 1994.
Dada la falta de disposición del gobierno colombiano a dar pasos efectivos para poner punto final a la prolongada crisis de derechos humanos, Amnistía Internacional considera que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería, conforme a las recomendaciones de los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, nombrar un relator especial en virtud del tema 10 de su programa.
URABÁ: UNA REGIÓN EN CRISIS
La región más gravemente afectada por la intensificación del conflicto militar en los últimos meses es Urabá, en el noroeste del departamento de Antioquia, que se ha visto arrastrada por un torbellino de violencia que la ha sumido en una grave y persistente crisis de derechos humanos.
Ya hace tiempo que la región de Urabá, centro de la industria bananera de Colombia, viene siendo foco de un encarnizado conflicto político que ha costado la vida a muchos centenares de personas. Los tres principales grupos armados de oposición --las FARC, el EPL y el ELN-- establecieron una fuerte presencia en la región durante la década de los 70 y, en la práctica, detentaron el poder militar y político en la región durante varios años. El incremento de la militarización de Urabá a mediados de la década de los 80 y la creciente fuerza de los grupos paramilitares apoyados por el ejército desencadenaron una escalada de la violencia política en la que se generalizaron las violaciones de derechos humanos en la región. A finales de la década de los 80, las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares fueron responsables de una serie de matanzas de sindicalistas de la industria bananera y activistas políticos y populares que supuestamente apoyaban a las organizaciones subversivas. Aunque el acuerdo de paz de 1990 con el sector mayoritario del EPL dio lugar a un periodo inicial de reducida violencia política, desde 1992 ha crecido progresivamente el número de asesinatos por motivos políticos. De los aproximadamente 600 miembros del EPL que se desmovilizaron en Urabá y se afiliaron al nuevo partido político Esperanza, Paz y Libertad, casi la mitad han sido asesinados. Muchas de estas muertes se han atribuido a la facción del EPL que continuó la oposición armada y al V frente de las FARC. Otros han sido asesinados por las fuerzas armadas colombianas y por grupos paramilitares. Los miembros del Partido Comunista de Colombia (PCC) y del partido Unión Patriótica (UP) también han sido víctimas de una campaña sistemática de eliminación emprendida por las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y los "Comandos Populares" --rama militar clandestina del partido Esperanza, Paz y Libertad.
La violencia política se exacerbó en 1994 con el lanzamiento de una ofensiva paramilitar destinada a ganar el control militar y político de la región. La inacción del gobierno a la hora de mantener el control de la zona e impedir que las organizaciones paramilitares y los grupos guerrilleros ataquen a civiles ha causado una oleada de violencia y un quebrantamiento casi completo del orden público. La población civil se vio atrapada entre varios fuegos en la lucha de los grupos paramilitares y los guerrilleros de las FARC y el EPL para ganar el control del territorio. Los encuentros violentos entre los grupos armados fueron poco comunes; en la mayoría de los casos, las fuerzas paramilitares y el V frente de las FARC dirigieron sus ataques contra sectores de la población civil que sospechaban prestaban apoyo a grupos armados rivales. Sólo en 1995, la lucha por el control del territorio costó la vida a más de 600 personas que, en su gran mayoría, eran civiles ajenos al conflicto armado. Al menos 15.000 personas, principalmente mujeres y niños, abandonaron sus hogares huyendo de la embestida paramilitar y de las represalias de las FARC.
Pese a que la región de Urabá está fuertemente militarizada por la presencia de las XVII, XI y IV Brigadas del ejército, las fuerzas armadas y de seguridad han tomado poca o ninguna medida para proteger a la población civil o combatir a los grupos paramilitares y grupos armados de oposición. Las entidades oficiales de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y los Personeros locales han recibido informes convincentes y unánimes de que las fuerzas armadas regulares no sólo han tolerado la actividad paramilitar en la región sino que, en numerosas ocasiones, la han apoyado directamente y han cooperado con los grupos paramilitares en operaciones conjuntas. Los resultados de una investigación realizada por la Comisión Verificadora,[2] publicados en septiembre de 1995, confirman la existencia en esta región de una alianza entre las fuerzas paramilitares y las fuerzas armadas ordinarias. Refiriéndose a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Comisión consideró que: «Al asumir un comportamiento de confrontación violenta con los alzados en armas, contribuyen a una actuación de carácter contrainsurgente con amplia colaboración y participación del Ejército y Policía Nacional destacados en la región... La actuación de las autodefensas hace 3 años en el norte de Urabá, combatiendo por momentos a la guerrilla, destruyendo caseríos, pequeños asentamientos humanos, asesinando a presuntos colaboradores de la guerrilla, sin jamás combatir con el Ejército, muestra en los hechos los nexos entre ambos actores; nexos comprobables por testimonios que indican acciones conjuntas...».
En una serie de matanzas ocurridas en agosto y septiembre perdieron la vida decenas de civiles. Dieciocho personas, entre ellas cuatro mujeres y dos menores de edad, fueron asesinadas el 12 de agosto por fuerzas paramilitares que irrumpieron en el bar El Aracatazzo, en el vecindario de El Bosque, de la localidad de Chigorodó, en Urabá. Al parecer, los pistoleros declararon que «habían llegado para acabar con los guerrilleros». Muchos de los residentes de El Bosque son miembros o simpatizantes de la UP, partido legal de orientación izquierdista. Los homicidios fueron atribuidos a los Comandos de Alternativa Popular, grupo paramilitar que declaró que el ataque era represalia por el asesinato de tres soldados y tres civiles, ocurrido unas horas antes en la localidad de Apartadó, presuntamente a manos de milicias urbanas de las FARC. En una serie de ataques que aparentemente se lanzaron como represalia, las FARC dieron muerte a decenas de simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, a cuyos miembros acusan de apoyar los ataques paramilitares contra el PCC y la UP. Muchas de las víctimas de las acciones de las FARC eran guerrilleros desmovilizados del EPL a quienes las fuerzas de seguridad habían reclutado como agentes o informantes. Otras eran trabajadores bananeros, entre ellos mujeres, de quienes no se tenía información de que participaran en actividades militares o políticas.
Además de las matanzas perpetradas como represalia, que recibieron gran publicidad, decenas de personas fueron escogidas individualmente como blanco de asesinatos, especialmente en los barrios pobres de las zonas rurales. Es difícil atribuir responsabilidades por los asesinatos individuales, pero se cree que muchas de las víctimas eran miembros de milicias urbanas apoyadas por los guerrilleros, informantes de las fuerzas de seguridad o colaboracionistas con los grupos paramilitares.[3]
Si bien es cierto que el esfuerzo militar por alcanzar la supremacía y dominar el territorio de la región ha sido la causa directa de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas, también es verdad que el conflicto armado se ha visto exacerbado por la lucha política que se viene librando por el control de los concejos locales de la región, lucha en la que están enzarzados Esperanza, Paz y Libertad, la UP y un cierto número de candidatos que cuentan con el apoyo de los grupos paramilitares.
Misión Internacional de Observadores para Urabá
Numerosas organizaciones civiles y políticas, entre ellas la Comisión Verificadora, consideran que las iniciativas nacionales para resolver el conflicto en Urabá han resultado inadecuadas, y han solicitado la presencia de un destacamento internacional de observadores de derechos humanos. En octubre de 1995, una delegación oficial encabezada por el gobernador de Antioquia, la alcaldesa de Apartadó y un representante del gobierno nacional solicitaron oficialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a varias organizaciones no gubernamentales europeas que establecieran una misión permanente de observadores internacionales en Urabá; propusieron que se encargase a dicha misión vigilar la observancia de las normas humanitarias internacionales y estudiar la manera de conseguir que todos los grupos armados de la región llegasen a un acuerdo sobre la aplicación del derecho humanitario internacional. Amnistía Internacional cree que la presencia de observadores civiles internacionales en Urabá podría contribuir considerablemente a la mejora del respeto por los derechos humanos en la región.
LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los miembros de las organizaciones no gubernamentales y otras personas que se esfuerzan por fomentar el respeto por los derechos humanos se han convertido de modo creciente en blanco de amenazas, intimidaciones y atentados contra sus vidas. Varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) y el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta se han visto obligadas a cerrar sus oficinas en distintas zonas del país debido a las continuas amenazas y, en algunos casos, ataques, que han sufrido sus miembros. Los funcionarios de entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación también han sido blanco de amenazas e intimidaciones como resultado directo de sus esfuerzos por identificar y sancionar a los agentes del Estado responsables de violaciones de derechos humanos. Varios defensores de los derechos humanos han abandonado el país debido a la falta de garantías para su seguridad personal en el desempeño de actividades legítimas.
Javier Barriga Vergel, abogado que se ocupaba de casos relacionados con derechos humanos, fue abatido a tiros frente a su domicilio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, en junio de 1995. Trabajaba con el CSPP y con el Colectivo de Abogados, y había sido amenazado de muerte por el grupo paramilitar Colombia Sin Guerrilla porque representaba a presos políticos.
Desde su creación en 1991, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta ha sufrido numerosos ataques. A principios de 1995 se multiplicaron las amenazas contra sus miembros y se recibió anónimamente una advertencia de que se preparaba un ataque contra la hermana Nohemy Palencia, monja católica y destacado miembro del Comité. En abril de 1995, el Comité cerró sus oficinas en Villavicencio, la capital del departamento, y continuó su labor de derechos humanos desde Bogotá. Las amenazas contra sus miembros no cesaron. En agosto, bajo los auspicios del gobierno de Alemania, se creó una comisión integrada por representantes del gobierno y de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales a la que se encargó documentar las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario en el departamento del Meta desde 1985, analizar las causas de la violencia política en la región y, en un plazo de tres meses, recomendar a las instituciones judiciales y gubernamentales pertinentes las medidas que estimase necesarias para superar la impunidad que desvirtúa las investigaciones.
Con excepción de dicha comisión, poco ha hecho el gobierno para investigar el cuadro de amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de los derechos humanos o para introducir mecanismos efectivos encaminados a proteger a quienes corren peligro. El gobierno colombiano debe reiterar públicamente que reconoce la legitimidad de las actividades de defensa de los derechos humanos y debe velar por que todos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad respeten y protejan la integridad física de los defensores de los derechos humanos.
LA ACCIÓN INTERNACIONAL
Durante la última década ha aumentado progresivamente la preocupación internacional ante la escalada de la crisis de derechos humanos en Colombia. Numerosas delegaciones no gubernamentales internacionales han visitado Colombia y han publicado informes que critican enérgicamente la falta de acción de sucesivos gobiernos colombianos a la hora de combatir las violaciones de derechos humanos generalizadas en este país. La situación en Colombia también ha causado creciente inquietud en las estructuras de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los informes que publicaron tras sus visitas a Colombia en 1989 y 1990 respectivamente el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias[4] y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias[5] expresan honda inquietud ante la situación y recomiendan una serie de medidas pertinentes con miras a poner fin a los abusos. En noviembre de 1994, el relator especial sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias visitó Colombia nuevamente en una misión conjunta con el relator especial sobre la cuestión de la tortura. El informe conjunto sobre esta visita,[6] que fue elevado a la Comisión de Derechos Humanos durante su 51er periodo de sesiones, advierte: «El nivel de violencia, tanto la que obedece a motivos políticos como la debida a la delincuencia común, ha aumentado constantemente en los últimos años hasta adquirir proporciones alarmantes, pese a las reformas legislativas y otras iniciativas adoptadas por los sucesivos gobiernos. La gran mayoría de las recomendaciones hechas por los representantes de diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que visitaron Colombia en 1987, 1988 y 1989 no han sido aún aplicadas. Se sigue sometiendo a la jurisdicción militar los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas». Entre otras medidas, los relatores especiales recomendaron que:
Reconociendo la gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia, los relatores especiales manifestaron: «La Comisión de Derechos Humanos deberá seguir examinando a fondo la situación de los derechos humanos en Colombia con miras al nombramiento, salvo que la situación mejore radicalmente en un futuro próximo, de un relator especial encargado de vigilar de manera permanente la situación de los derechos humanos e informar al respecto, y de cooperar estrechamente con el programa de asistencia técnica».[7]
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Colombia en diciembre de 1994. En su informe[8] al 51er periodo de sesiones de la Comisión, el Alto Comisionado señaló que en sus conversaciones con las autoridades colombianas había hecho hincapié en la necesidad de combatir la impunidad, mejorar la infraestructura de protección de los derechos humanos y trabajar para la prevención de las violaciones de derechos humanos.
En agosto de 1995, el Alto Comisionado envió una delegación a Colombia con el cometido de estudiar e informar sobre la situación de los derechos humanos en el país y formular recomendaciones para el establecimiento de una oficina permanente en el país. No se ha hecho público un informe sobre dicha visita, y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de decisión alguna que pueda haber tomado el Alto Comisionado en base a las recomendaciones formuladas.
En noviembre de 1995, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura estudió el segundo informe periódico de Colombia. El Comité expresó suma preocupación ante la persistencia de un considerable número de muertes violentas y casos de tortura y malos tratos atribuidos a miembros del ejército y la policía y cometidos en una escala que parecería indicar la presencia de una práctica sistemática en algunas regiones del país. Entre sus recomendaciones, el Comité exhortó al gobierno colombiano a que adoptase las necesarias enmiendas legislativas y administrativas para velar por que los tribunales militares sólo enjuicien violaciones de reglamentos militares y a que formulase una declaración, conforme al artículo 22 de la Convención contra la Tortura, reconociendo la competencia del Comité para recibir y estudiar denuncias presentadas por particulares.
El gobierno de Colombia ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesto a aceptar observadores internacionales y, en una carta dirigida en febrero de 1995 al jefe del Servicio de Procedimientos Especiales del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno reiteró su invitación a los mecanismos temáticos de esta organización para que visitasen Colombia, y sugirió que sus visitas se efectuasen en forma periódica. La invitación se extendió también a los relatores especiales que visitaron Colombia en 1994: el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial sobre la cuestión de la tortura y el representante del secretario general de la ONU sobre personas desplazadas internamente, así como a «los que se invitarán este año, en particular, el relator sobre Independencia e Imparcialidad de los Jueces». No obstante, no se han efectuado visitas a Colombia de los representantes de mecanismos temáticos durante 1995 ni durante el primer trimestre de 1996.
En julio, se creó por decreto-ley una comisión interministerial «para el análisis y asesoramiento en la aplicación de las recomendaciones formuladas por los órganos internacionales de Derechos Humanos». Sin embargo, a finales de 1995 el gobierno colombiano no había proporcionado ninguna información sobre las medidas que se pudieran haber adoptado para poner en ejecución las recomendaciones hechas por los mecanismos temáticos. En una visita realizada a Colombia en octubre de 1995, una delegación de Amnistía Internacional verificó que no se habían hecho avances sustantivos en la aplicación de las principales recomendaciones enunciadas más arriba.
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en una resolución adoptada durante su 47º periodo de sesiones, también expresó suma inquietud ante la situación de los derechos humanos en Colombia y la falta de acción de los sucesivos gobiernos colombianos a la hora de llevar a la práctica las recomendaciones formuladas por los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han visitado Colombia desde 1987. La resolución exhortaba al gobierno de Colombia a que llevase a efecto las recomendaciones hechas por los relatores temáticos y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y a que presentase un informe a la Comisión de Derechos Humanos durante su 52º periodo de sesiones sobre las medidas adoptadas a tal fin. Asimismo, la resolución recomendaba que la Comisión de Derechos Humanos estudiase, durante su 52º periodo de sesiones, la situación en Colombia analizando las medidas adoptadas por el gobierno para aplicar las recomendaciones hechas por los relatores temáticos y por el Grupo de Trabajo.[9]
LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CLAVE
La jurisdicción militar: piedra angular de la impunidad
El gobierno del presidente Samper ha reconocido en varias ocasiones el papel clave que desempeña la impunidad en la perpetuación de las violaciones de derechos humanos. En el programa de derechos humanos que presentó a la nación en septiembre de 1994, el presidente manifestó: «La impunidad se ha convertido en Colombia en una causa de multiplicación y expansión de las violaciones de los derechos humanos y debe, en consecuencia, ser enfrentada con energía». El programa anunciaba una serie de medidas dirigidas concretamente a atacar la impunidad; entre ellas figuraba la creación de una unidad especial de derechos humanos dentro de la Fiscalía General de la República y la reforma del Código Penal Militar.
La unidad de derechos humanos de la Fiscalía General entró en funcionamiento en septiembre de 1995; su cometido, concentrar recursos en la investigación de un reducido número de graves violaciones de derechos humanos. No obstante, su capacidad para obtener la condena de los responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos se ve seriamente limitada por la práctica del sistema de justicia militar de reclamar jurisdicción sobre las investigaciones de casos en los que se imputan delitos por motivos políticos a miembros de las fuerzas armadas. El sistema de justicia militar es la piedra angular de la impunidad en Colombia. Una y otra vez, los tribunales militares han evitado que los responsables de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos rindieran cuentas de sus actos ante la justicia. A la hora de hacer cumplir la disciplina militar en casos de delitos e infracciones no relacionados con las operaciones de contrainsurgencia, los tribunales militares no se muestran faltos de dinamismo y han actuado en forma pronta y efectiva para investigar y castigar delitos de carácter no político cometidos por personal de las fuerzas armadas. Pero los militares responsables de homicidios cometidos por móviles políticos y otras violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto civil han sido sistemáticamente escudados de la justicia.
Varias organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, y numerosas organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional, han coincidido en recomendar al gobierno colombiano que, en vista de la actitud sistemática del sistema de justicia militar de no enjuiciar a los perpetradores, las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por los tribunales civiles. En su informe sobre la visita que realizaron a Colombia, los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias manifestaron:
En febrero de 1995, el gobierno colombiano creó por decreto del Poder Ejecutivo una Comisión Redactora del Código Penal Militar. Dicha Comisión, integrada por ocho civiles y ocho miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, presentó sus propuestas al gobierno en octubre de 1995. Muchas de las reformas propuestas al Código Penal Militar contaban con el consenso de los miembros de la Comisión; entre ellas figuraban la atribución de funciones de supervisión al Ministerio Público y la aceptación de parte civil. Pero no tardaron en surgir disensiones entre los miembros civiles y militares en varios aspectos de cuestiones clave directamente relacionadas con la aplicación de las recomendaciones de los relatores especiales; entre ellas, la sustracción de las violaciones de derechos humanos al fuero militar y la cuestión de la "obediencia debida". Los miembros civiles de la Comisión argumentaron que las violaciones de derechos humanos de carácter grave como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las "desapariciones" no podían considerarse actos de servicio ni actos cometidos en relación con el servicio militar y, en consecuencia, propusieron que el Código Penal Militar excluyera específicamente estos delitos de la jurisdicción militar. Esta propuesta sería conforme con la recomendación de los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias.[11] Los miembros militares de la Comisión, por su parte, sostuvieron que la exclusión de las violaciones de derechos humanos sería inconstitucional.
En relación con la cuestión de la "obediencia debida", los miembros civiles de la Comisión mantuvieron que el concepto no se aplicaba a casos de violaciones de derechos humanos de carácter grave. Los miembros militares disintieron, fundando una vez más su posición en la presunta inconstitucionalidad de la inclusión de tal disposición en el Código Penal Militar.[12]
En el momento de redactarse este informe (finales de enero de 1996), el gobierno aún no había revelado si se proponía ceder a la presión militar para que el fuero castrense retuviera la jurisdicción sobre todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas o si tenía la intención de aceptar la propuesta de los miembros civiles de la Comisión y la recomendación de los relatores especiales de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en el sentido de que los delitos como ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y "desapariciones" no pueden considerarse actos de servicio y deben excluirse específicamente del ámbito de la justicia militar. No obstante, en las declaraciones públicas formuladas por el presidente Samper en octubre de 1995 al recibir oficialmente los resultados de las deliberaciones de la Comisión puede observarse un aparente cambio de política del gobierno frente a la necesidad de atacar la impunidad: «Como Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas prefiero a los militares enfrentados a la subversión en las montañas y no en los juzgados del país contestando requerimientos infundados, presentados por sus enemigos».
La suspensión del servicio activo del personal de las fuerzas armadas involucrado en violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional no tiene conocimiento de un solo caso en que se haya suspendido del servicio activo a miembros de las fuerzas armadas que estén siendo investigados oficialmente por la Procuraduría General de la Nación o por la Fiscalía General de la Nación por presuntas violaciones de derechos humanos. Por el contrario, muchos han sido ascendidos o condecorados mientras estaba en curso su investigación e incluso, en algunos casos, cuando las investigaciones disciplinarias ya habían determinado su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y otros graves abusos.
La cínica inacción a la hora de poner en práctica las recomendaciones de los relatores especiales de las Naciones Unidas es aun más incomprensible por cuanto que el personal militar y policial sospechoso de participación en el narcotráfico y otros delitos de carácter no político ha sido suspendido de inmediato a la espera del resultado de las investigaciones.
El alarmante contraste entre la política oficial hacia el personal de las fuerzas armadas sospechoso de haber violado los derechos humanos y la que se adopta con el personal sospechoso de delitos de carácter no político sólo puede explicarse como instancia de la falta de voluntad política de las autoridades colombianas para abandonar las declaraciones retóricas y tomar medidas concretas y efectivas para poner punto final a la crisis de derechos humanos.
RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS
Amnistía Internacional cree que la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de abordar la cuestión de la persistente crisis de derechos humanos en Colombia y la inactividad del gobierno colombiano a la hora de llevar a efecto las recomendaciones de los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas mediante el nombramiento de un relator especial en virtud del tema 10 de su programa.
El mandato específico del relator especial debe incluir:
Amnistía Internacional también solicita a la Comisión que exhorte al gobierno de Colombia a que aplique enteramente todas las recomendaciones hechas por los mecanismos temáticos de la Comisión, y en especial a que:
Notas Finales
1. En octubre de 1995 se iniciaron conversaciones entre representantes del gobierno y del Comando Jaime Bateman, una pequeña facción disidente de la antigua organización guerrillera Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en 1990. A finales del año aún no habían llegado a un acuerdo.
2. La Comisión Verificadora fue creada en marzo de 1995 con el cometido de analizar y dirimir responsabilidades por la escalada de la violencia política en Urabá y recomendar al gobierno un programa de acción para combatirla. La Comisión se compuso de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Iglesia Católica, el gobierno del departamento y CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), una organización nacional de derechos humanos.
3. El cuadro de asesinatos individuales, aparentemente cometidos por motivos políticos, se repitió en las zonas urbanas de todo el país, especialmente en Barrancabermeja, Medellín y Bogotá, donde han establecido baluartes las milicias urbanas.
4. E/CN.4/1989/18/add.1
5. E/CN.4/1990/22/add.1
6. E/CN.4/1995/111
7. E/CN.4/1995/111, párr. 131 y 132.
8. CN.4/1995/98, párr. 26.
9. E/CN.4/Sub.2/1995/51 Resol. 1995/6.
10. E/CN.4/1995/111, párr. 115 y 116.
11. Op. cit.
12. En noviembre de 1995, la Corte Constitucional dictaminó que los miembros de las fuerzas armadas tienen el derecho y el deber de negarse a cumplir órdenes que los obliguen a violar los derechos humanos fundamentales.