4 DE ABRIL DE 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 47/02/96/s
DISTR: SC/CC/CO/GR (16/96)
El documento adjunto reproduce el texto de una carta abierta de Amnistía Internacional al presidente de Burundi, Pasteur Bizimungu. Con ocasión del segundo aniversario del comienzo del genocidio y de otras matanzas ocurridas en Ruanda en 1994, Amnistía Internacional ha instado al presidente a que aproveche la oportunidad para convertir los derechos humanos en un prioridad definitiva para Ruanda. La organización le ha solicitado que haga todo cuanto esté en su mano para poner en práctica unas salvaguardias firmes que garanticen que los sucesos de 1994 nunca volverán a repetirse.
Han transcurrido dos años desde el comienzo de los trágicos sucesos que se cobraron la vida de hasta un millón de personas entre abril y julio de 1994. Ahora, en abril de 1996, Ruanda todavía se mantiene entre la esperanza por el futuro y el temor por el legado del pasado. Los derechos humanos están en juego. En muchas partes de Ruanda se ha restablecido una apariencia de calma, sin embargo, bajo la superficie late la tensión. Siguen siendo necesarias medidas urgentes para que el respeto a los derechos humanos enraice como un valor fundamental de la sociedad ruandesa.
Como reconocimiento de las enormes dificultades que sigue afrontando el gobierno ruandés, Amnistía Internacional también ha dirigido llamamientos a la comunidad internacional para que continúe colaborando con Ruanda en la reconstrucción de las instituciones cuya labor es proteger los derechos humanos, en particular la judicatura y las fuerzas de seguridad, y para que ayude a poner en práctica las reformas y prácticas que convertirán en realidad el respeto a los derechos humanos.
La carta abierta al presidente se centra en las medidas que el gobierno ruandés debe tomar ahora para garantizar la protección de los derechos humanos. No presenta una situación pormenorizada de la situación de los derechos humanos en Ruanda sino que presenta un conjunto de diez recomendaciones para la acción.
Una información más detallada sobre la situación reciente de los derechos humanos en Ruanda y las preocupaciones y recomendaciones de Amnistía Internacional puede encontrarse en las siguientes publicaciones de la organización:
Ruanda y Burundi - Regreso de los refugiados: Rumores y
realidades
(AFR 02/01/96/s), febrero de 1996
Ruanda y Burundi: Llamamiento a la intervención de la
comunidad internacional
(AFR 02/24/95/s), septiembre de 1995
Ruanda: Armas para los autores del genocidio
(AFR 02/14/95/s), junio de 1995
Ruanda: Clamando justicia
(AFR 47/05/95/s), abril de 1995
En marzo de 1996, Amnistía Internacional también dirigió un memorando al gobierno de Ruanda, en el que exponía las preocupaciones y recomendaciones de la organización para que en el país se celebraran juicios justos.
Este informe resume un documento titulado Ruanda: Dos años después del genocidio: los derechos humanos en juego (Índice AI: AFR: 47/02/96/s) publicado por Amnistía Internacional el 4 de abril de 1996. Quien desee más información o actuar al respecto debe consultar el documento completo.
4 de abril de 1996
Índice AI: AFR 47/02/96/s
Distr: SC/CC/CO/GR
Señor presidente:
Han transcurrido dos años desde el comienzo de los trágicos sucesos que se cobraron la vida de hasta un millón de personas en Ruanda entre abril y julio de 1994. Ahora, en abril de 1996, Ruanda todavía se mantiene entre la esperanza por el futuro y el temor por el legado del pasado. Los derechos humanos están en juego. En muchas partes de Ruanda se ha restablecido una apariencia de calma, sin embargo, bajo la superficie late la tensión. Siguen siendo necesarias medidas urgentes para que el respeto a los derechos humanos enraice como un valor fundamental de la sociedad ruandesa.
Amnistía Internacional le envía esta carta abierta con ocasión del segundo aniversario del comienzo del genocidio y de otras matanzas ocurridas en 1994 para instarle a que aproveche la oportunidad para convertir los derechos humanos en una prioridad definitiva para Ruanda. Le dirigimos un llamamiento para que haga todo cuanto esté en su poder para poner en práctica unas garantías firmes que garanticen que los sucesos de 1994 nunca podrán repetirse. Sabemos que usted y varios representantes del gobierno de Ruanda han prometido repetidas veces que en Ruanda se respetarán los derechos humanos. Se necesitan tomar medidas concretas para que estas promesas se conviertan en realidad.
No sólo deben buscar activamente formas de evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos en masa el pueblo y el gobierno de Ruanda, sino también los gobiernos y la opinión pública mundial. El genocidio ocurrido en Ruanda y sus secuelas continúan siendo una responsabilidad internacional. Por este motivo, los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo han estado realizando actividades de campaña durante los últimos dos años, instando a las autoridades de Ruanda y de otros países a que lleven ante los tribunales a los responsables de las atrocidades perpetradas entre abril y julio de 1994 y a que pongan en vigor garantías duraderas contra este tipo de delitos en el futuro.
Sin embargo, la responsabilidad principal a la hora de impedir nuevas violaciones de los derechos humanos en masa corresponde al gobierno ruandés. Somos conscientes de que resistirse a las peticiones de venganza constituye un gran problema después del genocidio. No subestimamos la dificultad de intentar restaurar la paz después de estos sucesos, especialmente teniendo en cuenta los ataques continuados que los grupos armados de oposición que actúan desde los países vecinos realizan al cruzar la frontera. En reconocimiento de las dificultades que continúa afrontando el gobierno ruandés, hemos pedido a la comunidad internacional que siga colaborando con Ruanda en la reconstrucción de las instituciones cuya labor es proteger los derechos humanos, en particular la judicatura y la fuerzas de seguridad, y que colabore en la puesta en práctica de las reformas y prácticas que convertirán los derechos humanos de nuevo en una realidad.
Este llamamiento se centra en las medidas que el gobierno ruandés debe tomar ahora para proteger los derechos humanos. No presenta una exposición pormenorizada de la situación de los derechos humanos en Ruanda (contenida en otras publicaciones de Amnistía Internacional) sino que presenta un conjunto de diez recomendaciones para la acción.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional no sólo se refieren a la necesidad de poner a disposición judicial a los responsables del genocidio y de otras vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante 1994, sino también a la necesidad apremiante de terminar con los abusos contra tales derechos que han continuado con el actual gobierno. El nivel de abusos contra los derechos humanos en Ruanda en 1996 es muy inferior al de los años anteriores, especialmente entre abril y julio de 1994. Sin embargo, mientras persistan los abusos, será imposible restablecer la fe en la necesidad de respetar los derechos humanos entre la población ruandesa y la reconciliación seguirá siendo una perspectiva lejana.
DOS AÑOS SIN JUSTICIA
Dos años es un periodo muy breve para aceptar la brutal matanza de hasta un millón de personas. No se puede esperar que un país que ha experimentado tanto horror se recupere tan rápidamente. Ni tampoco debe olvidar nunca. Pero si se permite que transcurra el tiempo sin que se haga justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado o en el presente, los sentimientos de venganza y de odio que de forma natural albergan las personas pueden intensificarse y hacerse más difíciles de controlar. Amnistía Internacional teme que la falta de medidas importantes para proteger y promover los derechos humanos en Ruanda ya esté contribuyendo al surgimiento de una situación en la que las personas se vean tentadas a tomarse la justicia por su mano. Las autoridades no investigan sistemáticamente los informes de abusos, entre ellos homicidios, cometidos en el contexto de venganzas personales.
Por tanto, los dos años se transforman en un periodo prolongado cuando se considera que nadie ha comparecido todavía por los crímenes contra la humanidad y otras violaciones de derechos humanos ni ante los tribunales de Ruanda ni ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, constituido específamente por las Naciones Unidas para este fin. Ante una tardanza e inactividad tan prolongadas, no es de extrañar que aumenten los sentimientos de impaciencia y frustración.
Este periodo de dos años ha sido un plazo especialmente largo para los supervivientes del genocidio y para aquellas personas que han visto a sus familiares, amigos y vecinos muertos, torturados o violados por los soldados o la milicia. Siguen esperando que se haga justicia.
Estos dos años también ha supuesto mucho tiempo para los 1,7 millones de refugiados ruandeses que continúan en Zaire, Tanzania, Burundi y otros países. Continúan esperando en campos de refugiados casi dos años después. La falta de justicia en Ruanda sigue siendo uno de los principales obstáculos para que se produzca su retorno voluntario.
También ha sido mucho tiempo para los miles de detenidos, entre ellos niños, que languidecen en condiciones intolerables en las cárceles y centros de detención de todo el país. Muchos de los detenidos pueden ser culpables pero muchos otros probablemente son inocentes. Algunos de los principales responsables de ordenar la matanza de centenares de miles de ruandeses inocentes continúan libres en países extranjeros. Pero sin justicia, no se puede establecer la culpabilidad o inocencia de estas personas, y los inocentes se mezclan con los culpables. Independientemente de que sean inocentes o culpables, todos los detenidos tienen derecho a conocer el fundamento jurídico de su arresto y reclusión prolongada y a ser llevados ante la justicia. Sin embargo, tanto los inocentes como los culpables permanecen en espera, hacinados en cárceles insalubres desde hace meses, y algunos más de un año, sin saber cuándo ni cómo se resolverá su destino.
ABRIL DE 1995 A ABRIL DE 1996: ¿QUÉ PROGRESOS SE HA HECHO EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Hace un año, el 6 de abril de 1995, coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de las matanzas en Ruanda, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Rwanda: Crying our for justice, en el que deplorábamos la demora en hacer justicia, e incluso que ésta se denegara, y pedíamos a las autoridades ruandesas y a la comunidad internacional que restauraran la justicia y el Estado de Derecho en Ruanda. Señalamos las graves consecuencias de esta prolongada falta de justicia. También planteamos nuestra preocupación por los nuevos abusos contra los derechos humanos surgidos con el nuevo gobierno desde julio de 1994. Propusimos varias medidas específicas para abordar estas preocupaciones.
¿Qué progresos ha habido desde esa fecha?
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, constituido en noviembre de 1994, está avanzando despacio. En marzo de 1996, se habían dictado diez actas de acusación pero desde entonces no se ha iniciado ningún juicio. El tribunal todavía adolece de recursos insuficientes. Mientras los Estados no apoyen adecuadamente al Tribunal y reconozcan su jurisdicción y cooperen con él, la condena internacional de los crímenes para cuyo procesamiento fue creado el citado tribunal y los llamamientos para que se ponga fin a la impunidad en Ruanda continuarán sonando vacíos.
El sistema judicial en Ruanda se está reconstruyendo gradualmente: se está formando personal judicial y se están nombrando funcionarios de justicia, pero el sistema todavía no es capaz de iniciar los procesos de decenas de miles de causas por participación en las matanzas. El gobierno ruandés está intentando acelerar los procesos judiciales pero algunas de las reformas propuestas podrían dar lugar a juicios sin las debidas garantías. Amnistía Internacional también teme la posible aplicación de la pena de muerte, lo cual podría dar lugar a un nuevo ciclo de violencia en el país.
El número de detenidos recluidos sin cargos ni juicio en las cárceles y centros de detención de todo el país se ha incrementado en más del doble. En abril de 1996, superaba los sesenta y siete mil. Se calcula que todas las semanas se llevan a cabo varios centenares de detenciones. Muchas de estas detenciones son arbitrarias y vulneran tanto la legislación ruandesa como la internacional. Amnistía Internacional ha recibido los testimonios de muchos presos, o de familiares de presos, que ni siquiera saben el motivo de la detención. Otros afirman que han sido detenidos injustamente por cargos falsos. Muchas veces, el cargo de «participación en el genocidio» parece utilizarse para ocultar otros motivos para encarcelar a algunas personas, por ejemplo, en el contexto de disputas personales o de conflictos por la propiedad de la tierra.
Las condiciones en las cárceles y centros de detención de Ruanda empeoraron considerablemente en el segundo semestre de 1995. Se calcula que desde julio de 1994 han muerto más de 2.300 presos, debido al hacinamiento y a la falta de cuidados higiénicos y médicos. Durante 1995, los reclusos de la Cárcel de Gitarama padecieron diversas enfermedades infecciosas. Hubo muchas amputaciones de pies debido a que los presos sufrieron cangrenas.
Desde fines de 1995, como consecuencia del traslado de varios miles de presos a otros lugares, las condiciones en algunas cárceles han mejorado. Por ejemplo, el hacinamiento existente en la Cárcel de Gitarama se alivió con la apertura de un anexo de la prisión en noviembre de 1995. En marzo de 1996, se trasladó a tres mil presos de la Cárcel de Kigali a un emplazamiento temporal en Gikondo. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la mejora en las condiciones producida por los traslados en dos de las cárceles más hacinadas, pero esto sólo puede considerarse una medida temporal para mejorar las condiciones. Sin embargo, al continuar las detenciones en gran escala, las perspectivas de que se produzca una mejora importante en las condiciones de detención continúan siendo escasas. Si se produjera un retorno masivo de refugiados a Ruanda en los próximos meses, las detenciones probablemente aumentarían y el hacinamiento en las cárceles podría sobrepasar el nivel alcanzado en 1995.
Desde abril de 1995, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo testimonios de detenidos torturados bajo custodia en los cachots, centros de detención improvisados donde los detenidos son recluidos antes de ser trasladados a las cárceles oficiales. Varias detenidas han informado que fueron violadas por los agentes de seguridad. Las prácticas de tortura solían cesar cuando los presos eran trasladados a las cárceles centrales, pero las autoridades casi nunca las investigaban. La preocupación de Amnistía Internacional por la tortura se ha incrementado por el hecho de que debido al hacinamiento existente en las cárceles centrales, los detenidos pasan más tiempo en los cachots y en otros centros de detención militares. Por tanto, se prolonga el periodo durante el cual es más probable que se cometa tortura.
Aunque aparentemente el encarcelamiento de estas decenas de miles de personas acusadas de delitos relacionados con el genocidio es una medida destinada a poner fin a la impunidad, también representa una oportunidad para que continúen los abusos contra los derechos humanos Ä contra el derecho a no ser objeto de trato cruel, inhumano y degradante y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de tiempo o a ser liberado si no hay base legal para la detenciónÄ. El gobierno ruandés ha reconocido que se deben tomar medidas para aliviar el hacinamiento y acelerar los juicios de los presos, pero hasta la fecha, no han tomado medidas eficaces para terminar con las detenciones arbitrarias e ilegales.
El año pasado, Amnistía Internacional pidió repetidas veces a su gobierno que aprobara la legislación necesaria para permitir que los expertos jurídicos extranjeros pudieran trabajar en Ruanda, con el fin de ayudar a agilizar el proceso judicial. Observamos que en la declaración de la cumbre celebrada en la región de los Grandes Lagos, en Túnez, entre el 16 y el 18 de marzo, a la que usted acudió, el gobierno ruandés pidió a la comunidad internacional, especialmente a los Estados africanos, que prestaran su apoyo a un mecanismo para ayudar a los acusados que no pudieran pagar su defensa y expresó la esperanza de que la ayuda que otros países prestasen en el futuro para formar al personal judicial se ampliaría cuando se solicitase. Expresamos nuestra satisfacción por estos anuncios y seguimos instándole a que acepte la ayuda judicial extranjera en todos los niveles de la judicatura, y no sólo en el ámbito de la asistencia letrada.
Sin embargo, en lo concerniente a la situación actual de los derechos humanos en Ruanda, continúa habiendo una laguna entre la retórica y la realidad. A pesar de las declaraciones públicas sobre su adhesión a las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno ruandés no ha demostrado en la práctica su propio compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos que han persistido desde que llegó al poder en julio de 1994, aunque en menor escala que las matanzas cometidos por las fuerzas y milicias del gobierno en el poder en 1994. Amnistía Internacional reconoce que Ruanda continúa sufriendo una gran falta de recursos económicos y materiales, pero las medidas para que se respeten los derechos humanos no necesitan necesariamente estos recursos.
Por ejemplo, además de las preocupaciones resumidas anteriormente, durante el último año ha aparecido una pauta de homicidios y «desapariciones» de civiles desarmados cometidas por miembros del Ejército Patriótico Ruandés. Desde abril de 1995 se han producido varias matanzas. Entre las que llamaron más la atención, está la matanza de varios miles de personas en el campo de personas desplazadas en Kibeho, en el sur de Ruanda, en abril de 1995, y la muerte de al menos ciento diez civiles desarmados en Kanama, en el noroeste de Ruanda, en septiembre de 1995. En noviembre de 1995, se descubrió otra matanza de al menos veinte personas en el bosque de Nyungwe, en suroeste del país. Además, los miembros del Frente Patriótico Ruandés han asesinado o hecho «desaparecer» misteriosamente sin rastro a algunos individuos Äciviles desarmados, entre ellos mujeres, niños, jóvenes y ancianosÄ. Amnistía Internacional ha documentado varios de estos casos y los ha presentado a su gobierno.
Aunque no hay pruebas de que el gobierno haya ordenado directamente estos homicidios, desde las instancias oficiales se han tomado pocas medidas para romper esta pauta. Sabemos que el gobierno ha anunciado investigaciones sobre algunos de estos homicidios, pero las conclusiones de estas investigaciones rara vez se han hecho públicas. Por ejemplo, transcurridos algunos meses, las familias de las víctimas de las matanzas cometidas por los soldados en Kibeho y Kanama continúan en espera de que el gobierno anuncie los resultados de las investigaciones que prometió. Observamos que en la declaración de la cumbre celebrada en la región de los Grandes Lagos en marzo de 1996, el gobierno de Ruanda se comprometió a publicar los resultados de la investigación sobre la matanza de Kanama así como un informe sobre su aplicación de las recomendaciones de la comisión de investigación de la matanza de Kibeho. Hemos expresado nuestra satisfacción por este anuncio e instamos al gobierno a que publique estos informes sin más dilación.
La persistencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad ha creado un clima de temor entre muchos sectores de la población de Ruanda. Entre las principales víctimas están los activistas de derechos humanos y los individuos que presuntamente se oponen al gobierno. La persistencia del hostigamiento e intimidación contra los activistas independientes de derechos humanos y los críticos pacíficos contra el gobierno representa otra amenaza para el futuro de los derechos humanos en Ruanda, dado que restringe las libertades de expresión y de asociación y debilita a la sociedad civil.
Los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados cometidos por los grupos armados de oposición que actúan desde Zaire, Tanzania y Burundi, también han contribuido a incrementar el temor por la situación en Ruanda. Amnistía Internacional condena enérgicamente estos abusos contra los derechos humanos que han continuado esporádicamente desde abril de 1995.
RECOMENDACIONES
Para que el pueblo de Ruanda y la comunidad internacional crean las promesas del gobierno, éste debe tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con los derechos humanos. El segundo aniversario del comienzo del genocidio ofrece una ocasión apropiada para tomar medidas decisivas en relación con los derechos humanos.
Más adelante aparecen las diez recomendaciones que Amnistía Internacional ha instado al gobierno ruandés a que ponga en práctica sin dilación para terminar con los abusos contra los derechos humanos expuestos anteriormente y para garantizar que los trágicos sucesos ocurridos en 1994 no se puedan repetir. En los casos en que ya hayan iniciado tales reformas, les animamos a que continúen con ellas hasta que se hayan puesto en práctica íntegramente. Estas medidas también contribuirían de forma importante a tranquilizar a los refugiados ruandeses en los países vecinos en el sentido de que pueden volver a su país sin temor a las represalias o a sufrir injusticias. Para aquellos que temen por su vida, esté o no fundado este temor, las declaraciones y las promesas nunca son suficiente. Sólo la adopción de medidas visibles de protección de los derechos humanos demostrará que el gobierno se ha comprometido a garantizar su seguridad. Por tanto, les instamos a: